El feliz y desconcertante encuentro de dos hermanos separados durante la guerra sucia ha revivido el debate sobre el compromiso real del gobierno de castigar los delitos cometidos en los setenta.
Para familiares de los desaparecidos, el encuentro es una prueba de la ineficacia de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Aleida Gallangos Vargas, quien buscó a su hermano durante tres años, asegura que de las autoridades sólo obtuvo escasa ayuda y siempre porque ella las presionó.
La Femospp, a su vez, asegura que sin su labor no hubiera sido posible encontrar al hermano desaparecido.
Algunos grupos de derechos humanos insisten en que la labor de la fiscalía es "un antifaz".
Más allá de estas aseveraciones, lo cierto es que en tres años de existencia, este es apenas el primer caso de desaparición forzada, de más de 500, que se resuelve
 
 

Aleida, junto a los retratos de su madre y padre, desaparecidos Fotografía: J. Guadalupe Pérez

Gracias a la infatigable lucha, a la necedad de Aleida Gallangos Vargas, por conocer a su familia –que fue separada en 1975, tras un enfrentamiento en el que agentes de la Dirección Federal de Seguridad detuvieron a sus padres, miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre–, hace unos días logró reencontrarse con su hermano Lucio Antonio, quien ahora se llama Juan Carlos Hernández.

¿Cuántos niños –ahora adultos– desaparecieron durante la llamada guerra sucia de los setenta? ¿Cuántos más buscan a sus hermanos, hijos, nietos? ¿Qué apoyo institucional reciben?

Aleida, de 31 años, asegura que de las autoridades fue muy poco lo que recibió.

Esta mujer, en entrevista telefónica con Masiosare, desde Ciudad Júarez, donde reside, describe la labor de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) como, en el mejor de los casos, entorpecedora y lenta.

A Lucio Antonio lo encontró su hermana, aseguran diversos grupos de derechos humanos y activistas políticos reconocidos, como Rosario Ibarra de Piedra.

Y son tajantes: desde su creación en 2001, la instancia que tiene entre sus tareas el castigo a los responsables de la guerra sucia y el hallazgo de las víctimas no ha encontrado a ninguno de los más de 500 (532 reportados por la CNDH y cerca de 60 denunciados ante la Femospp).

La fiscalía

"La fiscalía no nos inspira la menor confianza", afirma, tajante, en entrevista con Masiosare, Pavel Ramírez, cuyo padre, Rafael Ramírez Duarte, fue desaparecido cuando Pavel era un bebé de 11 meses.

Pavel, uno de los principales jóvenes activistas que luchan por encontrar a los desaparecidos políticos, afirma que personas de la fiscalía fueron a casa de sus abuelos a intimidarlos.

En el caso de Aleida, "hubo torpeza y lentitud", sigue el joven.

Rosario Ibarra de Piedra, destacada luchadora por los derechos humanos, tampoco confía en la fiscalía y asegura, en entrevista con Masiosare, no sentirse sorprendida de que ahora se quieran colgar la medalla del caso de Lucio Antonio.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) es otra de las ONG que perdieron confianza en la Femospp, menciona Fabián Sánchez, uno de sus integrantes.

Juan Carlos Sánchez Pontón, director ministerial A de la Femospp, en entrevista con Masiosare, defiende el trabajo de la instancia: gracias a la fiscalía los familiares obtienen información; si no fuera por la fiscalía, dice por ejemplo, la Casa Hogar no les hubiera prestado el expediente de Juan Carlos. De igual manera ocurrió con otros pedazos de información. Además, la fiscalía concentra la información de los expedientes de los desaparecidos. Sin embargo, esta información es la que los grupos de derechos humanos entregaron a la CNDH hace años. "No han descubierto nada más", exclama Ibarra de Piedra.

Los menores
 
 

Cartel que Aleida usó para hacer la campaña  de búsqueda de su hermano Fotografía: J. Guadalupe Pérez

Se busca a dos hijos de presuntos guerrilleros, desaparecidos que podrían haber sido adoptados, como fue el caso de Lucio Antonio, reportó la Femospp en conferencia de prensa el pasado martes.

¿Cuántos más habrá que de pequeños perdieron a su familia original en la guerra sucia?

"Es muy difícil hacer el cálculo", dice Fabián Sánchez.

"Dar cifras debería de ser algo que le toca hacer a la fiscalía", señala Sánchez.

A Rosario Ibarra de Piedra, quizá la mujer que mejor conoce los casos de desaparecidos políticos en este país, le vienen a la memoria al menos un par de posibles casos de infantes que podrían haber sido adoptados (en los setenta): Cristina Rocha de Herrera tenía cuatro meses de embarazo cuando, en Sinaloa, fue secuestrada, junto con su esposo, por el coronel de caballería Jorge Arroyo Hurtado.

En Guerrero, a Teresa Torres de Mena, con tres meses de embarazo, se la llevaron los soldados. Después la madre de Teresa se enteró, por un soldado, que su hija había dado a luz un varón. No se supo de Teresa ni de su hijo.

Alejandro Gorostiola, padre de crianza de Aleida, añade otro caso: a su cuñada Emma Cabrera, esposa de su hermano Francisco, "se la llevaron" –junto con Francisco–, con cuatro meses de embarazo. Alejandro asegura que la fiscalía nunca le ha llamado para comentarle sobre este caso.

Saquemos cuentas. Aun otorgando el crédito del caso de Lucio Antonio a la fiscalía, a este paso, si va a encontrar uno cada tres años, significa que necesitará mil 500 años para encontrar a 500.

Pero entonces, ¿qué salidas hay para los personas que buscan a sus familiares desaparecidos?

Fabián Sánchez enumera algunos de los aspectos que tendrían que cambiar: en cuanto a la fiscalía, tendría que encabezarla alguien capacitado en la materia; en materia legal, se tendría que promover la creación de una ley general sobre desapariciones forzadas; en cuanto al poder judicial, se tendría que capacitar a jueces.

Rosario Ibarra de Piedra más bien tiene fe en la resistencia civil, a través de la cual el Comité Eureka y otros grupos de derechos humanos han logrado "sacar a 148 desaparecidos de los campos militares".

Juan Carlos Hernández no recuerda nada de lo que le dicen que fue su vida anterior. Nunca sospechó nada. El vivía, hasta hace una década, en Tlaxcala, con sus padres y dos hermanas.

Pero el año nuevo le trajo una mujer que lo abraza y lo llama ‘hermano’. Una mujer que llora de emoción por haber encontrado a quien buscó durante años. Para él es distinto. "Ella era la que buscaba, yo no buscaba nada, a mí me encontraron", dice en entrevista telefónica con Masiosare.

Por ahora, se niega a reconocer como suya esa historia que le cuentan de un niño que a los tres años y medio fue separado de sus padres y su hermana.

"Un examen de ADN es la única prueba contundente", dice.

Con "una vida completa", Juan Carlos, trabajador de la construcción en Washington, confiesa que "aunque obtenga esa prueba contundente, no puedo gritar a los cuatro vientos que soy feliz. Sigo siendo quien soy. Saber que soy parte de otra familia no se puede asimilar fácilmente".

Sus padres adoptivos habían decidido no decirle nada. Y, quizá, si no hubiera sido por la tenacidad de Aleida, Juan Carlos jamás se habría enterado.

Cuando finalmente sus padres adoptivos hablaron con él, le dijeron que cuando lo adoptaron en la Casa Hogar Tlalpan les dijeron que unas trabajadoras sociales lo habían llevado al orfanato porque lo habían dejado abandonado en un hospital.

(A Rosario Ibarra de Piedra esta historia le parece poco creíble: "¿Cómo lo iban a abandonar? No era un recién nacido, ya tenía tres años". Además, a Alejandro Gorostiola le parece sospechoso que, según los datos que tienen, el trámite de adopción se realizó en sólo 15 días.)

Juan Carlos –Lucio Antonio– no es un hombre particularmente interesado en cuestiones políticas. Ahora, la política se metió a la fuerza en su vida. "Hasta ahora sé sobre la guerra sucia, por lo que he buscado en Internet, por los datos que me han dado".

"La gente que lo hizo no tomó la vida de personas con ideas políticas, tomó la vida de un niño de tres años y medio que no le hacía ni bien ni mal al gobierno", dice.

Juan Carlos se siente afortunado: "No me fue mal. Fui parte de una familia".

En 1975, Lucio Antonio Gallangos Vargas, de tres años y medio, fue llevado al hospital del IMAN, con una herida de bala en una pierna, cuando sus padres, Roberto Antonio Gallangos Cruz y Carmen Vargas Pérez (ambos de Guerrero), fueron detenidos, acusados de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Aleida, hermana de Lucio, de dos años, fue rescatada por Carlos Gorostiola, amigo de sus padres y llevada con su hermano Alejandro para que la cuidara.

Carlos le contó a Alejandro que la niña tenía un hermano que unos policías se habían llevado a un hospital ("siempre pensamos que al del IMAN", rememora, en entrevista con Masiosare, Alejandro Gorostiola). Dijo que iba a intentar rescatarlo, No pudo.

Carlos, también de la Liga 23 de Septiembre, fue acribillado por la policía en 1976.

Cuando tenía 15 años, le dijeron a Aleida quiénes eran sus padres y que tenía un hermano.

En septiembre de 2001, un medio de comunicación difundió el caso. Aleida se reencontró con sus abuelos y sus tíos.

En ese momento comenzó su búsqueda. Alguien le envió un correo diciéndole que a su hermano lo habían dejado en la Casa Hogar Tlalpan. También se enteró que fue entregado en adopción bajo el nombre de Juan Carlos Hernández.

En abril de 2002, la abuela y los tíos presentaron una denuncia ante la fiscalía.

Aleida explica que la fiscalía declaró haber ido al hospital pero que dio dos versiones: en una ocasión dijo que el expediente nunca existió y en otra que lo habían destruido.

En 2003, Aleida fue invitada a formar parte de la comisión ciudadana de la Femospp y obtuvo acceso a la información de la investigación.

Pero, tras dos años, la fiscalía no había avanzado en la búsqueda de su hermano. Pretextos no faltaban, dice Aleida; se quejaban, por ejemplo, de la falta de viáticos. Terminó por renunciar al comité ciudadano en julio de 2004.

Mientras, desde marzo del año pasado había logrado contactar a los padres adoptivos de Lucio Antonio, que viven en Tlaxcala. Pero ellos no estaban dispuestos a decirle a su hijo la verdad.

Finalmente, con la ayuda de la fiscalía para el rastreo de unas llamadas, encontró al que muy probablemente es su hermano en Washington.

El 14 de diciembre llegó a la capital estadunidense.

Habló con el embajador, Carlos de Icaza González, quien no tenía conocimiento del tema (nadie en Relaciones Exteriores –a excepción del cónsul en San José, California– hizo algo por ayudarla, añade).

Fue hasta que los medios comenzaron a sacar la información que los padres de Lucio Antonio se vieron orillados a hablar con él y pasarle el número de teléfono de su hermana. El la buscó.

Finalmente, el 24 de diciembre le llamó por teléfono. Se vieron el 29. Y luego pasaron el año nuevo juntos.