Determina la improcedencia porque el expediente se consignó a un juzgado

Desecha juez demanda de garantías a implicados en el jueves de Corpus

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Por carecer de elementos jurídicos para su estudio, el juzgado primero B de distrito de amparo desechó la demanda de garantías que el 7 de julio presentó la defensa del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, su secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, y el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Julio Sánchez Vargas, con la finalidad de que se respetara la garantía de defensa de los quejosos en la investigación que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) realizó en su contra por los hechos relativos a la matanza del 10 de junio de 1971, y para que se volviera a efectuar la indagatoria ministerial.

En tanto, el segundo tribunal unitario con sede en Acapulco, Guerrero, dio entrada al recurso de apelación que presentó la defensa de Wilfrido Castro, ex comandante de la Policía Judicial en esa entidad, contra el auto de formal prisión que enfrenta desde el viernes por su probable responsabilidad en el secuestro del campesino Bernardo Reyes Félix, quien fue detenido el 24 de septiembre de 1972 y desde entonces se desconoce su paradero.

Respecto del primer caso, la juez Martha Gabriela Sánchez Alonso determinó en su resolución -a la cual tuvo acceso La Jornada- que los conceptos de violación de garantías especificados en la demanda de amparo ya son hechos consumados, por lo que no hay posibilidad jurídica de analizar el fondo del juicio.

La juez llegó a esa conclusión (dentro del juicio 1884/2004) debido a que la indagatoria de la Femospp ya fue consignada a un juzgado de distrito (el segundo en materia penal), y aunque se negaron las órdenes de aprehensión en contra de los quejosos, el asunto está en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el asunto relativo al jueves de Corpus ya no se encuentra en términos de averiguación previa, sino que forma parte de una causa penal que se analiza en el Poder Judicial Federal.

No obstante, la defensa de los quejosos aún tiene la posibilidad de pedir la revisión a un tribunal colegiado, por lo que el juicio de garantías aún no puede darse por terminado.

El objetivo central del recurso de amparo solicitado es evitar que los quejosos sean juzgados sin que se hayan agotado todas sus garantías de defensa ante la Femospp.

La demanda de amparo refiere que hay una prueba ''contundente'' que demostraría que son falsas las declaraciones de algunos testigos de cargo de la PGR, quienes refirieron que los halcones sí dependían directamente de Gobernación.

En la demanda se hace referencia a que el abogado Juan Velázquez, defensor de los ex funcionarios, solicitó al fiscal Ignacio Carrillo Prieto que se buscara en los archivos históricos de Gobernación -que se encuentran en el Archivo General de la Nación- si hay alguna constancia de que los halcones estuvieran a cargo de esa dependencia.

Sin embargo, la Femospp se negó a pedir esa información, por lo que la defensa de los inculpados determinó solicitar un amparo a fin de que por orden expresa de un juez federal se tome en cuenta dicha petición, que es una garantía de defensa de cualquier indiciado.