La Jornada

Inusual protesta de más de 200 agentes en las instalaciones de Calzada de las Bombas

Había personal y equipo suficientes para haber llegado a Ixtayopan en máximo una hora, afirman

No es cierto que la policía del DF nos bloqueó; al contrario, nos iba abriendo camino, aseguran

Más de 200 efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) denunciaron la "negligencia" con que actuaron los principales mandos de esa corporación al no haber reaccionado de inmediato para auxiliar a sus compañeros que fueron linchados en Tláhuac. "Había personal suficiente para haber llegado al lugar en un máximo de una hora y, sin embargo, nos ordenaron que no nos moviéramos hasta que se nos ordenara; nos dejaron salir a las 9:30 de la noche, cuando dos de nuestros compañeros ya habían muerto."

En una inédita protesta que se llevó a cabo en las instalaciones de la PFP en Calzada de las Bombas, casi esquina con Canal de Miramontes, perímetro de la delegación Coyoacán, en el sur de la ciudad de México, jóvenes "de tropa" señalaron que pese a que en ese lugar tienen más de 100 motocicletas, vehículos y equipo antimotines, con los cuales pudieron haber auxiliado a sus compañeros cuando aún estaban con vida, sus superiores, el comandante Arturo Muñoz Villafaña, director general de las Fuerzas Preventivas, y Crispín Quintero Herrera, director adjunto, les ordenaron esperar.

Al lugar arribó el comisionado de la Policía Federal Preventiva, almirante José Luis Figueroa, quien se reunió por más de dos horas y media con los elementos inconformes en el comedor de la base.

Las instalaciones de la PFP en Calzada de las Bombas exhibían un enorme moño en la entrada, pero para la mayoría de los manifestantes ese símbolo no significaba nada: "la mandaron a poner ellos (los comisionados de Marina), son unos hipócritas", decían en voz alta.

La principal demanda al funcionario fue que ordenara una investigación a fondo sobre la actitud negligente del mando que abandonó a su suerte a sus compañeros; también aprovecharon para quejarse de la prepotencia y falta de capacidad de los más de 50 comisionados de la Secretaría de Marina (que son sus mandos operativos), así como arrestos injustificados y la falta de actividad, "porque nos tienen encerrados sin hacer nada".

El almirante Figueroa, quien el miércoles pasado declaró que hubiera sido peligroso que se utilizaran helicópteros para salvar a los policías preventivos porque una "piedra" podría impactar la aeronave con consecuencias fatales, rechazó que en el encuentro se hubiera tratado el tema del linchamiento: "vamos a ver detalladamente reformas y mejoras, peticiones de horario de trabajo, arrestos y relaciones con algunos mandos. De los hechos del martes no platicamos, platicamos sobre otras cosas".

-Algunos de sus elementos acaban de denunciar que mandos de la PFP actuaron con negligencia.

-Esa fue su percepción -contestó y, pretextando que recibía una llamada, se alejó.

Los denunciantes, que hablaban a veces en forma individual y en otras a coro, rechazaron categóricos la versión del secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, de que la policía del Distrito Federal les había impedido el paso.

"No es cierto que la policía del Distrito Federal nos bloqueó, nos iba abriendo camino"; además, aseveraron, en lugar de irnos en motocicletas y en las camionetas que tenemos, nos subieron en los transportes, lo que dificultó más las maniobras.

Al igual que el comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, el martes pasado los policías preventivos se enteraron del linchamiento de sus compañeros por medio de la televisión. Eran casi las siete de la noche, cenaban en el comedor de su base, cuando en el televisor vieron imágenes que no podían creer: sus compañeros eran salvajemente golpeados por la turba.

En ese momento exigieron a sus superiores que les permitieran actuar, pero la orden fue tajante: "esperar instrucciones"; hay quien asegura que efectivos que habían estado en la mañana en servicio en la Basílica de Guadalupe y custodiando la Secretaría de Gobernación, al llegar a las seis de la tarde de aquel martes, sus mandos "les ordenaron irse a dormir, mientras mis compañeros eran torturados", afirmó indignado.

Debe indagar acerca de narcomenudeo y supuestos secuestros de niños en la zona

El mandatario defiende la actuación del titular de la SSP local ante el linchamiento

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, señaló que si la Procuraduría General de la República (PGR) considera que hubo omisión de autoridades capitalinas en Tláhuac, que haga la investigación correspondiente, pero que "no se politice" el caso del linchamiento de policías.

Pidió que, como parte de las investigaciones, se vea lo relacionado con la venta de drogas al menudeo, que los agentes de la Policía Federal Preventiva masacrados aseguraron que indagaban, así como el rumor sobre el secuestro de niños en días anteriores y las circunstancias que llevaron a la gente a reaccionar de esa manera.

Esto, señaló en su conferencia de prensa, porque en la zona de San Juan Ixtayopan se tiene un bajo registro de incidencia delictiva e incluso no hay denuncias ante las autoridades capitalinas por tráfico de drogas, mientras que en el caso de otros delitos, como el robo de vehículos, sólo hay dos reportes en los últimos ocho meses y ni un sólo homicidio en el mismo lapso.

Comentó que esa situación es similar en el pueblo de San Antonio Tecómitl, de la delegación Milpa Alta, y en general en Tláhuac, donde hay dos agencias del Ministerio Público, en las cuales se presentan en promedio dos denuncias diarias.

López Obrador consideró irresponsables a quienes lo acusan de no impedir el linchamiento de los agentes de la Policía Federal Preventiva, y se refirió en particular a las declaraciones en ese sentido que hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza. Aseveró que en estas situaciones de inmediato se buscan culpables a la ligera, "y nosotros somos el plato preferido".

El mandatario capitalino defendió la actuación del secretario de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, quien -dijo- tiene todo su apoyo, así como la titular de la demarcación, Fátima Mena Ortega. Advirtió el jefe de Gobierno que no se gana mucho con hacer señalamientos en contra de las autoridades, que están siembre bajo el escrutinio de la gente, e insistió en que se haga una investigación para determinar si hubo omisión o negligencia.

Sin embargo, reiteró que se actuó bien, a tiempo, y se hizo lo que se pudo, dadas las circunstancias, pero no fue posible evitar esos lamentables hechos, en los que se perdieron dos vidas; "había mucha gente y no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo", apuntó.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que no había condiciones para negociar con los habitantes de San Juan Ixtayopan la liberación de los tres agentes de la Policía Federal Preventiva, luego de que fracasaron los esfuerzos que hicieron en un primer momento el jefe del sector Mixquic, Eduardo Hernández y autoridades de la dirección territorial, y posteriormente la jefa delegacional, Fátima Mena Ortega.

Aseguró que no era posible enviar a un reducido número de policías, aun tratándose de personal de elite, para negociar la liberación de los tres agentes retenidos, porque era "un problema de número".

Incluso, refirió que cuando se estableció el diálogo con la delegada, la situación estaba ya "muy complicada" y posteriormente fue interrumpido por un grupo de personas que ya llevaban un bidón con gasolina para prender fuego a las víctimas, de manera que lo que se necesitaba en ese momento era un número mayor de efectivos para poder controlar a una multitud de más de mil 500 personas.

Explicó que cuando se enteró de la situación, alrededor de las siete de la noche, se encontraba en una asamblea de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y se trasladó a sus oficinas, donde salió en helicóptero a la zona, a la que llegó poco más de una hora después. "Yo tenía que estar coordinando los movimientos de toda la policía en la ciudad para que pudiera llegar al punto lo más pronto posible, suspender cualquier otra operación que se estuviera realizando para tratar de alcanzar el punto y, desde luego, supervisar vía aérea el ingreso de las fuerzas", señaló.

Cuestionado sobre el hecho de que la policía no tuvo mayores problemas en el operativo del miércoles con la misma PFP y efectivos de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República -en el que fueron detenidos varios pobladores que presuntamente participaron en el linchamiento de los policías federales el martes-, Ebrard dijo que se trata de circunstancias "completamente diferentes", pues mientras un operativo es planeado y se tienen todos los factores a favor, en una situación de emergencia no es así.

Y ante la insistencia en cuestionar la falta de actuación de la policía local, como lo hicieron el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, y el secretaría de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, Ebrard respondió: "pues en todo caso somos corresponsables unos y otros, Ƒno?"

Se encontraron pruebas suficientes: Gilberto Higuera; prepara más aprehensiones

Continuarán operativos en San Juan Ixtayopan

Macedo no polemizará con el GDF

La Procuraduría General de la República (PGR) encontró elementos suficientes para consignar en las próximas horas a 22 de las 35 personas que fueron detenidas por su presunta responsabilidad "material" en el linchamiento de dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y las lesiones graves provocadas a otro el martes pasado en el barrio de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, en el sur del Distrito Federal, informó Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la dependencia.

El funcionario reveló que, a resultas de los operativos especiales que elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) realizaron durante las 24 horas recientes en las inmediaciones de la zona, se tienen detectadas entre 10 y 20 personas que también estarían implicadas en los hechos, las cuales "podrían ser detenidas en cualquier momento".

En rueda de prensa, el subprocurador informó que en las próximas horas -a más tardar a las ocho de la noche de hoy- serán enviados ante un juez federal de turno las primeras 22 personas relacionadas directamente con los hechos; pero "no serán los únicos", puntualizó.

Agregó que con el objetivo de capturar a los restantes implicados, la AFI llevará a cabo diversos cateos en Ixtayopan, donde fueron asesinados los oficiales federales Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla.
También reveló que entre los funcionarios que ya fueron citados a declarar se encuentran la delegada de Tláhuac, Fátima Mena (compareció la madrugada del jueves), y el oficial de la PFP, Manuel Lugo, jefe directo de los policías linchados.

Sobre los indiciados, que serán internados en alguno de los reclusorios del Distrito Federal, Higuera precisó que serán consignados por los delitos de homicidio agravado y en grado de tentativa, robo, lesiones, daño en propiedad ajena y delitos cometidos en contra de servidores públicos.
Especificó que desde el operativo del miércoles y hasta ayer habían sido detenidas 35 personas, de las cuales cuatro fueron liberadas porque declararon como testigos de los hechos. Se prevé que en las próximas horas otros detenidos sean liberados, entre ellos dos menores de edad, mientras otro adolescente de 16 años fue consignado a un tutelar. Higuera Bernal también comentó que entre las principales líneas de investigación que sigue la PGR se encuentra el hecho de que el linchamiento se efectuó porque los pobladores habrían sido azuzados por integrantes de una banda delictiva, con la finalidad de hacer creer que los oficiales eran presuntos secuestradores de niños. En realidad efectuaban investigaciones en Tláhuac para combatir actividades de narcomenudeo.

Agregó que a las personas detenidas no sólo se les investigará por los hechos ocurridos el martes pasado, sino también se tomarán en cuenta los datos "que obtengamos en los próximas horas, a través de los cateos, porque existe la presunción de que algunos se dedicaban al narcomenudeo".

Interrogado respecto de si serán citados a declarar los titulares de las secretarías de Seguridad Pública federal y capitalina, Ramón Martín Huerta y Marcelo Ebrard, respectivamente, el funcionario de la PGR refirió: "en el transcurso de las investigaciones citaremos a quien sea necesario, trátese de quien sea".

Por la mañana, en la residencia oficial de Los Pinos, el titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, dijo que no entrará en polémica con las autoridades capitalinas, que piden no politizar el tema de los "lamentables" homicidios ocurridos en Tláhuac, y convino con la opinión de que existe "una verdadera falta de autoridad en esa zona".

Además aseguró que tiene la instrucción del presidente Vicente Fox de actuar con energía y rigor legal para llegar al esclarecimiento de lo ocurrido.

Insistió en que la PGR tiene una línea de investigación para determinar si hubo omisión u otras conductas inapropiadas de las autoridades policiacas y que, en su caso, se procederá jurídicamente.

La CNDH elaborará informe especial sobre lo acontecido en Tláhuac: Soberanes

El gobierno federal pedirá castigo ejemplar contra los responsables, señala Santiago Creel

La Cámara de Diputados citará a los secretarios de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, y de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, a comparecer ante legisladores federales, con el objetivo de rindan un informe y expliquen en torno a la incapacidad de las fuerzas policiacas para rescatar a tres agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), dos de los cuales fueron linchados y un tercero golpeados severamente por una turba en el poblado San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac.

Jorge Uscanga, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, anunció el citatorio a ambos funcionarios, el cual fue turnado a la presidencia de la mesa sirectiva con objetivo de iniciar los trámites necesarios que obliguen tanto a Martín Huerta como a Ebrad a presentarse sin objetar el llamado.

También el pleno de la Asamblea Legislativa del DF acordó, con el voto a favor de los diputados del PRD, PAN y PRI, llamar a comparecer para la próxima semana al secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, para tratar el mismo asunto. Además, el lunes se definirá en la Comisión de Gobierno de la ALDF la posibilidad de crear una comisión especial que investigue el caso ocurrido el pasado martes.

Frente a esos hechos "inadmisibles y agraviantes", el secretario de Gobernación, Santiago Creel, consideró que "no es momento de sacarle la vuelta a los problemas, de irse por la vía fácil de la evasión y estar echándose la culpa entre los gobiernos federal y capitalino, sino lo fundamental es la realización de una investigación seria, una revisión de lo que sucedió minuto a minuto y aplicarle todo el peso de la ley a los responsables".

Respecto de los detenidos, dijo que el gobierno federal pedirá un castigo ejemplar, pues "lo que vimos todos los mexicanos es inaceptable, es agraviante para todos nosotros y por eso la mano va a estar más que firme. No es momento ya de retóricas ni de discursos con palabras que suenan a hueco".

Al respecto, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, anunció en Tijuana que elaborarán un informe especial sobre la muerte de los dos elementos de la PFP, y comentó que por lo pronto ya recibió quejas de los familiares de los presuntos responsables de participar en el linchamiento, quienes alegan que en el operativo de detención los policías entraron por la fuerza a los domicilios, sin previa orden de cateo, y efectuaron detenciones ilegales. Derivado de ello, dijo que visitadores de la CNDH están asignados ya en aquel poblado para recabar las opiniones en torno al mencionado suceso.

En el Senado, el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, consideró "verdaderamente deplorable" que algunos funcionarios y legisladores traten de "sacar raja política" de los acontecimientos en Tláhuac y se lancen contra el Gobierno del DF. Y además saquen de contexto declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.

Ello después de que el panista Diego Fernández de Cevallos afirmó que frente a los "aberrantes" hechos que concluyeron con el linchamiento de tres agentes policiacos, hay "imbéciles con poder político que dicen que el pueblo siempre tiene la razón, que nunca se equivoca y que son usos y costumbres".

A juicio del panista, una reflexión primera es que "quedó claro que debe haber una gran diferencia entre lo que es el pueblo de México y lo que son las turbamultas".

En entrevista, el perredista Ortega le respondió que "es más estúpido el que no permite que las autoridades lleven a cabo la investigación correspondiente, conforme a la ley, para deslindar responsabilidades", y que distorsionar las opiniones del jefe de Gobierno sólo es muestra "de su baja autoridad moral y de su baja posición ética".

Para el coordinador de los senadores del PRI, Enrique Jackson, las autoridades del DF "tienen que irse", ya que son responsables "social, política, administrativa y penalmente" de la muerte de los dos agentes de la PFP.

Para el ex candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, a pesar de los pretextos esgrimidos, "hubo omisión por parte de las autoridades" federales y locales, y tiene que investigarse a fondo si éstas cumplieron y respondieron de acuerdo con sus facultades y funciones encomendadas. Inclusive exhortó al presidente Vicente Fox a "reflexionar muy seriamente" si los responsables de la seguridad pública de los gobiernos federal y del DF "son las personas adecuadas" para esos cargos. Y añadió que "no es politizar" el que se exija que se finquen responsabilidades.

Roberto Garduño, Enrique Méndez, Raúl Llanos, Gabriela Romero, Georgina Saldierna, Alonso Urrutia, Bertha Teresa Ramírez, Elizabeth Velasco C., Andrea Becerril, Víctor Ballinas, y Jorge Alberto Cornejo y Silvia Chávez, corresponsales

"Detengan a los verdaderos culpables" del linchamiento, claman familiares de detenidos

La policía agarró a los primeros que se encontró: habitantes de Ixtayopan

Vecinos de la colonia Peña Alta relatan ante visitadores de la CNDH abusos de uniformados

"La policía nos falló dos veces. Una por no entrar y detener a los culpables del linchamiento, y otra por agarrar a los primeros que se encontró", denunció María Asunción Castaña, esposa de Manuel, uno de los detenidos la noche del miércoles durante el operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) para capturar a los presuntos responsables de la muerte de dos oficiales de la Policía Federal Preventiva y las lesiones a Edgar Moreno Nolasco, cuyo estado de salud es grave.

En el pueblo de San Juan Ixtayopan hay incertidumbre y miedo. La escuela primaria Popol Vuh, en cuyas inmediaciones se generó el linchamiento, suspendió labores y los niños fueron recogidos por sus padres ayer después de las nueve de la mañana, "porque no hay luz ni agua".

Entre las personas que salen a las calles están los familiares de quienes fueron detenidos "sólo porque regresaban de trabajar", y claman que se detenga a los "verdaderos culpables y no sólo a los que aparecieron en la tele mirando".

Vecinos de la colonia Peña Alta relataron esas irregularidades a los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que llegaron la mañana de ayer al lugar.

Sin embargo, ningún representante de la CNDH quiso explicar cuál era su labor ahí. "Diríjanse a comunicación social, nosotros tenemos que preservar la confidencialidad de los declarantes", explicaron.

Fueron los pobladores quienes dieron su testimonio. "Regresábamos de la secundaria, donde fuimos a dejar un justificante de la falta de mi hija, pero el paso ya estaba cerrado. Ahí, en el retén, sólo porque dijimos que vivimos aquí, detuvieron a mi esposo", narra una mujer.

Doña Mary relata: "Cuando se llevaron a mi sobrino nos dijeron que nada más era para verificar si aparecía en los retratos que traían los policías; dijeron que fuéramos al kiosco, que ahí los iban a soltar, pero eso no sucedió".

Algunas casas de la colonia Peña Alta, donde ocurrió el linchamiento el martes pasado, muestran los estragos de la entrada de los agentes. "Rompieron muebles y encañonaron a mi abuelo, que está enfermo", señaló un joven.

Muchos familiares de detenidos no fueron a trabajar, por acudir a las instalaciones de la PGR en busca de informes.

En las afueras de la unidad de la Policía Federal Preventiva ubicada en la delegación Azcapotzalco se reunieron por lo menos 20 personas -algunos pernoctaron ahí-, para oír los nombres de los detenidos, acercarse a la reja e informar si contaban con un abogado, porque en ese momento serían llamados a declarar sus parientes.

Queretaro, Qro., 25 de noviembre. El cuerpo del suboficial de la Policía Federal Preventiva (PFP) Cristóbal Bonilla Marín, quien murió linchado por habitantes de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac del Distrito Federal, fue sepultado en el panteón municipal Cimatario, que se ubica al sur de esta ciudad. En el acto religioso, el párroco José Morales Flores lo declaró "mártir de la injusticia, de la violencia y de la inseguridad que se viven en estos tiempos".

Alrededor de las 12 horas, los restos de Cristóbal Bonilla fueron trasladados de la funeraria Ortega a la iglesia de Santa Anna, ubicada en el centro de esta ciudad, donde el prelado señaló que el suboficial de la PFP fue víctima de una "chusma que fue agitada por personas que buscan la violencia y otros intereses. Yo diría que nuestro hermano Cristóbal viene a ser un mártir de la injusticia, de la violencia, de la inseguridad", dijo Morales Flores durante la misa de cuerpo presente. En el acceso principal a la iglesia, al igual que en el panteón municipal, elementos de la PFP, policía estatal y municipal, así como integrantes de la Cruz Roja, de la que fue voluntario el hoy occiso, montaron una guardia de honor y una valla para facilitar el paso del féretro. Había cerca de 200 personas, entre amigos, familiares y elementos policiacos; uno de los asistentes portaba un letrero con la palabra "paz".

Cristóbal Bonilla, de 28 años, egresado de la carrera de relaciones internacionales en la Universidad del Valle de México fue catalogado de un "idealista que confiaba en los derechos humanos; tanto, que éste fue el tema de su tesis" de titulación, afirmó durante la ceremonia religiosa Abraham Arroyo Manrique, tío de la víctima.

En el sepelio hubo pase de lista de los suboficiales de cada una de las corporaciones policiacas y de la Cruz Roja presentes, quienes pronunciaron en tres ocasiones el nombre de Cristóbal Bonilla antes de depositar sus restos.