Crece la idea de una reactivación andina de lo que fue la Operación Cóndor en los 70
El secuestro de un líder de las FARC en Venezuela revive la guerra sucia
El gobierno de Chávez investiga a los cinco militares que capturaron al dirigente rebelde
STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 20 de enero. El secuestro de un dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 14 de diciembre en Venezuela y su entrega al gobierno de Alvaro Uribe, disparó la idea de una reactivación andina de lo que fuera la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70.
El Plan Cóndor fue trazado por la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA), puesto en marcha en 1974 por la dictadura en Chile de Augusto Pinochet, e "institucionalizado" cuando en marzo de 1976 se instala la junta militar en Argentina. Unía a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay en una coordinadora para vigilar, intercambiar datos de inteligencia y prisioneros políticos, asesinar y desaparecer.
Pero la mano larga del crimen se extendió a otros países de América Latina. En los archivos del Cóndor en Paraguay descubiertos en los 90, se encontraron pedidos de ubicación, informes y seguimientos a disidentes políticos del Cono Sur en varios países, y entre los citados en colaboración figuraban Colombia, Venezuela y Perú.
Poco se ha investigado la participación de la seguridad colombiana o de la Dirección de Seguridad e Inteligencia venezolana (Disip) en aquellos años. Entonces en Venezuela, por ejemplo, había presencia activa de grupos cubanos anticastristas con sede en Miami, con gente como Luis Posadas Carriles, quien en 1976 dirigió desde Caracas el atentado contra el avión de Cubana de Aviación que explotó sobre Barbados, dejando 73 muertos.
La operación del secuestro de Rodrigo Granda, considerado "canciller" de las FARC, pudo haberse inspirado en el Cóndor, en este caso utilizada además para socavar las bases del gobierno de Hugo Chávez, en momentos en que se recrudece la presión estadunidense contra ese país, cuando la designada secretaria de Estado acaba de definir a Venezuela en su comparecencia ante el Senado como una "influencia negativa" en América Latina.
Antecedente en Ecuador
El antecedente del caso Granda fue la captura en Ecuador -pero en este caso en el contexto de un pedido de la Interpol y con la anuencia del gobierno local- del dirigente de las FARC Simón Trinidad, quien luego fue entregado a Colombia para ser extraditado el 31 de diciembre a Estados Unidos, que lo requiere al igual que a otros jefes guerrilleros colombianos por "sospechas" de narcotráfico.
Lo cierto es que el pago a miembros de seguridad para colaborar en el secuestro, lo que admitió en el caso de Granda el presidente colombiano Uribe, aunque habló de "recompensa" a los agentes venezolanos que entregaron al guerrillero, también fue utilizado por dictadores como Pinochet, cuando sus socios de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) colaboraron en asesinatos como el del general chileno constitucionalista Carlos Prats y su esposa Sofía en Buenos Aires en septiembre de 1974, antes de la llegada de la dictadura en 1976.
Los participantes de las agencias de seguridad de la región gozaban de beneficios económicos cuando realizaban estas operaciones para eliminar opositores de las dictaduras vecinas que se habían refugiado en el país o buscaban escapar.
En Venezuela el fiscal general Isaías Rodríguez decidió abrir una investigación contra el ministro de la Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, para determinar si cometió delito al sobornar a funcionarios venezolanos, mientras los cinco militares acusados de ser los autores materiales del secuestro de Granda fueron presentados ya ante un tribunal militar que ordenó su reclusión en el Centro Procesador de Militares.
Acusados de "traición a la patria, abuso de autoridad, faltas al honor militar y poner en peligro la independencia del país y las relaciones con otras naciones", estos militares reeditaron un esquema de guerra sucia, que ha provocado un grave conflicto bilateral al gobierno de Chávez.
Es el mismo esquema de acción que se siguió en el Chile de Salvador Allende, el presidente constitucional que prefirió morir en el presidencial Palacio de la Moneda, bombardeado por los golpistas liderados por Pinochet.
Muchos de esos personajes del pasado con experiencia en este tipo de accionar, tanto en Colombia como en Venezuela y veteranos del Cóndor -amparados por la impunidad- podrían estár de regreso.
Cabe recordar que Posada Carriles, así como Guillermo Novo Sampo -quien actuó en el asesinato en Washington de Orlando Letelier, quien fuera canciller de Allende-, por ejemplo, no se retiraron, sino que están libres, luego de haber estado detenidos en Panamá por el intento de asesinar al presidente cubano Fidel Castro cuando asistía en ese país a la Cumbre Iberoamericana de 2000.
Los archivos de Cóndor en Paraguay dan cuenta de los pedidos de informes requeridos por los regímenes del Cono Sur a Colombia (figura en los reportes como Col), Venezuela (Ven) y Perú (Pe), según consta en varios documentos.
En el año 78, grupos de militares y policías argentinos participaron en Colombia en persecución de argentinos que, huyendo de la dictadura, estaban en ese país. Por esos años la Disip contestaba pedidos de informes sobre ciudadanos del Cono Sur, entre ellos el paraguayo Valentín Quintana, como consta en los archivos descubiertos gracias al trabajo del abogado paraguayo Martín Almada. En Perú, también en los 70, hubo secuestro de opositores argentinos.
De modo que hay antecedentes de experiencias conjuntas, que podrían inspirar nuevas operaciónes ya en función del geoestratégico Plan Colombia.
