Armando Labra M.r

Juventud, presupuesto: equilibrio obsceno

l momento de escribir estas líneas estaba en plena rebatiña el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. Los recortes y los acomodos estuvieron a la orden del minuto y, como lamentablemente suele suceder, se van diluyendo los conceptos y van prevaleciendo sólo las cifras. Ojalá que entre las muchas carencias nacionales que justificadamente reclaman de dineros públicos, no se haya perdido de vista una de las preocupaciones que más nos afecta como país: la atención a los jóvenes. Aunque sea por casualidad.

En un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado Juventud e inclusión social en Iberoamérica, se advierte que no sólo en México, sino en toda la región iberoamericana "los jóvenes viven con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones o paradojas" que terminan por excluir a la juventud de la sociedad. ƑEs posible concebir algo más aberrante y grave para un país?

En México sólo 22 de cada 100 personas entre 18 y 24 años tienen oportunidad de estudiar en alguna institución de educación superior. Siendo más de 10 millones los jóvenes en ese rango de edad, y considerando que alrededor de 18 por ciento de ellos trabaja, resulta que la mayor parte, 60 de cada 100, está en la calle, sin oficio ni estudio, por no decir que nutren un espeso caldo de cultivo para el delito y la violencia. Al no ofrecer opciones a 6 millones de mexicanos jóvenes, se convierten en una fuente del mal que más atemoriza a los mexicanos: la inseguridad.

En países con sociedades y sistemas comparables al nuestro, la proporción de jóvenes en edad escolar atendidos en las universidades es superior a 40 por ciento. Estamos muy rezagados y, en consecuencia se hacen muy evidentes aquí las paradojas que señala la CEPAL, que deben preocupar a los legisladores y a todos los mexicanos, porque no sólo significan asignar más recursos a la educación superior, sino movilizar a la economía, porque de otra forma en efecto sucede que aumenta el acceso a la educación, pero también disminuye el acceso al empleo.

Tal paradoja acarrea otras consecuencias adversas a los jóvenes porque, si bien tienen mayor acceso a la información, es menor su acceso al poder; resulta que están más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos de éste. Tales tensiones van configurando un horizonte incierto en el que, en efecto, los jóvenes son receptores pasivos y marginales de las políticas que abanderan un cambio que no protagonizan y que los impulsa a activarse, pero en la ilegalidad.

En otras palabras, que independientemente de cómo se distribuya y a cuánto ascienda el presupuesto para el año entrante, si la política económica sigue siendo restrictiva en los hechos y dispersa en los propósitos, la ausencia de dinamismo e integralidad de la economía seguirá fomentando tensiones acumulativas con dosis crecientes de conflicto e inseguridad, principalmente en la juventud.

Pareciera que la visión pública en años recientes nos lanza por la peor de las opciones: dedicar menos recursos a la educación superior y hacer que la economía no crezca. Ese equilibrio obsceno se percibe en la baja cobertura del sistema educativo superior y el bajo crecimiento de la economía.

A reserva de lo que decidieron nuestros legisladores este fin de semana, la proporción del PIB dedicada a la educación superior, que alcanzó su máximo nivel en 1982 al llegar a 0.85 por ciento, disminuyó a 0.62 por ciento en 2001 y 2002, subió ligeramente en 2003 (a 0.65 por ciento) para caer a 0.50 por ciento en el presente año y representar 0.48 por ciento en el proyecto de presupuesto para 2005 que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados. Hoy cuando constitucionalmente termina el periodo para dictaminar el Presupuesto, sabremos finalmente cómo quedó la bolita, bueno, si es que en efecto se cumple el plazo previsto.

Con la aprobación del Presupuesto 2005, lejos de terminar, apenas comienza la discusión sobre sus efectos, potencias y limitaciones. Es evidente la necesidad de flexibilizar las bases del financiamiento público como recomienda el mismísimo Banco Mundial a las autoridades hacendarias, operando con mayores márgenes nuestra capacidad de endeudamiento para atender el desarrollo social y la infraestructura productiva porque con ello podremos ofrecer, sobre todo a los jóvenes, ya no más un listado de justificaciones y lamentos, sino la verdadera nación de oportunidades que ciertamente podemos ser.