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México D.F. Miércoles 8 de diciembre de 2004

Represión oficial en hechos del 10 de junio de 1971

La PGR, obligada a publicar expedientes de la guerra sucia

Incurrirá en falta si mintió al IFAI: Guerrero Amparán

CIRO PEREZ SILVA

La Procuraduría General de la República (PGR) deberá hacer público el expediente relacionado con los acontecimientos violentos del 10 de junio de 1971, que establece la probable responsabilidad del ex presidente Luis Echeverría Alvarez en casos de desaparición forzada de personas y la represión oficial a cargo de los halcones en aquel jueves de Corpus.

En sendas ponencias del comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información pública gubernamental (IFAI), Juan Pablo Guerrero Amparán, se da respuesta a dos recursos interpuestos contra la PGR por su negativa a entregar a los solicitantes el expediente PGR/FEMOSPP-011/2002, abierto por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. La dependencia no facilitó el documento argumentando que "la información solicitada no existe en los archivos de esta dependencia o entidad", en virtud de haberlo consignado, en original y copia, al juez de la causa, el 6 de agosto de 2004.

Sin embargo, Guerrero Amparán advierte que si bien la ley obliga a la PGR a consignar en dos tantos un expediente al juez, también obliga a la institución a conservar una copia del mismo, de tal suerte que la procuraduría incurriría en una falta si, como señala, no tiene en su poder el expediente, o si se descubre que tal documento obra en su poder y mintió al solicitante y al IFAI.

En las ponencias aprobadas ayer durante la primera sesión pública del instituto, se informa que durante la audiencia entre funcionarios del IFAI y representantes de la PGR, esta última admitió además que el expediente fue consignado al juez por el probable delito de genocidio, de tal suerte que "no podrá invocarse el carácter de reservado, cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad", y por tanto debe ser público.

Sin embargo, el IFAI estableció que la PGR deberá estar en condiciones de entregar a los solicitantes un documento público, es decir, uno que conserve en el anonimato elementos relativos a datos personales que revelan información sobre la vida privada de algunas personas, mismos que protege la ley.

En la sesión, los comisionados también aprobaron por unanimidad la redacción de un documento que enviarán a la PGR para que les permita acceder a información relacionada con dos averiguaciones previas que involucran a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mismas que hasta el momento les han sido negadas por dos funcionarios de la dependencia.

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