Europa
En España se realizó el primer referendo sobre la Constitución Europea, lo que habrá de hacerse en el resto de los países que conforman la Unión. Prácticamente todas las fuerzas políticas apoyaron decisivamente el voto afirmativo. Las que no lo hicieron así proclamaron sus reservas, sobre todo las asociadas con pretensiones de tipo nacionalista, que en esos países se expresan con vehemencia.
España ha sido especialmente favorecida con la integración europea, en especial con los fondos que se transfieren para proyectos de promoción del desarrollo, por ejemplo, los asociados con infraestructura. Al parecer, esos recursos han sido bien utilizados, lo que se muestra en el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de bienestar durante un largo periodo. Con los fondos de compensación ha habido una convergencia con el nivel de desenvolvimiento de otras naciones de la región.
La historia de este complejo proceso integrador es larga y en términos más actuales se remonta a los primeros pasos tomados después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ha llevado 60 años llegar hasta donde hoy se encuentra.
Esta historia muestra que no sólo se requiere voluntad política, condición sin duda necesaria, sino que las acciones que se van tomando de manera paulatina tienen que manifestarse, de una u otra forma, en la aceptación popular a partir de su incorporación en las formas cotidianas de existencia. Esto ocurre cuando los pasos que se van dando se validan en términos prácticos para, entonces, hacerse legítimos.
En los últimos años la integración ha avanzado rápidamente en sus manifestaciones políticas y económicas. Existe un gobierno europeo con capacidad de decisión de naturaleza supranacional. De él emana ya un extenso conjunto de leyes que afectan a la población de todos los países de la Unión.
Las condiciones que tienen que ver con la producción, el comercio y el trabajo también se han modificado de modo significativo. No hay restricciones para el movimiento de capitales, mercancías y, sobre todo, personas. Igualmente hay una serie de regulaciones comunes para el funcionamiento de los distintos mercados, que los hacen más homogéneos.
Además, se tiene una moneda común para realizar todas las transacciones. Los países han cedido así su soberanía monetaria a favor del Banco Central Europeo, responsable de fijar las tasas de interés para la zona del euro.
Pero estas naciones no han cedido su poder sobre la política fiscal, es decir, la gestión de los ingresos y los gastos públicos y el financiamiento del déficit.
Esto indica que a pesar de la amplitud de la integración, sigue habiendo una especificidad de la cuestión social a la que ningún Estado de los que participa en la Unión quiere o puede renunciar. Aún es nacional el control del mercado de trabajo, de los sistemas de salud, seguridad social y pensiones, y de la educación.
El ciclo de cada economía es distinto, puesto que existen fuertes elementos autónomos de regulación social, y la política fiscal debe responder de manera individual. Por ello es tan difícil satisfacer las metas generales establecidas para el déficit. Las economías más grandes, como Alemania y Francia, no pueden cumplir con la norma del déficit de 3 por ciento del PIB establecida por la Comisión Europea. Ahora ya se está promoviendo una postura más laxa para la administración del déficit que no genere sanciones.
Por eso sigue habiendo también una abierta disputa entre las fuerzas políticas que mantienen diferencias significativas a pesar de las restricciones que impone la integración. Eso se vio recientemente en España, con la derrota electoral del Partido Popular, y es también el caso en Portugal.
La integración, siendo tan profunda, aún tiene que enfrentar grandes problemas de desempleo, falta de competitividad, rezagos sociales y prestación de servicios públicos, incluyendo la seguridad. Es patente el conflicto que sigue generando la inmigración en estas sociedades.
El problema social europeo sigue vigente y tiene delimitaciones nacionales que todavía no pueden superarse, aspecto relevante en cualquier análisis que se haga de esta experiencia de rasgos tan notables. De ahí surgen las posiciones contrarias frente al modo en que se conduce la integración, que ahora llama a refrendar la Constitución. La Europa de la Unión no es monolítica y las minorías también se expresan.
Desde una perspectiva política como la que puede tenerse en México, sobresalen varias cuestiones del proceso europeo. El libre comercio como el que se ha promovido sobre todo con el tratado con Estados Unidos es un proceso limitado, que impone diferencias más que promueve el acercamiento entre las distintas condiciones nacionales. Los europeos pueden manifestar su postura con respecto a un asunto que les afecta directamente, mientras el TLCAN se propuso, se negoció y se administra en un marco autoritario.