SIN REFORMAS

Francisco Gil Díaz hizo, a principios de año, una extensa presentación del desenvolvimiento de la economía mexicana durante su gestión en la poderosa Secretaría de Hacienda, sobre su estado actual y sus perspectivas. El escenario fue el Center for Stategic and International Studies, en Washington, y el discurso apuntó las fortalezas de la política macroeconómica, la creciente dependencia de la economía estadunidense y los rezagos en la productividad nacional (la presentación puede verse en www.csis.org).

El discurso es bien conocido internamente; en su visión, el secretario ha sido siempre muy consistente y firme, a pesar de que los éxitos macroeconómicos no alcanzan a generar un crecimiento suficiente y sostenido del producto y del empleo. Pero eso ya vendrá, según proclama la posición de la política económica que existe ya por largo tiempo en el gobierno mexicano.

La presentación no contiene un comentario que hizo el secretario y que tiene que ver con el estado de las "reformas estructurales" que promueve el presidente Fox. Según informan las agencias de noticias, Gil Díaz señaló que las reformas en el campo laboral, energético y de telecomunicaciones quedarán pendientes y que no es probable que se alcancen en los dos años que le quedan a este gobierno.

El tema de las reformas es uno de los más conspicuos en el ámbito económico para la actual administración federal. Las iniciativas al respecto se han frustrado en su discusión en el Congreso y, en efecto, lo más probable es que no se concreten en el tiempo que resta y que en términos reales abarca hasta las elecciones de 2006.

El asunto de las reformas ha sido muy controvertido. El Ejecutivo reclama que el Congreso, dominado por los partidos de oposición, ha obstaculizado sus propuestas, mientras que los legisladores aducen que las iniciativas que han recibido no son las que convienen al país. Lo que no queda claro para todos los demás son las limitaciones técnicas de las reformas en cuanto a sus repercusiones económicas y sociales, tal como las concibe el gobierno. Y, por otro lado, tampoco es muy claro hasta dónde llega la disputa entre las fuerzas políticas en cuanto a la obstrucción de que se quejan el Presidente y su partido.

Lo que sí es claro es que nadie sale ganando de esta situación. Y es precisamente este entorno el que pone en entredicho la posibilidad de sacar a la economía mexicana del marasmo en que está desde hace ya más de dos décadas. Este sistema necesita de una terapia de choque, para renovar la capacidad de discusión política y de alcanzar acuerdos que se acepten socialmente y puedan hacerse operativos.

No sólo están pendientes las reformas en éstos y otros temas relevantes para la economía, sino que se complican con los efectos que se producen en el campo de la aplicación y el cumplimiento de las leyes. México no es un Estado de derecho y las consecuencias de ello son muy graves; así, la reforma institucional es, tal vez, la más necesaria de todas y en la que más esfuerzo político debe empeñarse.

En tanto esto no ocurre, el país vive de una inercia que es cada vez más dañina. El dicho de que en México no pasa nada ­como se repite a toda hora en los anuncios pagados en la radio y televisión por el gobierno­ puede interpretarse de distintas maneras, unas diametralmente opuestas a las otras. En el sustrato de esa inercia lo que hay es una creciente descomposición de la capacidad productiva, de la posibilidad de generar riqueza y de aumentar en serio la situación de bienestar de la población. Lo que está en juego es la misma capacidad de la reproducción social en un horizonte cada vez más amplio que despeje el pesimismo prevaleciente.

El asunto de las reformas se está convirtiendo en un fetiche sin que se logre establecer una visión coherente de un proyecto nacional que signifique algo para el conjunto de la gente. Así, el debate es cada vez más primitivo, las disputas cada vez con menos contenido y el agotamiento más evidente. La verdad es que así, aquí no pasa nada mientras que todo pasa §