Macedo solicitó la intervención del máximo tribunal

Rechaza la SCJN atraer recursos de implicados en el Pemexgate

JESUS ARANDA

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer la petición del procurador general de la República de atraer los recursos de revisión presentados por ex funcionarios del PRI y el ex director de Administración de Pemex Carlos Juaristi Septién, acusados de peculado electoral por su participación en el Pemexgate.

De manera unánime, los cinco ministros que integran la sala consideraron que no había condiciones de "interés y trascendencia" para conocer del amparo que interpusieron los acusados en contra de la orden de aprehensión girada en su contra en mayo del año pasado por los mil 100 millones de pesos que la paraestatal entregó al sindicato petrolero en apoyo a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa.

En el caso de los ex funcionarios priístas Jorge Cárdenas Elizondo, Alfonso Bretón Figuera y Joel Hortiales Pacheco, el procurador Rafael Macedo de la Concha pretendió sin éxito que la SCJN se abocara a la revisión del artículo 412 del Código Penal Federal, concerniente a las sanciones de que son objeto funcionarios partidistas cuando utilizan recursos ilícitos, a sabiendas del origen ilegal.

Pese a este planteamiento, la SCJN señaló en un comunicado que "no pasa inadvertido para la primera sala el hecho de que, en la materia de este asunto, subyacen temas relativos al papel que juegan los sindicatos en la transferencia de recursos hacia las campañas políticas a través de convenios laborales".

Sin embargo, según los ministros, la solicitud planteada por Macedo se limitaría a determinar si las órdenes de aprehensión fueron giradas conforme a la ley, y esa cuestión compete exclusivamente a los tribunales colegiados.

En el caso de Juaristi, los ministros simplemente consideraron que no había elementos para atraer el recurso de apelación que interpuso en contra del juez de amparo que convalidó la orden de aprehensión en su contra.

Los implicados en estos procesos continúan prófugos de la justicia.