Iniciativa privada, en pos del Cerro de la Silla

El gobierno del municipio de Ciudad Guadalupe, encabezado por el alcalde priísta Juan Francisco Rivera Bedoya, pretende vender el Cerro de la Silla -símbolo de la ciudad de Monterrey y del estado de Nuevo León- a inversionistas privados para desarrollar un megaproyecto turístico. De construirse este complejo, se afectaría la ecología y el medio ambiente de este monumento nacional, protegido por un decreto federal de 1991 y por convenios internacionales sobre preservación de áreas naturales. Tanto el alcalde como funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apoyan la realización de este proyecto, pese a las advertencias de organizaciones ecologistas sobre el impacto negativo que tendría en la zona y en la ciudad de Monterrey.

El plan promovido por el alcalde, que incluiría un teleférico, un casino, hoteles de lujo y restaurantes, parece contar con el respaldo de la Semarnat, cuyos funcionarios rehusan explicar los alcances del proyecto ni cuántas hectáreas abarcaría. De hecho, el delegado de la secretaría, Alfonso Martínez Muñoz, se negó a dar detalles a la prensa "porque estamos en revisión (...), si revelo características podría afectar el proyecto, en su tiempo se hará y como corresponde a la ley". En todo caso, Martínez Muñoz señaló que "es posible realizar instalaciones que sean turísticas y que sirvan para cuidar la conservación del cerro" y consideró positivo que se pueda "vender la naturaleza". Incluso expresó su "convicción de que va a ganar el Cerro de la Silla" y aseguró que todo se hará "de cara a la sociedad" y las leyes establecidas.

Sin embargo, como admitió el funcionario, el desarrollo tendrá sin duda alguna consecuencias en la ecología del lugar: existen especies en peligro de extinción y la vegetación regula los afluentes de agua, elementos "fundamentales para el buen funcionamiento ambiental de la ciudad de Monterrey" al impedir inundaciones. Si bien se tienen previstas "medidas compensatorias" por el daño ecológico -los inversionistas pagarían 22 mil pesos por hectárea destruida, como marca la ley-, esos recursos no contrarrestarían la devastación del lugar. Como denunció el ecologista Guillermo Martínez Berlanga, dirigente del Comité Ecológico pro Bienestar, los inversionistas "van a depredar gran parte de las 6 mil hectáreas del cerro", ya que "el teleférico llegaría exactamente hasta el asiento de la silla, ahí estaría la base operativa del proyecto", lo cual implicaría construir carreteras para dar paso a materiales, maquinaria y gente. Nuevo León apenas cuenta con 180 mil hectáreas de reservas ecológicas, que representan 1.5 por ciento del territorio estatal, "cuando por lo menos deberíamos alcanzar 10 por ciento, por haber un clima semidesértico con ecosistemas muy frágiles, y esto nos demuestra que el proyecto no es sustentable". Por ello Martínez Berlanga se quejó de que las autoridades permitan proyectos con bienes públicos para beneficiar a unos cuantos.

Estamos, pues, ante otro caso de despojo de las bellezas naturales y del patrimonio nacional. Para no ir más lejos, recientemente el Fondo Nacional de Fomento al Turismo vendió a precio de regalo más de 370 hectáreas en las cotizadas playas de Cancún a inversionistas privados. En el complejo turístico del Cerro de la Silla, todo apunta a una sospechosa operación fraguada en la oscuridad. Si no es así, por qué la Semarnat se niega a presentar el proyecto completo y a divulgar la identidad de los inversionistas y de los autores de los estudios de impacto ambiental. Si es cierto que la transacción se llevaría a cabo con la mayor transparencia, ésta es una buena oportunidad para que los funcionarios de la dependencia lo demuestren al revelar todos los detalles. Por otro lado, cabe preguntarse si vale la pena realizar este tipo de proyectos. Después de todo, lo que se pierde en materia de medio ambiente y ecología es invaluable e irremediable a corto plazo.