AGENDA

Reunión de Ramón Martín Huerta con colega español

"Sociedades del mal buscan corromper los sistemas penitenciarios", afirmó Ramón Martín Huerta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal durante una reunión con su par español, Antonio Camacho Vizcaíno. Por medio de un comunicado de prensa, la SSP dio a conocer que "tanto en México como en España existen sociedades del mal que buscan corromper los sistemas penitenciarios de cada país, basados en el poder de los recursos económicos con que cuentan". La dependencia federal señaló que durante el encuentro el funcionario mexicano y su colega español acordaron intercambiar información en materia de seguridad pública. Según el comunicado, durante el encuentro se destacó que es prioritario apoyar la capacitación, formación, supervisión y homologación del personal de seguridad pública para contar con elementos profesionales.
 

Detenido por fraude fiscal

Elementos de la Agencia Federal de Investigación detuvieron en el DF a Daniel Pablo Apoj Finfer, presunto responsable del delito de defraudación fiscal por un monto de 20 millones 540 mil 750 pesos. La Procuraduría General de la República informó que Apoj Finfer fungía como administrador único y accionista mayoritario de las empresas Alway First y Best Quality, y omitió el pago del IVA durante los ejercicios fiscales 2000 y 2001, además de presentar documentación falsa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en torno a operaciones mercantiles que no efectuó. Según la dependencia federal fue puesto a disposición de los juzgados 13 y 14 de distrito con sede en la ciudad de México, en el Reclusorio Sur.
 

Visitó CNDH a Villanueva

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid se encuentra enfermo de gastroenteritis y que la dependencia no ha puesto ninguna restricción para que sea visitado en el interior del penal de máxima seguridad de La Palma por un médico ajeno a la institución. Un día después de que familiares de Villanueva Madrid aseguraran que el ex gobernador presentaba un estado de salud muy deteriorado y temían por su vida, la dependencia federal informó que ayer martes fue visitado en La Palma por el doctor Enrique Cardiel Flores, quien pertenece a la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para revisar el expediente clínico y conocer los medicamentos que le son suministrados "ante una afección que sugiere gastroenteritis".
 

Plantean leyes antiplagio

Para abatir el delito del secuestro, fiscales especializados de todas las procuradurías del país acordaron solicitar al Congreso de la Unión reformar las leyes que rigen las telecomunicaciones y el sistema financiero, a fin de que el Ministerio Público pueda intervenir comunicaciones privadas y se faciliten los requisitos para la obtención de información financiera. El acuerdo de los fiscales antisecuestros fue alcanzado en una reunión realizada el pasado fin de semana, revelaron fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y se pretende presentarlo en la próxima sesión de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, en cuyo seno se ha discutido la necesidad de homologar en todas las entidades la tipificación penal de los delitos de alto impacto, como son el secuestro, el homicidio, la violación y el robo.

Chihuahua, Chih., 26 de octubre. A partir de hoy, en un plazo de 20 días, la Procuraduría General de Justicia del estado definirá la situación jurídica de al menos 49 funcionarios, entre ellos agentes del Ministerio Público, señalados por omisión, negligencia y errores cometidos en la integración de 300 expedientes por los llamados feminicidios que investiga la fiscal María de los Angeles López Urbina. Así lo informó la procuradora Patricia González, quien dijo que en el primer listado entregado por la fiscalía no fue posible sancionar a los funcionarios, porque un juez negó las órdenes de captura por el delito de abuso de autoridad en que habrían incurrido al menos ocho agentes, debido a que ya había prescrito la causa penal.

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) bloqueó otra vez la entrada principal de las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en protesta porque no incluyó en 2004 a campesinos afiliados en el padrón de adultos mayores. El dirigente del organismo, Alvaro López, reiteró sus quejas porque la Sedeso incumplió los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Cinco presuntos talamontes fueron consignados penalmente luego de sorprenderlos con ocho metros cúbicos de madera de la especie abies -nombre genérico de los abetos-, en el área de amortiguamiento de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La detención se llevó a cabo a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la poda clandestina de árboles en el predio denominado El Salto, perteneciente al municipio de Aporo, informó el delegado de la dependencia en aquella entidad, Francisco Luna Contreras. Los detenidos son Francisco Vázquez Ruiz, Juvenal Figueroa Ruiz, Miguel Arenas González, Martín Arenas y Roberto Martínez, vecinos de la población La Rondanilla, quienes no pudieron presentar la documentación que acreditara la procedencia legal de la madera.
 

Detectó la SEP mil 541 documentos falsos en dos años

Mediante procesos de autentificación, desde 2002 a la fecha se han detectado unos mil 541 documentos apócrifos, de los que 995 corresponden a cédulas profesionales, 421 a certificados de bachillerato, 61 de secundaria, 48 títulos profesionales y 16 a documentos diversos, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP), al resaltar que para ofrecer certeza acerca de la autenticidad de documentos académicos a estudiantes, profesionistas y empresas la dependencia aplica tres procesos de revisión ejecutados por dictaminadores expertos. En el primero, un dictaminador verifica que tanto la institución educativa como la profesión cuenten con el registro correspondiente. Luego se confrontan los documentos expedidos por la institución de enseñanza superior con el acta de nacimiento y la identificación oficial. Por último, se revisa la textura del título y otros parámetros de seguridad internacionales.

Designó el Papa dos obispos, para Autlán y Cancún

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que el papa Juan Pablo II designó a los presbíteros Gonzalo Galván Castillo y Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, como obispos de la diócesis de Autlán, Jalisco, y de la prelatura de Cancún-Chetumal, Quintana Roo. Ambos deberán asumir sus cargos en un plazo no mayor a 60 días. Galván Castillo nació en 1951 en León, Guanajuato; se ordenó sacerdote en 1977 y hasta ahora era vicario judicial de la diócesis de León, sede que ocupa como obispo el actual presidente de la CEM, José Guadalupe Martín Rábago. Según el anuario pontificio, la diócesis de Autlán, con 13 mil 500 kilómetros cuadrados, tiene una población de 317 mil habitantes. Los 300 mil católicos de la diócesis son atendidos por 103 sacerdotes y 180 religiosos. Con la designación de Elizondo Cárdenas en Cancún-Chetumal, el Papa confirmó que esta circunscripción seguirá en manos de los Legionarios de Cristo, orden fundada por el controvertido Marcial Maciel. Pedro Pablo Elizondo nació en 1949 en San José de Gracia; se ordenó en 1982 y hasta ahora era vicario episcopal en esa prelatura. Elizondo sucede al obispo Jorge Bernal Vargas, también de los Legionarios de Cristo. La prelatura, con poco más de 50 mil kilómetros cuadrados, tiene un millón 150 mil habitantes, 900 mil católicos. El obispo contará para la atención pastoral de los feligreses con la ayuda de 52 sacerdotes y 144 religiosos.

Retienen pago a la firma de limpieza Roice en el AICM

Mientras Roice SA no cubra el finiquito que tiene pendiente con sus casi 800 trabajadores que asean el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Grupo Aeroportuario, que administra esa terminal, no entregará el último cheque que pondría fin a la concesión que por dos años tuvo dicha empresa. Lo anterior se conoció mediante la gerencia de administración del AICM. Se supo que el director general, Enrique González, dispuso lo anterior para proteger de manera indirecta los derechos de ese personal privado, que en mayo pasado fue sujeto de un atraco por Roice, que se negó a pagar a sus empleados, la mayoría mujeres, el reparto de utilidades a que tenían derecho.