| | México D.F. Domingo 12 de diciembre de 2004 |
Los peligros de la ley de bioseguridad
La
mayoría de PRI y PAN en la Cámara de Diputados está
a punto de aprobar la ley de bioseguridad y organismos genéticamente
modificados (OGM). La nueva legislación se acordaría pese
al rechazo de notables científicos, organizaciones no gubernamentales,
gobiernos estatales (el caso de Oaxaca), del PRD y de algunos legisladores
priístas. Estas voces denuncian que la norma no garantiza la seguridad
de la biodiversidad del país, violando el Protocolo de Cartagena
sobre la materia, suscrito por México. Por un lado, la ley parece
diseñada para promover la introducción de los OGM en territorio
nacional, favoreciendo a las empresas dedicadas a la biotecnología,
como Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences y Syngenta. Por otro lado, avala
la contaminación de los cultivos locales, al facilitar la liberación
de organismos transgénicos en el medio ambiente sin ningún
tipo de control y sin establecer sanciones adecuadas en caso de afectación.
Uno de los argumentos para aprobar esta ley es que la
biotecnología podría impulsar el desarrollo de México
y resolver los rezagos que sufre el campo. Esto es falso. Es absurdo dedicar
recursos de la investigación agrícola pública a tecnologías
que conllevan riesgos. Los sistemas de propiedad intelectual actualmente
existentes sólo son útiles a las grandes empresas. Es ingenuo
pensar que esta tecnología se podrá desarrollar al margen
del control de esas firmas.
Si bien la investigación genética aplicada
a la agricultura augura resultados prometedores en el futuro, actualmente
no está comprobado que el consumo humano de OGM sea inocuo para
la salud de los consumidores. De hecho, la comunidad científica
internacional está dividida al respecto, como lo demuestra la disputa
entre la Unión Europa (UE) y empresas de Estados Unidos, la cual
ha llegado inclusive a la Organización Mundial de Comercio. Hasta
ahora, la UE se ha resistido a liberar transgénicos.
Pero esta actitud de los europeos no tiene un equivalente
en el espíritu de la ley. La norma permite la siembra de transgénicos
sin ninguna regulación y sin establecer mecanismos de control, seguimiento
y prevención de riesgos. Es más, ni siquiera prevé
castigos adecuados a las empresas que provoquen daños, posiblemente
irreversibles, al medio ambiente o la salud de las personas, con la introducción
de OGM; tan sólo incluye sanciones administrativas, inclusive cuando
los transgénicos sean empleados en armas biológicas (artículo
122 fracción 11). Además, esas penalizaciones serían
determinadas por la misma autoridad que aprobó la liberación
de OGM en el ambiente. Es decir, que la legislación privilegia los
intereses privados en detrimento del bien público. ¿Qué
justicia cabe esperar ante tal esquema?
El maíz, nativo de México, está siendo
contaminado con transgénicos. La legislación hará
aún mayor este contagio. Se trata de una contaminación en
el mismo centro de origen de un cultivo con una importancia central en
la alimentación mundial, que puede extenderse no sólo a especies
de maíz nativas sino también a sus parientes silvestres como
el teocintle.
Las semillas criollas se siembran en territorio mexicano
desde hace más de 6 mil años. Durante ese tiempo han probado
que no dañan a nadie.
Las evidencias son claras: la introducción de transgénicos
y sus consecuencias es un asunto que debe someterse a más investigaciones
científicas para determinar sus riesgos y beneficios reales. Por
tanto, el debate sobre la ley en cuestión debe tomar en consideración
opiniones de los expertos y no limitarse a una discusión política,
pues lo que está en riesgo es la seguridad alimentaria de México
y su biodiversidad, uno de los más importantes patrimonios de las
generaciones futuras.
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