LETRA S
Enero 6 de 2005

 

 

Hagamos un hecho los derechos de las y los jóvenes La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad (Art. 1); todas y todos tenemos derecho a una vida libre de violencia (Art. 5) y libre de discriminación (Art. 2). Bajo estas premisas el Estado mexicano debiera garantizar el ejercicio de dichos derechos; sin embargo, la realidad en la que viven las y los jóvenes mexicanos nos demuestra lo contrario. Hasta diciembre de 2003, según cifras de Amnistía Internacional, se han producido 370 asesinatos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez y Chihuahua, aproximadamente 40 por ciento de estas muertes han sido por violencia sexual; este tipo de agresión es un mal con el que viven las mujeres jóvenes en todo el país. Según la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, en el rubro de lesiones asociadas a violencia como causa de enfermedad, el porcentaje de casos es el doble en adolescentes en relación con los adultos; esto nos habla de un serio problema de salud pública. Según el Conapo, 70 por ciento de embarazos no planeados se da entre los 14 y los 19 años; las adolescentes son expulsadas de las escuelas por esa razón y su derecho a la educación es vulnerado. Estos hechos se dan en el marco de preocupantes cifras del VIH/sida: tan sólo en el Distrito Federal existen 18,742 casos acumulados, situación que coloca a dicha entidad como la que concentra el mayor número de casos acumulados de sida, hasta el 15 de noviembre de 2004. Otros datos inquietantes son las cifras de homicidios a causa de la homofobia: en los últimos siete años; según la Comisión Ciudadana encargada del tema, se han contabilizado 648 asesinatos. Habrá que sumarle aquellos que se han quedado en el anonimato. El Estado aún no estableció alguna política al respecto. En Católicas por el Derecho a Decidir consideramos que el desconocimiento y el no ejercicio de los Derechos Sexuales, producto en parte de la falta de una política contundente de Estado, coloca a las y los jóvenes en situaciones de propensión al abuso, a la violencia, a la tortura y a la discriminación, llevándolos, en última instancia, a la muerte, como ha quedado de manifiesto en los datos presentados. Creemos que el Estado mexicano debe garantizar los Derechos Sexuales de las y los jóvenes por tener su fundamento en el respeto a la dignidad humana y en el derecho a la libertad e igualdad, privacidad, intimidad y autonomía de las personas. Las jóvenes y los jóvenes deben tener garantizado su derecho al ejercicio de su libertad de conciencia, a la información, a la educación sexual laica y a los servicios de salud sexual con confidencialidad; el derecho a tomar decisiones libres sobre la propia sexualidad, su cuerpo y su reproducción. Asimismo, consideramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos deben continuar con la promoción y difusión, a nivel nacional, de la Campaña "Hagamos un Hecho nuestros Derechos", la cual es un esfuerzo conjunto de 106 organizaciones de la sociedad civil con la propia CNDH. El apoyo activo de esta institución demostraría su efectivo compromiso con los derechos sexuales de los jóvenes. El Estado, por su parte, debiera procurar políticas públicas contundentes y puntuales que garanticen la seguridad de la vida de las personas y la eliminación de todo tipo de violencia hacia las y los jóvenes. También son urgentes las políticas que promuevan la igualdad, la equidad entre los sexos, y la exclusión de todas las formas de discriminación de carácter sexual o producto de preferencias sexuales. Las jóvenes y los jóvenes no son el futuro de México, son su presente. Un presente con necesidades, deseos y aflicciones que requieren ser atendidas. Queremos un país en donde las y los jóvenes puedan vivir su sexualidad de manera libre, informada, responsable y placentera, sin discriminación ni violencia haciendo uso de su libertad de conciencia sin restricción alguna.