Guerra sucia, caso Juárez y revisiones en el AICM, entre los temas que abordará

Mañana presentará Soberanes el informe sobre su gestión en la CNDH

Acepta el ombudsman que las pesquisas sobre los desaparecidos están paralizadas

VICTOR BALLINAS

Este martes, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, presentará un informe sobre los cinco años de su gestión al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ahí, de manera breve, se referirá a la recomendación 26/2001, relativa a los desaparecidos durante la llamada guerra sucia de la década de los 70 y principios de los 80; al informe especial sobre los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez y al caso de las indignas revisiones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

También hablará en torno de los informes especiales sobre la masacre en Agua Fría y la situación en la región Loxicha, ambos de Oaxaca, así como respecto de la situación de los derechos humanos en las cárceles del país y los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Guadalajara el pasado 28 de mayo.

Ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quienes decidirán su ratificación o el nombramiento de un nuevo titular de la CNDH, Soberanes Fernández, de manera breve, también hablará sobre los abusos contra migrantes, los ataques a periodistas por autoridades federales, estatales y municipales, las amenazas a defensores civiles, la situación de los jornaleros agrícolas y los infectados de VIH-sida, entre otros temas.

Dicho informe fue entregado el viernes al Senado de la República, como le fue solicitado por los legisladores, para que durante la comparecencia pueda responder preguntas.

Soberanes da cuenta en el informe que desde la creación de la CNDH el gobierno federal le encomendó la investigación sobre los desaparecidos en México, y que si bien es cierto que en los primeros años de la existencia de ésta se impulsaron las pesquisas, posteriormente entraron en una etapa de letargo.

No fue hasta 11 años después de creada la CNDH y bajo su administración cuando se logró "responder al reclamo social de conocer la verdad sobre lo ocurrido en la denominada guerra sucia", y como resultado del trabajo de investigación, de dos años, se acreditó que en el país sí existían desaparecidos políticos y que el responsable de esos delitos de lesa humanidad es el Estado.

La investigación de la CNDH acreditó la desaparición de 275 personas en la década de los 70 y principios de los 80. Estas ocurrieron en instalaciones militares y en cárceles clandestinas del Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua, entre otras entidades, e incluso en el Campo Militar uno.

En la recomendación 26/2001, que documenta la violencia del Estado contra ciudadanos, el ombudsman nacional solicitó la creación de la Fiscalía Especial para Desaparecidos.

Otro tema al que el ombudsman se referirá y está citado en el informe es el de los crímenes y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos durante los gobiernos del panista Francisco Barrio Terrazas y del priísta Patricio Martínez.

La pesquisa de la CNDH al respecto reveló que en Ciudad Juárez "las autoridades correspondientes simularon que investigaban esos crímenes. Los servidores públicos del Estado mexicano -asienta la comisión en su informe- cometieron actos y omisiones que propiciaron la violación directa de innumerables disposiciones de los órdenes jurídicos nacional e internacional".

Soberanes documenta en su informe especial sobre los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez que hubo omisiones de los servidores públicos en los ámbitos municipal, estatal y federal, y hay contradicción de datos, hubo falta de diligencia y encubrimiento, entre muchos otras irregularidades.

Uno a uno, de manera breve, el ombudsman nacional tratará cada caso que llegó a la CNDH. Así, en su informe, de 93 cuartillas, menciona que en el periodo noviembre de 1999-octubre de 2004 se registraron 17 mil 903 expedientes de queja, de los cuales 3 mil 824 se refieren a asuntos de naturaleza penal.

El titular de la CNDH cita que los 20 principales motivos presuntamente violatorios de derechos humanos señalados por los quejosos a lo largo del periodo sobre el que se informa fueron ejercicio indebido del cargo, 4 mil 768 expedientes; negativa del derecho de petición, mil 390; detención arbitraria, mil 196; negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, mil 102; trato cruel y/o degradante, 995; prestación indebida del servicio público, 964; y amenazas, 879 expedientes.

Cateos y visitas domiciliarias ilegales, 859 expedientes; negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de electricidad, 813; imputación indebida de hechos, 550; dilación en el procedimiento administrativo, 528; dilación o negligencia administrativa en el proceso, 469; irregular integración de averiguación previa, 421; robo, 383; retención ilegal, 377; negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación, 343; incumplimiento de prestaciones de seguridad social, 313; inejecución de resolución, sentencia o laudo, 308, y aseguramiento indebido de bienes, 276 expedientes.

Detalla el informe que del 16 de noviembre al 30 de septiembre de 2004 se radicaron 194 quejas, y se continuó con la integración de 21 que se encontraban en trámite desde la pasada administración. De las 215 quejas tramitadas se han concluido 189.

Refiere que en agosto pasado emitió la recomendación general número siete, sobre las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores, y da cuenta del acuerdo A/118/2003 de la Procuraduría General de la República publicado en el Diario Oficial de la Federación para garantizar y respetar la libertad de expresión.