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Lunes 24 de enero de 2005

Jorge Santibáñez Romellón*

La reforma migratoria de George W. Bush

Hace unos días el presidente Bush reiteró su propuesta de una reforma migratoria esbozada hace más de un año, que en esencia se trata de un programa de trabajadores temporales que otorgaría permisos a extranjeros para trabajar en el país vecino durante tres años, renovables por otros tres, en actividades y empleos que los estadunidenses no deseen ocupar. Adicionalmente, como para calmar al ala conservadora de su partido, ha insistido en que no se trata de una amnistía, que sería vista como perdonar a alguien que, según ellos, cometió un delito y atraería nuevos inmigrantes. Sin embargo, el término reforma resulta ambicioso, porque en realidad no se está cambiando la forma de ver el proceso migratorio, simplemente se está reaccionando a una realidad que, en opinión de algunos, entre ellos el propio Bush, alcanzó niveles que requieren ajustes.

En México deberíamos aceptar que no se trata de un acuerdo migratorio, entendido como un conjunto de mecanismos acordados entre los dos países para diseñar e instrumentar el otorgamiento de permisos. Tampoco es un gesto hacia México y mucho menos se deriva de nuestras gestiones. Es algo pensado exclusivamente en función de los intereses de Estados Unidos, como ha expresado de manera clarísima el presidente Bush: incrementar su seguridad, propiciando con ello que los indocumentados que hoy residen en Estados Unidos "salgan a la superficie", y mantener en su mercado laboral una mano de obra dócil, barata, poco calificada, con el mínimo de derechos y que no compita con los ciudadanos nativos. Aunque la propuesta es mala e incompleta, es lo más que habría: la tomamos o la dejamos, es así de sencillo; eso es precisamente lo que deberíamos estar discutiendo en estos momentos, y no de quién es el crédito o cómo se rentabiliza políticamente.

Falta por conocer las precisiones fundamentales para saber qué tan buena o mala es la propuesta, es decir, los detalles que en letras pequeñas aparecen en este tipo de programas y que incorporarían o eliminarían a miles de candidatos. Por ejemplo, no se ha precisado si este programa incluye a quienes ya residen en Estados Unidos, para los que casualmente la propuesta es menos interesante, ya que eventualmente podría regresarlos a sus países contra su voluntad, y si permitiría la llegada de nuevos inmigrantes y en qué número. Estas cuestiones resultan fundamentales, y para que esta reforma significara una diferencia importante en su proceso migratorio, México requeriría de por lo menos 400 mil permisos por año. Esos números espantan a muchos de los congresistas que tendrían que aprobar el citado programa.

De nuestro lado, los representantes gubernamentales se han apresurado a recibir con beneplácito la propuesta porque, aunque no se conozcan los detalles y sepan que nada tenemos que ver en ella, la propuesta por lo menos aborda probablemente el único tema en el que el presidente Fox y sus colaboradores esperan aún algunos resultados positivos y alimentan la esperanza de que si bien no somos necesarios en su diseño, sí podemos significar la diferencia en su instrumentación.

Lo que está por verse es qué tanto estamos dispuestos a hacer para aprovechar ese eventual programa. ƑEstamos dispuestos a garantizar que controlaríamos que nuestros emigrantes ya no viajaran a Estados Unidos de manera indocumentada? ƑEstamos listos para distribuir cientos de miles de visas beneficiando de manera equitativa las diferentes regiones de México? ƑEsta tarea podría realizarse sin corrupción, utilización política o partidista? ƑQué vamos a hacer con respecto a los miles de emigrantes centroamericanos que transitan por nuestro país para entrar a Estados Unidos?

Como era de esperarse, lo que se conoce de la propuesta no ha generado consenso ni aquí ni allá, pero, por más mala que sea, los emigrantes mexicanos que hoy arriesgan y pierden la vida podrían beneficiarse de ella, aunque por supuesto muchos se sentirán decepcionados de sus limitados alcances. Sin embargo, lo más preocupante es que en México aún no discutimos cómo aprovecharemos esa eventual reforma o qué cambios institucionales haríamos para administrar cientos de miles de visas de trabajo temporal. Bush dijo que invertiría capital político en su propuesta; parece que de nuestro lado nadie está dispuesto a arriesgarlo, en un año en que lo que no sobra es eso: capital político.

* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte

opinion@colef.mx

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