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Sábado 18 de diciembre de 2004

Arturo Alcalde Justiniani

Todo en una semana

EN TAN SOLO UNOS DIAS hemos tenido conocimiento de hechos íntimamente vinculados entre sí, que nos obligan a una lectura cuidadosa para identificar el rumbo de los derechos humanos laborales en nuestro país. Tres destacan entre ellos: el Programa Nacional de Derechos Humanos presentado por el Ejecutivo Federal; la condena de Human Rights Watch al paquete de reformas laborales avaladas por el presidente Vicente Fox y la decisión del gobierno y los empresarios de incrementar los salarios mínimos por debajo de la inflación generada durante el presente año.

El gobierno mexicano y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos suscribieron en mayo de 2002 un compromiso de cooperación tendente a promover el respeto a los derechos humanos en nuestro país. El 8 de diciembre de 2003, el representante de la oficina señalada, Anders Compass, entregó al Presidente de la República el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, formulando una serie de recomendaciones tendentes a elaborar un programa nacional de derechos humanos. Destacan entre ellas: la necesidad de eliminar restricciones legales, institucionales y políticas a la libertad de asociación, incluyendo la adecuación de la legislación para cumplir el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical; legislar para que exista transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos; eliminar la regulación de excepción a que se somete el trabajo burocrático; no admitir medidas regresivas en los cambios a la legislación laboral; trasladar la impartición de la justicia laboral al Poder Judicial; modificar el apartado B del artículo 102 constitucional, para ampliar las atribuciones de las comisiones de derechos humanos a la protección de los derechos humanos laborales y acordar aumentos en términos reales de los salarios mínimos para que recuperen su función de garantía social.

Si comparamos las recomendaciones de las Naciones Unidas con el Programa Nacional de Derechos Humanos presentado por el presidente Fox el pasado 10 de diciembre, podemos observar la resistencia a admitir las propuestas formuladas. En las líneas de acción del programa nacional se contemplan tan sólo cinco aspectos relacionados con la ampliación de las facultades de la inspección del trabajo; la capacitación de inspectores; la autonomía del órgano encargado del registro de sindicatos; el voto secreto en los recuentos sindicales, y la independencia de la justicia laboral del Poder Ejecutivo. Debemos reconocer que estas líneas de acción son de gran trascendencia, y que ponerlas en práctica constituiría un cambio positivo del modelo laboral. Sin embargo, están formulados de manera excesivamente general y en el contexto del informe aparecen como un tema rezagado. Se abstiene de atender otras recomendaciones que resultan elementales, como ampliar las facultades de las comisiones de derechos humanos a temas laborales y, sobre todo, es totalmente contradictorio con la iniciativa de reforma laboral apoyada por el propio Ejecutivo federal y con la actitud asumida por el gobierno en los conflictos laborales cotidianos. Tan sólo recordemos que a pesar de múltiples gestiones y movilizaciones los dirigentes sindicales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior de Guanajuato pasarán esta Navidad privados de su empleo por el delito de encabezar una organización democrática, que se ha tomado en serio su compromiso en favor de los derechos humanos laborales.

La misma semana, uno de los organismos más importantes del mundo en materia de derechos humanos, Human Rights Watch, denunció que el paquete de reformas laborales promovidas por el gobierno mexicano viola los derechos humanos laborales al obstaculizar el derecho de libertad sindical, de contratación colectiva y de huelga. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de este prestigiado organismo internacional, señaló: "Las reformas propuestas por el presidente Vicente Fox harían virtualmente imposible el ejercicio de estos derechos". Como resulta evidente, por un lado se asumen compromisos con Naciones Unidas y, por el otro, se promueven reformas legales y acciones concretas con una orientación totalmente distinta. La presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos otorga la oportunidad de dar un viraje, por medio de una nueva propuesta de reforma laboral congruente con los compromisos gubernamentales.

Frente a la recomendación de Naciones Unidas de que el salario mínimo fuese incrementado en términos reales, lo cual significa, en concreto, superar la inflación generada en el presente año, que excede de 6 por ciento, hubiese sido necesario que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordara un porcentaje superior. Sin embargo, esta comisión finalmente determinó recuperar tan sólo la mitad del poder adquisitivo perdido en el año que termina. La excusa recurrente de vincular el incremento salarial con la inflación esperada para el próximo año lleva consigo dejar saldos a costa del minisalario. Las consecuencias son graves, ya que si compensamos el porcentaje que deja de cubrirse del orden de 3.5 por ciento, con el acordado para el siguiente año, el aumento será equivalente a cero.

Las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constituyen un referente fundamental para lograr vincular el mundo del trabajo a la agenda de los derechos humanos. Un excelente propósito para el próximo año será luchar por su cumplimiento.

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