México D.F. Miércoles 20 de octubre de 2004
Mediante contratos ilegales obtuvo terrenos
y logró permisos para su proyecto
Minera San Xavier despojó de tierras a habitantes
de Cerro de San Pedro
Cerró caminos vecinales que durante 400 años
fueron utilizados por pobladores de la zona
CARLOS MONTEMAYOR/ III Y ULTIMA PARTE
Decíamos
en la entrega de ayer que los estudios realizados por la Minera San Xavier
para valorar el riesgo de contaminación al acuífero del valle
de San Luis y para cuantificar realmente el empleo directo de millones
de metros cúbicos de agua y su pérdida por evaporación
han sido insuficientes y tendenciosos, pues han ocultado la información
que podría ser más significativa. Explicábamos, igualmente,
que cientos de hectáreas quedarían incapacitadas para cualquier
actividad productiva, pues los efectos en las tierras serán severos,
irreversibles y permanentes.
Sin contar con los permisos necesarios, Minera San Xavier
ha empezado a denudar el terreno donde pretende ubicar las piletas, patios
de lixiviación y planta de beneficio, tareas que corresponden a
la primera etapa del proyecto o preparación del sitio, que ya representan
un daño irreversible a la flora y fauna del lugar, pues se arrasaron
casi 100 hectáreas de flora con especies protegidas y en peligro
de extinción. Esto trajo, por consecuencia, la migración
de la fauna y la desaparición de algunas especies endémicas.
A esto habrá que agregar después la pérdida de miles
de empleos provenientes de las actividades agrícolas y ganaderas
de las zonas aledañas que comenzarán a verse afectadas por
el proyecto minero.
La Minera San Xavier no ha podido demostrar aún
que su proyecto sea legal y menos que sea técnicamente viable. El
proyecto afecta, como ya hemos dicho, el bienestar y salud de los habitantes
del valle de San Luis por las condiciones de deterioro del acuífero
de ese sitio, que podría verse inutilizado muy pronto por la sobrexplotación
y contaminación. Pero la Minera San Xavier ha iniciado su expansión
territorial por cauces ilegales, a pesar de que enfrenta una tenaz resistencia
de los pobladores del Cerro de San Pedro.
Presión al presidente municipal
Se ha presionado recientemente al presidente municipal,
Oscar Loredo Loredo, para que se otorgue a la empresa el permiso de operación
y construcción. Esa medida apresurada viola un amparo concedido
por el juez segundo de distrito interpuesto por los ejidatarios contra
las autoridades municipales para evitar la afectación de sus tierras.
Ahora el presidente municipal y parte del cabildo enfrentan una demanda
por desacato, pues el trámite para el permiso municipal le fue suspendido
a la empresa en sesión de cabildo, el día 16 de marzo de
2004, hasta que cumpliera con las condicionantes 10 y 12 de la autorización
emitida por el Instituto Nacional de Ecología (INE), el 26 de febrero
de 1999. Pero, sobre todo, se le exigió restituir el acceso de los
caminos vecinales, de los que sin autorización se posesionó,
como explicaré más adelante.
La condicionante 10 exige "obtener de manera previa
a la ejecución del proyecto los permisos, licencias, autorizaciones
y concesiones que sean requisito para su correcta realización".
Pues bien, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha autorizado
a Minera San Xavier el uso de 25 toneladas de explosivos diarios
durante ocho años en el área del tajo, pues tal cantidad
representaría un riesgo para la integridad de las construcciones
y la vida de los pobladores de Cerro de San Pedro, situado a tan sólo
50 metros del tajo. Debe tomarse en cuenta, además, que el terreno
sobre el que se asienta la mayor parte del poblado presenta minados subterráneos
efectuados a lo largo de 300 años.
La condicionante 12 establece que de forma previa al inicio
de los trabajos para la preparación del sitio y de cualquier actividad
del proyecto, deben realizarse "las gestiones necesarias para la reubicación
de los pobladores de las comunidades de Cerro San Pedro y La Zapatilla,
así como de aquellos otros que pudieran verse afectados por el proyecto
y así lo requieran". Para ello, debían contar "con
todas las anuencias y permisos necesarios de ciudadanos, gobiernos municipales,
estatales y federales conforme a la legislación aplicable".
Minera San Xavier, mediante el oficio de fecha 6 de febrero
de 2004 enviado al biólogo Ricardo Juárez Palacios, director
general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, desconoció algunos de los compromisos
adquiridos con el INE, alegando que esta autoridad únicamente debía
ceñirse a aspectos ambientales, por lo que subestimó el cumplimiento
de la condicionante por referirse a aspectos sociales.
En forma sorpresiva, a partir de tal argumento insostenible,
el biólogo Ricardo Juárez Palacios mandó un oficio
a Minera San Xavier para comunicarle que no tenía objeción
a que la empresa iniciara los trabajos de preparación del sitio.
En ningún momento dijo que "autorizaba", decisión que no
está dentro de sus facultades, sino del municipio. Sin embargo,
Minera San Xavier utilizó este documento para sorprender a las autoridades
locales e iniciar los trabajos de preparación.
Para ello ha procedido a comprar terrenos municipales
y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, mediante
contratos al margen de la ley o por medio de la firma de un contrato de
arrendamiento de tierras del ejido con falsos ejidatarios, el cual fue
anulado por resolutivos tanto del Tribunal Agrario como del segundo tribunal
colegiado del noveno circuito. Es decir, la Minera San Xavier cometió
un fraude con los tres niveles de gobierno, que otorgaron los respectivos
permisos para el proyecto minero sobre la base de una posesión de
tierras que estaba viciada.
Con este falso contrato, Minera San Xavier tomó
posesión de las tierras y realizó trabajos sobre inmuebles
antiguos con autorización del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, además de trabajos de reubicación de flora protegida
que causó la destrucción y muerte, por el descuido con que
se procedió, de cientos de cactáceas en peligro de extinción,
representando todo ello una pérdida irreparable al ecosistema.
Además, cerró caminos vecinales que durante
400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades
de La Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin
haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió
terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía
del ferrocarril Potosí-Rioverde, ramal San Pedro. Instaló,
igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud
que envuelve el poblado por el lado norte, oriente y poniente, impidiendo
el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad
siguen siendo municipales.
Un caso peculiar es el que atañe al ejido de Palma
de la Cruz. Los ejidatarios arrendaron 136 hectáreas a Minera San
Xavier para uso de talleres, pero no les informaron que las emplearían
como un tiradero de material sulfuroso que no será lixiviable.
Acerca del permiso de uso de suelo, la empresa declara
que el ejido arrendado pertenece a Cerro de San Pedro, cuando pertenece
al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Esta confusión
intencional tiene el propósito de evitar permisos de construcción,
operación y uso de suelo, ya que está considerada como zona
de preservación de flora y fauna; al declararlo parte de Cerro de
San Pedro, justifican que el terreno tenga "vocación" minera.
Un regidor de Cerro de San Pedro expuso ante el juez segundo
de distrito en San Luis Potosí que en una sesión de cabildo,
celebrada la tarde del 7 de agosto de este año, el presidente municipal
intentó pasar por encima del juicio de amparo 564/2004, con el propósito
de autorizar las tareas de operación de la Minera San Xavier. El
regidor entregó al juzgado una grabación de audio de la sesión
con su transcripción estenográfica. En ella el presidente
municipal se declara presionado por el presidente Vicente Fox y el gobernador
del estado. Tal presión no tuvo los resultados esperados. ¿Qué
sigue ahora?
La compañía ha intentado generar un escenario
artificial de conflicto, manipulando a supuestos trabajadores de la empresa
provenientes de otros estados de la República para llevar a cabo
actos de provocación y violencia en la presidencia municipal.
El futuro de Cerro de San Pedro y de los habitantes del
valle de San Luis no es un caso aislado en el México actual. Procesos
semejantes, conflictos similares, despojos y desaparición inminente
de comunidades y poblados están teniendo lugar en otras zonas de
Guerrero y Oaxaca, también por la expansión de trasnacionales
mineras. Como ocurre con Cerro de San Pedro, las voces de esas comunidades
aún no llegan con nitidez a los oídos del México de
hoy. Pero debemos escuchar esas voces, porque así defenderemos lo
poco que nos está quedando para el México de mañana.
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