La Jornada

Premia al titular de la SSP federal: le ordena fortalecer mandos de la dependencia

Emplaza al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en 72 horas presente una propuesta

A dos semanas del linchamiento de dos agentes federales en Tláhuac, el presidente Vicente Fox ejerció su facultad legal y cesó al secretario de Seguridad Pública local, Marcelo Ebrard, y al comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), José Luis Figueroa, quienes desde el día de los hechos fueron señalados como responsables de negligencia y omisión. En cambio, a Ramón Martín Huerta, titular de Seguridad Pública federal, lo premió al solicitarle reforzar la dependencia.

Solicitó además al jefe de Gobierno de la capital, Andrés Manuel López Obrador, que presente en 72 horas una propuesta para sustituir al jefe de la policía local.

La notificación de la remoción de Ebrard se recibió en el despacho de López Obrador y en la oficina de Ebrard a escasos minutos de que el Presidente diera a conocer su decisión.

Ante los muy lamentables sucesos ocurridos en San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac del Distrito Federal, el pasado 23 de noviembre, durante los cuales perdieron la vida el subinspector Víctor Mireles Barrera y el suboficial Cristóbal Bonilla Martín, y resultó gravemente herido el suboficial Edgar Moreno Nolasco, todos ellos adscritos a la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP, el Ejecutivo federal a mi cargo ha tomado las siguientes resoluciones:

En uso de las facultades que conceden al Presidente de la República los artículos 122 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 34 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, he comunicado al jefe de Gobierno del Distrito Federal mi decisión de remover al licenciado Marcelo Ebrard del cargo de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Al mismo tiempo, he solicitado al jefe de Gobierno que, al término de 72 horas, me haga llegar su propuesta para ocupar dicha posición, misma que habré de considerar con todo el cuidado que exige el nombramiento en cuestión.

Con relación a estos sucesos, he decidido también relevar de su cargo a José Luis Figueroa Cuevas, quien se venía desempeñando como comisionado de la Policía Federal Preventiva.

Asimismo, he girado instrucciones al licenciado Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, para que, a la brevedad, lleve a cabo una restructuración a fondo de la institución, que fortalezca las líneas de mando y eleve la moral del personal, a fin de brindar con la mayor eficiencia posible el servicio que la sociedad demanda de las fuerzas encargadas del orden federal.

Todas estas medidas tienen el claro objetivo de contribuir a fortalecer el orden público y a abatir la impunidad; en suma, tienen la finalidad de contribuir a garantizar la seguridad que legítimamente las y los mexicanos exigen de sus autoridades.

Quiero subrayar que las investigaciones y procesos jurídicos relacionados con lo acontecido en Tláhuac continuarán. Las responsabilidades que resulten de dichas investigaciones se fincarán tanto a los ciudadanos involucrados como a todos los funcionarios y servidores públicos implicados.

Reitero que mi gobierno reconoce en la seguridad pública no sólo una clara obligación del Estado, sino también una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Por lo tanto, habremos de tomar, siempre, las medidas que sean necesarias para responder a esta demanda de la sociedad; para dar a las familias mexicanas la tranquilidad que merecen. No permitiremos que nadie se coloque por encima de la ley. Las autoridades somos las primeras responsables de actuar en todo momento bajo el dictado de la ley y de hacer prevalecer el estado de derecho.

De la mano de Vicente Fox se enquistaron en Los Pinos y en posiciones claves del gabinete federal los representantes de los grupos ultraderechistas que nacieron en Jalisco y Guanajuato, que actualmente tienen células por todo el país. Cofrade de esas organizaciones es Ramón Martín Huerta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal desde el 13 de agosto pasado, y activista del foxismo en su gestación, a principios de los 90, en tierras guanajuatenses.

Martín Huerta pertenece al llamado grupo Guanajuato y es, por lo tanto, "uno de los intocables" en el gabinetazo, sentenció el ex consejero en Seguridad Nacional de Fox y ex embajador de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Zínser, a las pocas de semanas de haberse integrado el equipo del primer gobierno no priísta y cuando se empezaba a delinear la integración de los grupos de poder en las entrañas del foxismo.

Designado subsecretario de Gobierno en diciembre de 2000, un conspicuo panista explicó entonces a La Jornada: "aparentemente" fue ubicado en el segundo nivel de gobierno, pero en los hechos, Martín Huerta será "la voz, los oídos y los ojos" en Bucareli del Presidente y de Ramón Muñoz Gutiérrez, jefe de la Oficina de Innovación Gubernamental y, como él, ligado a la organización derechista El Yunque.

Una revisión de la biografía política del funcionario revela que en la década de los 70 fue dirigente de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en el municipio jalisciense de San Juan de los Lagos, donde nació en 1957.

De su tierra natal se trasladó a Guanajuato, donde estudió administración de empresas en la Universidad del Bajío, plantel León, donde posteriormente impartió cátedra, lo mismo que en el Instituto Leonés.

En la capital del estado Martín Huerta comienza su carrera política a la sombra de Elías Villegas, Gerardo Mozqueda y Fernando Rivera Barroso, los tres prominentes yunquistas que financiaron a Vicente Fox desde sus primeras incursiones electorales.

Así, desde la presidencia de la Asociación de Industriales de Guanajuato (AIG), cargo que ocupó de 1984 a 1987, la historia de Martín Huerta ha estado ligada a este grupo, que primero se hizo del control del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato para, pasados los años, cumplir con un proyecto político de cepa en la derecha mexicana.

Con esa formación, militancia y activismo, Martín Huerta no ha faltado, pues, a ninguna de las actividades políticas de Fox: a finales de 87 fue el responsable de presentarlo con Manuel J. Clouthier; después, en 91, fue el coordinador de la primera campaña foxista al gobierno de Guanajuato; consumada la concertacesión con el salinismo, fue designado secretario particular del gobernador interino Carlos Medina, con el encargo de preparar las elecciones extraordinarias que se cumplieron en 1995, ahora sí con el triunfo de Fox, quien hizo a Martín Huerta secretario de Gobierno, de donde brincó a la titularidad del Ejecutivo estatal en 1999.

Cancun, QR, 6 de diciembre. El titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, informó que el narcomenudeo, los grupos armados y las posibles omisiones de servidores públicos forman parte de las líneas de investigación que se siguen en el caso del linchamiento de los agentes de la Policía Federal Preventiva Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla Martín, en Tláhuac, Distrito Federal.

El funcionario dijo que a partir de los últimos cateos que se hicieron en la zona, en los que se encontrara droga y videos, se obtuvieron datos "muy valiosos" sobre lo que provocó la agresión del 23 de noviembre contra los agentes.

David Sosa, corresponsal

Mantener en el cargo a Martín Huerta, reflejo de parcialidad, considera Ignacio Burgoa

Juristas: inapelable, la decisión de Fox; no resuelve la ineficacia de cuerpos policiacos

Funcionarios del Poder Judicial prevén pugna politica "más grave que los videoescándalos"

La determinación del presidente Vicente Fox de destituir a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), constitucionalmente es inapelable; aunque pudo responder a motivaciones políticas es una "facultad discrecional" que posee el titular del Ejecutivo federal, la cual debe ser "acatada de inmediato", coincidieron los constitucionalistas Clemente Valdés e Ignacio Burgoa.

No obstante, el primero aclaró que la decisión presidencial "no va a resolver el problema de la ineficacia de los cuerpos policiacos federales y locales, ni que las procuradurías dejen de ser los ministerios públicos al servicio del presidente de la República o de los gobernadores".

El segundo consideró que es un acto de "desigualdad ordenar la destitución de Ebrard Casaubón y respetar en su cargo a Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública federal", porque ambos tendrían responsabilidad en los pasados sucesos en Tláhuac.

En tanto, fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) señalaron que los cambios ordenados por el Presidente provocarán entre autoridades federales y capitalinas "un nuevo enfrentamiento político, más grave que el ocasionado por los videoescándalos", lo cual podría poner en riesgo la seguridad pública en la capital del país.

Clemente Valdés indicó que la destitución de Ebrard Casaubón "seguramente obedeció a razones consideradas por el Presidente de la República, las cuales tendrá que explicar si él así lo considera; pero no es una resolución jurídica o judicial sino de una facultad constitucional, por lo que no tiene que estar fundada ni motivada".

Ignacio Burgoa señaló que aunque "no es impugnable" la facultad del presidente Fox de destituir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Ebrard puede recurrir al amparo si desea contrarrestar la determinación.

No obstante, precisó que sería difícil que un juez federal le concediera una suspensión provisional que detuviera su destitución porque iría en contra de la Constitución, además de que la decisión del Ejecutivo ya fue anunciada.

Asimismo, manifestó: "la destitución de Ebrard Casaubón y mantener en el cargo a Martín Huerta revela cierta tendencia política en la decisión del Presidente, sobre todo porque ambos tienen cierta parte de responsabilidad" en el linchamiento de tres agentes de la Policía Federal Preventiva.

En tanto, un funcionario del PJF consultado refirió que la destitución de Ebrard tiene efectos inmediatos, ya que "él, a partir de que el presidente Fox haya dado la orden de cesarlo, oficialmente ya no es el titular de Seguridad Pública; sin embargo, podrá desempeñar, de facto, las funciones a su cargo, en tanto no se nombre al sustituto".

Precisó que en caso de que Ebrard Casaubón continúe realizando labores de coordinación en la SSPDF, el gobierno capitalino no incurriría en responsabilidad penal o administrativa, porque "ya no tendrá el cargo que desempeñaba sino que sería una especie de asesor general".

Desde el momento en que el presidente de la República, Vicente Fox, leyó en el salón Carranza de la residencia oficial de Los Pinos el documento en el que anunciaba la remoción de Marcelo Ebrard, al frente de la SSP, y del almirante José Luis Figueroa Cuevas de la PFP, las opiniones de legisladores, funcionarios y líderes partidistas se sucedieron entre el beneplácito y la condena.

El vocero de la Secretaría de Gobernación, Gonzalo Altamirano, quien al ser entrevistado desconocía del anuncio, sostuvo luego que la decisión es institucional y debe ser asumida con madurez por el Gobierno del Distrito Federal, aunque no alcanzó a explicar la razón por la que no se atribuyó responsabilidad alguna al secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), Ramón Martín Huerta -amigo de Fox-, por los mismos hechos que provocaron el cese de Ebrard.

Donde sí se exigió la renuncia de Martín Huerta fue en la Asamblea Legislativa, donde los coordinadores del PRD, Lorena Villavicencio; PRI, Manuel Jiménez Guzmán, y PVEM, Bernardo de la Garza, consideraron que debe aplicarse el mismo rasero y así como fue cesado Ebrard debe ocurrir lo mismo con el titular de la SSPF, pues es responsable de los linchamientos. Coincidieron, con sus matices, en que hubo una decisión "precipitada".

José Espina, coordinador del PAN en la ALDF, externó que la decisión de remover a ambos funcionarios se fundó en las investigaciones realizadas hasta ahora por las autoridades federales, y en el caso del DF, por la "incapacidad policial" y la impunidad que se ha dado en casos anteriores de linchamientos.

De gira por Guerrero, el dirigente nacional del PRD, Leonel Godoy, admitió que jurídicamente la determinación presidencial no puede discutirse, "pero la forma fue brutal e irresponsable", ya que hubiera sido signo de civilidad política informar al jefe de Gobierno sobre esa decisión, o al menos esperar a que Ebrard concluyera su comparecencia ante los diputados locales. "Fue un exceso de fuerza, pero finalmente es la forma de este asunto. El fondo es que el Presidente busca golpear de nuevo al jefe de Gobierno, a nuestro proyecto, en un asunto que es de su clara responsabilidad", agregó.

En la ciudad de México, la dirigencia del PAN, en voz de Alejandro Zapata Perogordo, dijo que "festeja, apoya y aplaude" los ceses y comentó que los panistas solicitaron al mandatario la salida de Ebrard y de quienes "resultaran responsables" en el caso Tláhuac, por haber actuado con "negligencia".

Refirió que los panistas "no hemos encontrado ninguna responsabilidad" de Ramón Martín Huerta, y "si alguien tiene pruebas que demuestren lo contrario, que las presente"; además, rechazó que con esa decisión se busque "una confrontación con el Gobierno del DF o una polarización entre partidos".

Diego Fernández de Cevallos, senador panista, aseveró que ahora lo importante es que ambos gobiernos se pongan de acuerdo para coordinar sus esfuerzos y garantizar la mejor seguridad para la población. Acerca de si el titular de la SSPF debe ser destituido, respondió que "estamos ante una decisión que hay que estudiar y analizar, pero tengo entendido que se separó de su cargo al comisionado de la PFP".

Su homólogo del PRI, Humberto Roque, comentó que la responsabilidad debe repartirse de igual forma entre los gobiernos de la ciudad de México y federal, por algo que ha irritado muchísimo a la sociedad, opinión que compartió el también senador priísta, David Jiménez, quien manifestó que en la decisión de separar a Ebrard de su cargo hay un sesgo, "total parcialidad, aunque tenga todas las facultades para hacerlo".

Felipe Calderón, precandidato presidencia del PAN, dijo que "independientemente de que se esclarezca cuál de las dos autoridades es responsable, en mi opinión es claramente la del Distrito Federal, por ser la encargada de la seguridad pública en la ciudad", por lo que el Presidente Fox "hizo bien en cesar a funcionarios del segundo nivel".

Simultáneamente, en la Cámara de Diputados representantes de PRI, PRD, PT y Convergencia advirtieron en la decisión de Fox una venganza contra el Gobierno del DF, y cuestionaron la doble moral y el doble rasero del Presidente de la República al no aplicar la misma decisión contra Ramón Martín Huerta.

El perredista Horacio Duarte calificó de injusta la decisión, "cuando todo demuestran que Ramón Martín Huerta tiene responsabilidad". Gonzalo Yañez, coordinador del PT, anunció que el jueves próximo presentará una iniciativa para que ya no sea atribución del Presidente de la República ni la designación ni el cese del secretario de Seguridad Pública del DF.

La arquidiócesis primada de México se sumó a este comentario al señalar que "lamentaría muchísimo" que la decisión presidencial de destituir a Ebrard se debiera a "intereses oscuros o estrictamente políticos".

Para la iniciativa privada, la destitución de Ebrard significa la "crónica de una muerte anunciada" tras los hechos de Tláhuac y su falta de tacto para aceptar su responsabilidad, pero también es un "golpe político para la administración capitalina porque no se cortó con la misma tijera en el ámbito federal", coincidieron representantes del comercio organizado.

Los presidentes de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, Enrique Guerrero, y de la Unión de Comerciantes del Centro Histórico, Víctor Cisneros, exhortaron a la administración capitalina a acatar la determinación presidencial y "no buscar algunos resquicios legales para salirse por la tangente, como ha sucedido otras veces, pues sería un mal augurio para inversionistas privados, la sociedad en general y a los ojos de los extranjeros".

Reconocieron, por separado, que aun cuando se lograron algunas "mejoras" en materia de estadística, en la vida real la inseguridad va en ascenso, pero "Ebrard hacía su mejor esfuerzo, aunque se requiere una verdadera limpia de los cuerpos policiacos para abatir la delincuencia, porque, de lo contrario, será la misma gata pero sin revolcar".

Así que al mandatario capitalino "no le queda otro camino que aceptar esta remoción y presentar antes del miércoles su terna para elegir al nuevo jefe de la policía y evitar una nueva confrontación con el Presidente de la República, quien, a su vez, debería considerar también la destitución del secretario de Seguridad Pública Federa, Ramón Martín Huerta, para que las cosas sean parejas y no se vea como otro ajuste de cuentas", afirmó Cisneros.

José Antonio Román, Raúl Llanos, Ciro Pérez, Roberto Garduño, Enrique Méndez, Elizabeth Velasco y Laura Gómez, reporteros; Jesús Saavedra Lezama, corresponsal

Ramón Martín Huerta, principal responsable de que policías no fueran rescatados

La destitución de Marcelo Ebrard, nuevo disparate del Presidente: Carrillo Olea

Ceses del titular de la SSP capitalina y del comisionado de la PFP no se pueden comparar

El presidente Vicente Fox dejó en su cargo al principal responsable del linchamiento de los policías federales preventivos en la delegación Tláhuac: el secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta.

Aseveró lo anterior Jorge Carrillo Olea, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quien agregó que la presunta omisión que se imputa al secretario de Seguridad Pública capitalina, Marcelo Ebrard, y al ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), José Luis Figueroa, no es más que "consecuencia" de la grave irresponsabilidad en que incurrió el alto mando de la dependencia que encabeza Martín Huerta, al enviar a agentes federales a investigar presuntos actos ilícitos cuando no tenían atribución legal para ello.

El ex funcionario, especialista en temas de seguridad nacional, sostuvo que no hay ninguna justificación para que los agentes linchados estuvieran investigando en Tláhuac, porque cometían un atropello a las funciones y responsabilidades de las autoridades policiacas capitalinas y de la propia Procuraduría General de la República.

La actitud del presidente Fox constituye una equivocación más en la conducción de su política interna, porque habría que empezar a analizar la situación "desde abajo", es decir, no se puede responsabilizar a Ebrard de la conducta individual de los miles de policías que tiene bajo su mando, cuando el deber concreto de enviar a los agentes (dos de los cuales fueron asesinados) corresponde a la dependencia federal.

Aclaró que la PFP tiene facultades para "obtener información para su provecho" y para la planeación de sus actividades, pero no para investigar y perseguir delitos como se ha dicho, ya se trate de narcomenudeo o de grupos armados en la zona de Tláhuac.

Entrevistado por este diario, el también ex gobernador de Morelos subrayó que no se puede equiparar la remoción de Marcelo Ebrard con la del comisionado Figueroa, porque "no tienen el mismo nivel"; en todo caso, insistió, el principal responsable de los hechos es Ramón Martín Huerta.

Carrillo Olea indicó que la destitución del titular de la SSP federal serviría además para que la autoridad correspondiente investigara y determinara la responsabilidad de los encargados de enviar a policías federales preventivos a realizar tareas de investigación sin estar facultados para ello. Además, ¿qué hacían en una comunidad pequeña en un supuesto operativo de "inteligencia"?

El hecho de que el titular de Seguridad Pública federal dejara el cargo abriría las puertas para la realización una investigación a fondo, en la que se finquen responsabilidades contra el culpable, y no que el Presidente de la República decida remover a quienes sufrieron las consecuencias de un acto totalmente irregular, como sería el haber cometido errores u omisiones en el rescate de los agentes.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, afirmó que el hecho de buscar guerrilleros en Tláhuac no justifica el abuso de los cuerpos de seguridad, por lo que, anunció, a partir de este día habrá una guardia permanente de visitadores y relatores de esta organización civil.

Durante la inauguración del noveno Congreso de Historia del Derecho Mexicano, celebrado en la Universidad Michoacana, en Morelia, abundó: "lo que aconteció ahí no debió haber sucedido. Hay una evidente negligencia de las autoridades, porque no estamos en un caso de justicia por propia mano, sino frente a un caso de homicidio tumultuario. ƑQué pasó en esas tres horas? ƑPor qué no hubo actuación de las autoridades? Me refiero tanto a las federales como a las locales. Sin duda, los dejaron morir solos".

Un Estado incapaz de defender a los servidores públicos se convierte en un gobierno incapaz de proteger a la población de actos de barbarie. "Eso es una cosa muy delicada y merece actitudes más tajantes", indicó el ombudsman.

Precisó que se ha sabido la verdad de los hechos no por el trabajo de la policía, sino por las investigaciones periodísticas. "ƑDónde está la investigación de la autoridad? A partir de esto hemos puesto una vigilancia permanente en la delegación Tláhuac, debido a que las acciones policiacas se dieron sin órdenes de cateo, sin órdenes de aprehensión, haciendo destrozos en las casas de los vecinos".

Por su parte, la Procuraduría de Justicia mexiquense inició las investigaciones para dar con el móvil del homicidio de Eduardo González Muciño, habitante de la comunidad de Huitzizilalpan, municipio de Lerma, ocurrido la noche del domingo por un elemento de la Policía Federal Preventiva adscrito al destacamento de Cuajimalpa.

El procurador Alfonso Navarrete Prida señaló que el uniformado José Luis Meine Espinosa ya rindió su declaración ministerial, en la cual aseguró que disparó en cuatro ocasiones contra la víctima pero en defensa propia, pues con antelación los habitantes de la comunidad habían activado una arma de fuego.

El linchamiento contra policías perpetrado por vecinos de San Juan Ixtayopan derivó en un conflicto político que ha dado pie a múltiples acusaciones y contradicciones que ponen al descubierto la pugna entre los gobiernos federal y local, y parecen dejar en segundo término las investigaciones para esclarecer los hechos.

* 23 de noviembre. Vecinos de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, queman vivos a los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla. El agente Edgar Moreno Nolasco queda gravemente herido. Los pobladores argumentan que los tres hombres pretendían robar niños; sin embargo, el comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, afirma que éstos investigaban el narcomenudeo.

* 24 de noviembre. El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, responsabilizan a las autoridades capitalinas de no haber actuado a tiempo y niegan que ellos tuvieran la culpa. El jefe de Gobierno de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador, asegura que se castigará a los responsables y pide evitar que el asunto se politice. El secretario de Seguridad Pública capitalina, Marcelo Ebrard, argumenta que la distancia y el número de pobladores en el lugar impidieron que la policía actuara. Sin órdenes de aprehensión ni de cateo, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) detienen a 33 personas por su probable responsabilidad en los hechos.

* 25 de noviembre. Elementos de la PFP se manifiestan y denuncian la "negligencia" de los principales mandos de esa corporación al no haber reaccionado de inmediato. Aseguran que aunque la corporación tiene más de 100 motocicletas y otros vehículos que pudieron utilizar para auxiliar a sus compañeros, sus superiores les ordenaron no moverse. Marcelo Ebrard señala que cuando se enteró de la situación, alrededor de las siete de la noche, se encontraba en una asamblea de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.

* 26 de noviembre. Los policías agredidos en Tláhuac no investigaban el narcomenudeo, sino que iban en la búsqueda de organizaciones "subversivas", revela una investigación de La Jornada, la cual da un giro a las versiones gubernamentales. La Presidencia de la República expresa que no promoverá acciones de despido o sanción contra mandos policiacos, ya que su prioridad es esclarecer los hechos en San Juan Ixtayopan. El jefe de Gobierno de la ciudad manifiesta que no destituirá a Marcelo Ebrard, ya que éste es un servidor "eficiente".

* 27 de noviembre. El Gobierno del Distrito Federal pide que se dé a conocer la verdad sobre las investigaciones que realizaban los agentes en San Juan Ixtayopan. El presidente Fox afirma que las autoridades capitalinas "de alguna manera han tolerado los linchamientos".

* 28 de noviembre. Andrés Manuel López Obrador indica que no entrará en polémica con el Presidente por sus acusaciones.

* 29 de noviembre. La Secretaría de Seguridad Pública federal rechaza que los tres policías investigaran la presencia de grupos "subversivos". El presidente Fox tiene la facultad por ley de remover al jefe de la policía capitalina, advierte el vocero Rubén Aguilar, y dice que de resultar responsable el titular de la dependencia federal, Ramón Martín Huerta, el gobierno actuará sin distinción.

* 30 de noviembre. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recaba información en la que elementos de la AFI y PFP son acusados de ingresar con violencia, sin órdenes de detención ni de cateo, a domicilios de pobladores de San Juan Ixtayopan.

* 1º de diciembre. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo aseguran que los efectivos linchados "no tenían nada que ver con el narcomenudeo", sino que "actuaban como señaladores de los luchadores políticos y sociales".

* 2 de diciembre. La Procuraduría General de la República acepta finalmente que el linchamiento pudo haber sido motivado por la presencia de grupos armados. El Ejecutivo asegura que el gobierno de la República "le echará el guante" a los servidores públicos irresponsables, sean de la policía capitalina o de la Federal Preventiva.

* 4 de diciembre. El presidente Fox cancela su gira a Perú, con el argumento de que estará al pendiente de las negociaciones en torno al Presupuesto de Egresos y seguirá el curso de las investigaciones del caso Tláhuac.

* 6 de diciembre. El presidente anuncia la destitución del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y del comisionado de la PFP, José Luis Figueroa.

Karina Avilés y Agustín Salgado