Viernes 14 de enero de 2005

Luis Javier Garrido

El Tamarindillo

El acelerado proceso de descomposición del régimen foxista está abriendo en el penúltimo año del sexenio un nuevo escenario en el país.

1. El 2005 se inicia en México con el fracaso creciente del gobierno, que pretende, por medio de una multimillonaria campaña propagandística, que está teniendo imaginarios logros, la cual es desmentida día a día por la realidad, pero también por los nuevos escándalos de corrupción del foxismo. El ridículo hecho por Vicente Fox en Chiapas, donde pretendió que el EZLN ya no es nada porque con él todo cambió (11 de enero), está siendo opacado en estos días por los nuevos casos de corrupción que se han imputado a la pareja presidencial.

2. La corrupción a lo largo del sexenio foxista ha sido la misma en extensión y en características de la que existía en los años del priísmo, acaso porque ésta es inherente al neoliberalismo y porque el régimen político actual no es más que una prolongación del anterior, de manera que con Fox se sigue utilizando a las instituciones del Estado para fines privados; él y los principales funcionarios de su gobierno se encuentran dedicados a hacer negocios y el tráfico de influencias está a la orden del día, sin dejar de lado que México es cada vez más un narcoestado.

3. Los casos más graves siguen siendo los de la entrega que el gobierno de Fox sigue haciendo de recursos estratégicos a las trasnacionales que lo han ayudado desde su campaña, en un evidente tráfico de influencias, pero las pillerías y raterías que se le achacan a él y a sus allegados están colmando ya la paciencia de muchos sectores del país que demandan se les aplique la ley.

4. Las evidencias de la corrupción personal de los Fox se han multiplicado en el tramo final de su sexenio, y una de las más graves es la que se confirmó hace unos días sobre el despojo que han hecho a las comunidades campesinas de Coahuayana (Michoacán), apoderándose de sus tierras exactamente con las mismas malas artes con las que los gobernantes priístas lo hacían en el pasado: amenazándolas para llevar a cabo una operación fraudulenta (Proceso 1470). La pareja presidencial se adueñó ilegalmente de la que ya se conoce como "la bahía privada de los Fox" en El Tamarindillo, "comprando" 265 hectáreas de tierras ejidales, no susceptibles conforme a la ley de ser enajenadas, y por sólo 25 millones de pesos -suma irrisoria comparada con su valor real-, en una operación que presuntamente hizo a través de uno de sus prestanombres de cabecera: el empresario guanajuatense Cosme Mares, a quien se hizo pasar por "ejidatario".

5. El proceder gangsteril de esta "compraventa" operada desde Los Pinos, según se ha documentado, confirma en primer término que los abusos de poder son tanto o más graves en este sexenio que en los años del priísmo, y que la mecánica de la corrupción es la misma, pues quienes gobiernan pusieron todo el peso del Estado para pasar por encima de la Constitución y satisfacer sus intereses privados. Fox violó las leyes agrarias del país para adueñarse de El Tamarindillo, y no sólo eso: puso en ejercicio los poderes metaconstitucionales del Ejecutivo para someter a los ejidatarios a un capricho suyo y de su esposa, e hizo que la Secretaría de la Reforma Agraria y las autoridades locales y municipales de Michoacán, la asamblea de ejidatarios y las autoridades judiciales convalidaran el fraude.

6. Fox, con la obcecada ignorancia y desprecio que ha tenido por la ley a lo largo de su sexenio -rasgo que ha pretendido de manera infructuosa endilgarle a los que cree son sus opositores- ha asumido que se halla por encima de toda legalidad y que el delito de tráfico de influencias no le puede ser imputado. Cosme Mares, el llamado "prestanombres favorito" de los Fox, ha recibido ilegalmente, en los dos últimos años, ventajosos contratos de la SCT, por más de 2 mil millones de pesos, para la empresa Facopsa, que controla junto con uno de los hijos de Marta, Manuel Bibriesca Sahagún, a fin de construir y operar carreteras en el país, las que, conforme a múltiples denuncias, han sido en su mayoría obras mal hechas, según se estudia ya en el Senado de la República (Proceso 1470 y 1471). Y lo más grave es que dada la presunta asociación delictuosa de Fox con Mares, quien actúa como su prestanombres, éstas habrían sido construidas por una empresa de la que el propio Fox es codueño y se las estaría auto otorgando, violando todo el marco legal del país.

7. La impunidad presidencial que prevalece en México, debida a la ausencia de mecanismos democráticos legales que permitan la rendición de cuentas de quienes gobiernan y, sobre todo, la posibilidad de traducirlos a éstos a los tribunales, es ahora, como se ve en estos últimos casos, mucho más obvia que en los años del priísmo. Y el agravio a los mexicanos es, en consecuencia, mayor, pues viene de quien ofreció un cambio y no cumplió, y se escuda cínicamente en la tradicional impunidad del poder.

8. El hecho más singular de lo que acontece es que, ante los señalamientos de los medios, Fox no tiene otra respuesta que el cinismo, y la pretensión a través de la propaganda oficial de que la corrupción está en los otros, y no en él y en su gobierno. En 2001, cuando en vísperas de la visita de Bush a su rancho se le hizo la imputación, avalada por filmaciones, de que una serie de obras dentro de éste las estaban haciendo trabajadores municipales y con recursos públicos, Fox respondió diciendo que no lo sabía pero que agradecía esa "amable contribución" del ayuntamiento (seguramente a su patrimonio). En 2003 calificó los delitos electorales y de tráfico de influencias cometidos por él y por los Amigos de Fox en 1999 y 2000, y documentados por el IFE, de simples "faltas administrativas". Y en 2005, a la nota de Diario Monitor de que en Los Pinos se gastó en 2004 más de 30 millones de pesos supuestamente en alimentos (4 de enero), respondió que en la información había "imprecisiones" (5 de enero), y varios días después de aparecida la primera nota sobre El Tamarindillo se limitó a decir furioso, en la emisión de Zona Abierta de Televisa del día 6, que "la manera" en que se estaba "planteando" este caso era calumniosa y mentirosa.

9. La primera pregunta que se plantea tras estos últimos escándalos es por lo mismo obvia. ƑQué autoridad moral tiene este individuo para acusar a través de la PGR de supuestos delitos a los que supone son sus opositores políticos? Y en ese mismo sentido, Ƒqué autoridad moral tiene para seguir criticando de palabra, que no en los hechos, al régimen priísta, con cuyos principales capos -Salinas y Zedillo- se encuentra aliado y del cual está reproduciendo las mismas prácticas y políticas?

10. Y, sobre todo, Ƒqué autoridad moral tiene para seguir gobernando a México?