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México D.F. Domingo 12 de diciembre de 2004

 


Los peligros de la ley de bioseguridad

solLa mayoría de PRI y PAN en la Cámara de Diputados está a punto de aprobar la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM). La nueva legislación se acordaría pese al rechazo de notables científicos, organizaciones no gubernamentales, gobiernos estatales (el caso de Oaxaca), del PRD y de algunos legisladores priístas. Estas voces denuncian que la norma no garantiza la seguridad de la biodiversidad del país, violando el Protocolo de Cartagena sobre la materia, suscrito por México. Por un lado, la ley parece diseñada para promover la introducción de los OGM en territorio nacional, favoreciendo a las empresas dedicadas a la biotecnología, como Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences y Syngenta. Por otro lado, avala la contaminación de los cultivos locales, al facilitar la liberación de organismos transgénicos en el medio ambiente sin ningún tipo de control y sin establecer sanciones adecuadas en caso de afectación.

Uno de los argumentos para aprobar esta ley es que la biotecnología podría impulsar el desarrollo de México y resolver los rezagos que sufre el campo. Esto es falso. Es absurdo dedicar recursos de la investigación agrícola pública a tecnologías que conllevan riesgos. Los sistemas de propiedad intelectual actualmente existentes sólo son útiles a las grandes empresas. Es ingenuo pensar que esta tecnología se podrá desarrollar al margen del control de esas firmas.

Si bien la investigación genética aplicada a la agricultura augura resultados prometedores en el futuro, actualmente no está comprobado que el consumo humano de OGM sea inocuo para la salud de los consumidores. De hecho, la comunidad científica internacional está dividida al respecto, como lo demuestra la disputa entre la Unión Europa (UE) y empresas de Estados Unidos, la cual ha llegado inclusive a la Organización Mundial de Comercio. Hasta ahora, la UE se ha resistido a liberar transgénicos.

Pero esta actitud de los europeos no tiene un equivalente en el espíritu de la ley. La norma permite la siembra de transgénicos sin ninguna regulación y sin establecer mecanismos de control, seguimiento y prevención de riesgos. Es más, ni siquiera prevé castigos adecuados a las empresas que provoquen daños, posiblemente irreversibles, al medio ambiente o la salud de las personas, con la introducción de OGM; tan sólo incluye sanciones administrativas, inclusive cuando los transgénicos sean empleados en armas biológicas (artículo 122 fracción 11). Además, esas penalizaciones serían determinadas por la misma autoridad que aprobó la liberación de OGM en el ambiente. Es decir, que la legislación privilegia los intereses privados en detrimento del bien público. ¿Qué justicia cabe esperar ante tal esquema?

El maíz, nativo de México, está siendo contaminado con transgénicos. La legislación hará aún mayor este contagio. Se trata de una contaminación en el mismo centro de origen de un cultivo con una importancia central en la alimentación mundial, que puede extenderse no sólo a especies de maíz nativas sino también a sus parientes silvestres como el teocintle.

Las semillas criollas se siembran en territorio mexicano desde hace más de 6 mil años. Durante ese tiempo han probado que no dañan a nadie.

Las evidencias son claras: la introducción de transgénicos y sus consecuencias es un asunto que debe someterse a más investigaciones científicas para determinar sus riesgos y beneficios reales. Por tanto, el debate sobre la ley en cuestión debe tomar en consideración opiniones de los expertos y no limitarse a una discusión política, pues lo que está en riesgo es la seguridad alimentaria de México y su biodiversidad, uno de los más importantes patrimonios de las generaciones futuras.

 

 

 
 
 


 

 
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