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Viernes 24 de diciembre de 2004

Se confirma que la dependencia cometió desacato en Cerro de San Pedro: activistas

Admite Sedena que autorizó uso de explosivos a minera: ejidatarios

El permiso se dio luego de que fue removido Jaime Cázares de la jefatura de la 12 Zona Militar

Los dueños de la empresa canadiense presionaron a diversas autoridades civiles y castrenses

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Al comparecer ante el juez que analiza la demanda de amparo solicitada por los ejidatarios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) admitió su participación "en el control y vigilancia" de las detonaciones que realizó la semana pasada la Minera San Xavier, con lo cual, afirman los afectados, se confirma la violación de la dependencia a la suspensión de plano dictada por la autoridad judicial en agosto de 2004, a fin de que no se liberara el permiso de uso de explosivos en favor de la empresa.

Los inconformes, pertenecientes al Frente Amplio Opositor al proyecto de la minera, han centrado su lucha en el ámbito judicial, donde han presentado al menos 12 recursos contra las autoridades involucradas y han obtenido dos sentencias ejecutorias en su favor, con las cuales ya lograron la muerte jurídica de la minera. Una es la emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que anuló el permiso de operación condicionada del Instituto Nacional de Ecología, y la segunda es la del Tribunal Unitario Agrario que resolvió la nulidad de los contratos de arrendamiento suscritos por la minera y falsos ejidatarios.

Sobre la licencia de compra y uso de explosivos, resaltan que fue suscrita "de manera inusual" por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, y "casualmente" sólo hasta que el comandante brigadier diplomado del Estado Mayor, Jaime Cázares Larraga, titular de la decimosegunda Zona Militar en San Luis Potosí, dejó el cargo.

Cázares había rechazado en varias ocasiones la solicitud de la empresa trasnacional para la compra y uso de explosivos. Incluso, según consta en el oficio 28972 que con carácter de extraurgente envió a Vega García el 15 de noviembre de 2003, el comandante consideró que la autorización "podría afectar negativamente" a la Sedena.

El propio Vega García emitió el 30 de noviembre de 2003 un acuerdo por el que determinó suspender el trámite iniciado por la minera para utilizar explosivos, en virtud de la inconformidad expresada por los vecinos de Cerro de San Pedro y organizaciones civiles, las cuales señalaron que "resultarían afectados en sus propiedades, así como en el patrimonio cultural, histórico y el medio ambiente local".

Así se le hizo saber al representante legal de la empresa de origen canadiense. No obstante, la minera insistió "por lo menos en cinco ocasiones más" con el comandante Cázares y con el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Alfredo Hermilo Herrera Muñoz, director general de Armas de Fuego y Control de Explosivos, para que otorgaran el permiso. La respuesta fue siempre negativa, refieren los ejidatarios.

Las autoridades militares exigían a la minera que obtuviera la anuencia de los pobladores de Cerro de San Pedro y garantizara que las detonaciones no afectarían el patrimonio cultural, histórico y el medio ambiente. También le solicitaban la "conformidad administrativa" del ayuntamiento de Cerro de San Pedro.

Para dar idea de la magnitud de la presión que ejercía la minera, los campesinos entregaron a La Jornada una copia de la carta que el 11 de mayo de 2004 envió Fred H. Lightner, director general de Minera San Xavier, a Herrera Muñoz en la que luego de insistir en su solicitud, advierte que Metallica Resources anunciaría "públicamente en Estados Unidos que la empresa se encuentra imposibilitada para continuar con la construcción de la mina debido a que no cuenta con el permiso general para uso de explosivos correspondiente".

Además de descalificar a los grupos opositores al proyecto de extracción minerometalúrgica, el ejecutivo también señala que al dar a conocer la situación en que se encontraba la minera "nuestros inversionistas y los inversionistas potenciales en otros proyectos en México comenzarán a cuestionarse respecto de los riesgos de invertir en México".

Los integrantes del Frente Amplio Opositor reseñaron que durante el primer semestre de 2004, las "gestiones" de la trasnacional fueron intensas y llegaron hasta el presidente Vicente Fox, quien a partir de mayo visitó San Luis Potosí "casi cada 25 días".

El mandatario se reunió con el presidente municipal Oscar Loredo Loredo y con los representantes de la minera. "Veíamos venir el cambio", comentaron los afectados. Y en efecto ocurrió. El 7 de agosto el ayuntamiento de Cerro de San Pedro otorgó a la firma canadiense la licencia de construcción, pasando por encima de otra suspensión decretada como parte del amparo 564/2004. El alcalde también suscribió la "conformidad respecto de seguridad y ubicación". La Sedena estaba en condiciones de liberar el permiso de compra y uso de explosivos.

A pesar de ello, Loredo Loredo todavía pretendió ocultar esta información y al comparecer ante el juez por el incidente de violación promovido por los ejidatarios, aseguró que el documento de conformidad había sido aprobado el 14 de junio de 2004, lo cual era falso según acreditó el comandante Cázares quien -también ante el juez- presentó la autorización verdadera, fechada el 7 de agosto.

El 9 de agosto el juzgado segundo de distrito admitió otra solicitud de amparo presentada por los ejidatarios y al día siguiente declaró la suspensión de plano a efecto de que la Sedena se abstuviera de autorizar la compra y uso de explosivos "que traería como consecuencia la destrucción física y material" de Cerro de San Pedro.

No pasaron ni dos meses antes de que la Sedena -en absoluto secreto- diera a la Minera San Xavier la autorización para usar dinamita en Cerro de San Pedro. La noticia fue difundida el 15 de octubre por el gobernador Marcelo de los Santos durante una comparecencia ante el Congreso local. Todavía la minera lo negó en México, aunque el propietario de Metallica Resources lo había hecho público en su página de Internet el 22 de octubre, la víspera de la visita del presidente Fox a Canadá.

Ocurrió que en los primeros días de octubre, el comandante Cázares fue transferido como agregado militar a Francia, mientras en México, el secretario de la Defensa liberaba el permiso a la minera, el cual fue ejercido por la empresa los días 13 y 14 de diciembre pasados.

A petición de los ejidatarios, el juez segundo de distrito requirió a la Sedena que informara sobre dichas explosiones. En su respuesta, la dependencia que dirige Vega García reseña el tipo de permiso entregado a la Minera San Xavier y su responsabilidad de control y vigilancia de las actividades de la empresa. Con esto, dicen los ejidatarios, la Sedena pasó a formar parte de las autoridades que han caído en desacato judicial.

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