Tendrían que invertir entre 3 y 5% de sus ingresos para ajustarse al marco legal

Empresas mexicanas saldrían de las bolsas de EU por nueva ley contable

La norma en el país prevé que empleados puedan denunciar manejos irregulares

MIRIAM POSADA GARCIA

La puesta en marcha de la ley estadunidense Sarbanes-Oxley podría provocar que se deslisten empresas que cotizan en bolsas de valores de Estados Unidos, entre las que se encuentran al menos 62 corporativos mexicanos, advirtió el director de Banca Corporativa e Inversión de Banamex Citigroup, Julio de Quesada.

Asimismo, consultores convocados por la Cámara Americana de Comercio señalaron que entre las empresas que podrían dejar de cotizar en el mercado estadunidense estarían al menos 62 grupos mexicanos, y detallaron que para cumplir con la ley tendrán que invertir entre 3 y 5 por ciento de sus ingresos anuales y evitar que se repitan casos como los de Enron, WorldCom o Parmalat, ley con la que también deberán cumplir las subsidiarias en México y cualquier parte del mundo.

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis, detalló ante empresarios estadunidenses la propuesta de ley en la materia, en la que destaca la posibilidad de que los propios empleados de una empresas denuncien irregularidades en el manejo y las nuevas responsabilidades a cumplir por parte del comité de auditorías.

Como si hubieran surgido de manera paralela, la ley estadunidense y la mexicana sobre el mercado de valores tienen un objetivo común: evitar malos manejos en las empresas, hacer transparentes sus operaciones y dar certidumbre a los inversionistas, accionista y empleados.

La citada ley ya se aplica de manera parcial en Estados Unidos, pero el próximo 15 de noviembre tendrá plena vigencia. Dispone que las empresas que cotizan en las bolsas de valores estadunidenses y sus subsidiarias en cualquier parte del mundo organicen y hagan transparente su información a fin de demostrar que sus finanzas corresponden a sus operaciones en el mercado, y que no se repitan escándalos como los de Enron y Worldcom, en Estados Unidos, así como Parmalat, en Italia.

Dichas operaciones deberán estar sujetas a dirección, control, objetivos y metas de cada empresa, coordinados y auditados por comités internos y externos.

Luego de su intervención en el seminario Una nueva era para el gobierno corporativo: la regulación clave en México y Estados Unidos, los retos de Sarbanes-Oxley, Julio Quesada, directivo de Banamex-Citigroup, aseguró que si bien se trata de controles de mejor calidad, también es una forma de actuar con ética en los negocios, "porque cumplir con las normas internas o externas no debe estar peleado con hacer negocios, así como tampoco se debe hacer trampa para lograr uno".

Señaló que una vez en marcha la ley estadunidense es previsible que algunas empresas se deslisten de las bolsas de valores de ese país, "pero es algo que se debe ver como una inversión, como una forma más clara de hacer negocios y de mayor certidumbre para el mundo empresarial, debido a que en los recientes años se ha generado un alto nivel de desconfianza sobre la transparencia de los resultados de las empresas porque lo más difícil de recuperar es la reputación"

En ese sentido, el director nacional de la empresa de tecnología EMC2, Ulises Isunza, destacó que las empresas estadunidenses han tenido que recurrir al uso de tecnología, como la herramienta Document, mediante la cual la información financiera se ordena, se hace transparente, elimina riesgos de que sea editada o mal empleada y otorga certidumbre a los inversionistas, accionistas, empleados y a las propias autoridades fiscales.

Precisó que en Estados Unidos las empresas dedican entre 3 y 5 por ciento de sus ingresos para cumplir con la norma contable, y coincidió en que si para algunas resulta muy costoso con seguridad se deslitarán de las bolsas.

Las subsidiarias de las empresas estadunidenses que operan en México deberán hacer transparente todos sus procesos financieros o de lo contrario la matriz se hará acreedora a multas desde 50 mil dólares hasta la cárcel para quien haya sido responsable de emitir información equivocada.