León Bendesky

Nosotros el pueblo

La conformación del presupuesto, tanto técnica como legalmente, es en esencia un acto político. Por eso, la queja acerca de que se politice la actividad en torno del presupuesto es bastante extraña, sea que provenga del poder Ejecutivo o del Congreso, actores principales en este caso.

Así de extraña aparece la denuncia pública hecha por el presidente Fox de que al reformular su propuesta presupuestal para el año entrante los partidos de oposición actuaron con consideraciones políticas. Pero más sorprendente es que diga explícitamente que impugnará por la vía legal lo hecho por los diputados, puesto que es su obligación defendernos: a nosotros el pueblo.

El jefe del Ejecutivo advierte de modo explícito que entre los rubros que componen la descripción de su empleo está la defensa de los intereses de la gente. En términos formales es válido que lo haga, pues gobierna para todos. Otra cosa es que eso sea claro para los gobernados. Más difícil todavía es que pueda sustentarlo en los términos más específicos que entraña el asunto del presupuesto. No parece que en Los Pinos se haya escogido un buen terreno para esta nueva confrontación.

En este caso en particular, el Presidente se propone defendernos de quienes hacen las leyes, pero que no son de su mismo partido político. Los diputados de Acción Nacional no sólo perdieron la votación del presupuesto, sino que abandonaron la sala de sesiones mientras se aprobaba.

Se quejan los diputados del PAN de que les secuestraron el presupuesto. Eso dice mucho de su habilidad política e, igualmente, de la propia práctica parlamentaria, que todavía parece muy rudimentaria. Deben admitir que hubieran hecho lo mismo de haber tenido las alianzas para alcanzar la mayoría y aprobar el presupuesto que querían. Entre tanto, se exhibieron públicamente.

Todo esto constituye una rara expresión de la democracia que todos dicen representar y de los intereses que dicen defender. Ello no hace más claro, para nosotros el pueblo, el sentido que tiene la democracia como forma de gobierno mediante la cual se puedan alcanzar los objetivos declarados de mayor amplia representación popular, ni menos aún que pueda llevar a más bienestar social.

El presupuesto expresa un área privilegiada de la disputa por los recursos de la sociedad, así como también las deficiencias de la representación democrática en México; véase tan sólo quiénes son los diputados más visibles de todos los partidos en la Cámara: precisamente aquellos que llegaron por mayoría y no por elección directa; son los mismos operadores políticos, muchos de ellos viejos personajes de la política nacional.

En ese entorno los 500 diputados que actúan políticamente también dicen defender los intereses de nosotros el pueblo. Y no es distinto el caso del secretario de Hacienda cuando dijo, aun antes de aprobado el presupuesto, que a pesar de lo que se legislara, mantendría su meta original de déficit público. Esa es también una postura política.

Pero admitir que el proceso de formulación, legislación y administración del presupuesto que se hace entre el gobierno y el Congreso sea eminentemente político no es lo mismo que justificar sus resultados. La verdad es que los ciudadanos no tenemos suficiente información para evaluar en general el carácter del presupuesto federal aprobado en el Congreso, no podemos apreciar el sentido de los criterios de asignación de los recursos que se hicieron para 2005, y sólo los expertos pueden analizar a fondo las repercusiones de la miscelánea fiscal sobre la situación económica de las familias y las empresas.

La elaboración del presupuesto federal es, en efecto, una de las principales manifestaciones de la administración pública y, por ello, afecta la situación general, además de diversos intereses particulares. El presupuesto no puede ser un instrumento neutro. Tampoco puede ser bueno en un sentido de eficiencia social mientras haya carencia de recursos públicos, mientras persista la inequidad impositiva que adopta mil formas distintas, y la ineficacia de la gestión de las instituciones y las empresas que administra el gobierno y sus relaciones muchas veces dudosas con el sector privado.

El Presidente perdió una nueva batalla con el Congreso, pero el problema es que está por perder la guerra. La ineficacia de sus relaciones con el Poder Legislativo en cuanto a las reformas llamadas estructurales que quiere impulsar ya es la marca de su gobierno.

La queja constante de que la oposición lo obstaculiza debe ser confrontada con las virtudes reales de sus propuestas, y éste es un tema que no está suficientemente claro para la población. Ahí está el campo del quehacer político y el primer mandatario ha ido perdiendo terreno en el ámbito de la administración y, también, en el electoral. Esta nueva confrontación no puede abrirle más espacios para gobernar y el tiempo se le acaba.

El país no sale de su marasmo económico y es cada vez más turbio el entorno político. Nosotros el pueblo no queremos que nos amen tanto.