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México D.F. Viernes 26 de noviembre de 2004

Luis Hernández Navarro

San Juan Ixtayopan

El linchamiento de tres policías en San Juan Ixtayopan no es ni un hecho aislado ni expresión de un fenómeno recientemente aparecido. La ejecución tumultuaria y sin proceso legal de un sospechoso no es exclusiva de México, sino parte de un comportamiento social relativamente extendido en América Latina.

Hasta octubre de este año se produjeron en Perú mil 993 intentos de linchamiento. Durante los últimos 15 meses hubo 64 en Bolivia, algunos de los cuales alcanzaron notoriedad internacional. En Guatemala, entre 1996 y 2002, se contabilizaron 354 asesinados por muchedumbres violentas. Entre septiembre de 1979 y febrero de 1982 la prensa divulgó 82 casos en Brasil.

Pero, contra lo que pudiera suponerse, este tipo de violencia no es exclusivo de nuestro continente. Apenas en el año 2000 habitantes de El Ejido, en Almería, España, llenos de fiebre xenófoba, intentaron linchar a un grupo de migrantes.

En los tres años recientes, turbas enfurecidas han protagonizado 24 intentos de linchamiento, de los cuales en tres se tuvo un saldo trágico de seis personas muertas en el Distrito Federal. Un estudio del investigador Carlos M. Vilas documenta 103 casos de linchamiento en el país entre 1987 y 1998. De ellos 17 acontecieron en la ciudad de México.

Los linchamientos fueron frecuentes en otros periodos de la historia de México. En la década de los 30, los maestros rurales que llevaban alfabetización y conocimientos a regiones controladas por curas fanáticos sufrieron todo tipo de abusos, incluida la muerte a manos de turbas enardecidas. En Milpa Alta, furiosos comuneros quemaron a mediados de los años 70 al cacique que disponía de vidas y bienes de la comunidad.

Los vecinos de San Juan Ixtayopan que golpearon y quemaron a los policías acusaron a sus víctimas de ser ladrones de niños. No es, tampoco, la primera ocasión en que algo así sucede. De acuerdo con el mismo Vilas, el hurto de menores fue el detonante del linchamiento en 5 por ciento de los casos documentados. Curiosamente, estas explosiones de violencia punitiva se realizan independientemente de si el robo de infantes existió o no.

La prensa nacional divulgó ampliamente, en marzo de 1998, la historia en la que una turbamulta en Huejutla, Hidalgo, mató y prendió fuego a dos forasteros a los que responsabilizó de ser robaniños. Las víctimas habían sido detenidas por la policía, pero unos mil campesinos los sacaron de la cárcel, enfrentándose a autoridades y jueces, destrozaron dos patrullas y los trasladaron hasta el kiosco de la plaza de esa ciudad para ultimarlos a golpes y machetazos. El gobernador del estado, quien llegó al lugar de los hechos en helicóptero, fue incapaz de impedir el crimen.

Los linchamientos son parte de un fenómeno más general: la combinación de violencia e inseguridad pública en América Latina. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la violencia es el principal problema económico y social en el hemisferio. Su costo en la economía regional ha sido cuantificado en 168 mil millones de dólares al año, esto es, casi 15 por ciento del producto interno bruto (PIB). Sólo en este año en Guatemala han sido ultimadas 445 mujeres (La Jornada, 25/11/04).

En México la violencia es un hecho recurrente y grave. Las 415 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, son, apenas, uno de los eslabones más emblemáticos de este fenómeno. Los ajusticiamientos y balaceras entre distintos cárteles del narcotráfico ya han dejado de ser noticia.

Los linchamientos, en cambio, son materia de los medios de comunicación electrónicos. Y lo son, como pudimos verlo en el caso de San Juan Ixtayopan, por decisión misma de los victimarios. Fueron ellos quienes les abrieron espacio a las cámaras de televisión. Hace ocho años, en Playa Vicente, Veracruz, el homicidio salvaje y la quema de Rodolfo Soler fue videograbado por el grupo que lo perpetró.

Los linchamientos son actos de violencia de pobres contra pobres. Explosiones del pobrerío que vive en una precariedad creciente, y que se encuentra amenazado por la inseguridad. Porque la inseguridad pública no es exclusiva de los sectores medios de acomodados.

Las grandes urbes de México se han convertido en ciudades sitiadas. El temor y la inseguridad ante robos, asaltos y secuestros ha provocado un crecimiento desbordado de los servicios de vigilancia privada. En muchas calles de las zonas residenciales, donde viven quienes tienen mejores ingresos, se han levantado vallas y rejas. En vialidades públicas, guardias de seguridad contratados por los vecinos exigen a los transeúntes que muestren y entreguen una identificación personal.

Pero los pobres, sobre todo cuando los lazos comunitarios se han desintegrado y sus barrios y pueblos se han convertido en terreno de operación del narcotráfico y del consumo de drogas, no tienen cómo levantar vallas. Al sentimiento de vulnerabilidad propio de la exclusión social se suma la vulnerabilidad de la inseguridad pública y los abusos policiacos y de la autoridad. Del temor se pasa a la aprensión y de allí a la histeria. Los pocos bienes y la vida están en riesgo.

San Juan Ixtayopan es expresión de un México que, como sucede en el resto del continente, no sólo no se va, sino que está cada vez más presente. No porque no existan penas duras contra los victimarios, sino porque la desintegración social y la desconfianza en los políticos, las autoridades y las instituciones están a la alza.

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