Nuevo episodio del conflicto entre poderes por el caso Medina Millet

Luz verde en el Congreso yucateco para el juicio político contra cinco magistrados

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merica, Yuc., 15 de noviembre. La comisión instructora del Congreso estatal, encargada de dar seguimiento al juicio político contra cinco de los seis magistrados del Poder Judicial, cerró hoy el peritaje para el desahogo de pruebas, y dio luz verde para que el asunto entre al pleno y, en caso de no suceder algo extraordinario, los togados sean procesados.

En sesión ordinaria, los diputados panistas Jorge Puga Rubio y Jorge Gamboa Wong, con la ausencia del perredista Alejandro Cuevas Mena, aceptaron el peritaje efectuado por Jorge Vega Carrillo, nombrado ex profeso para reunir las pruebas del caso. Este funcionario, según se menciona en los círculos políticos locales, es militante adherente -sin registro oficial- del blanquiazul.

Vega Carrillo documentó, como parte de las pruebas finales, una serie de expedientes en los cuales, según la revisión hecha por él, los magistrados indiciados no comprobaron algunos pagos presuntamente dirigidos al personal auxiliar del Poder Judicial. Allí se habla de un supuesto desvío de recursos, pero no se mencionó la cantidad.

Lo procedente ahora es el análisis de las pruebas recabadas por el "especialista" y someterlo al pleno del Congreso yucateco, donde los 13 diputados del PAN ya adelantaron que votarán en favor del juicio político contra los cinco magistrados, mientras los 10 del PRI y dos del PRD se han opuesto a proseguir con el asunto, al considerarlo una "venganza" de los panistas y del gobierno estatal.

Para la aprobación del juicio político basta solamente el voto de los legisladores del blanquiazul, ya que no es necesaria la composición de las dos terceras partes del Legislativo, integrado por 25 representantes populares.

Los magistrados que serían enjuiciados políticamente son Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia, Mygdalia Rodríguez Arcovedo, Ligia Cortés Ortega y Mercedes Pérez Fernández, y están acusados por el PAN y la defensa del reo Armando Medina Millet, de bloquear la impartición de justicia al negar la libertad al procesado, quien purga 20 años de prisión por asesinar en 1995 a su esposa Flora Ileana Abraham Mafud, quien hoy cumplió nueve años de fallecida, en un polémico caso que ha dividido a determinados sectores de la clase económicamente influyente de Yucatán.

Puga Rubio adelantó que la comisión instructora determinó dar luz verde al caso hasta someter a juicio político a los magistrados, aunque reconoció que los afectados podrán recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar un juicio de procedencia e invalidar el proceso en su contra.

Hace dos meses la SCJN aprobó sobreseer un amparo promovido por los magistrados yucatecos porque, a la fecha, no existe materia concreta para litigar.

La intervención de los ministros podría darse en caso de que, en efecto, los togados locales sean llevados a juicio y, por consiguiente, destituidos temporalmente de sus encargos.