Editorial
La Presidencia en su laberinto
Por medio de su vocero, Rubén Aguilar, el gobierno foxista volvió ayer al tono altisonante que tanto daña a la institución presidencial para descalificar los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre la evidente autoría del Ejecutivo federal en la conspiración político-judicial en su contra. El portavoz leyó un documento en el que proliferan los argumentos de supuesta defensa de la legalidad y los denuestos contra el gobernante capitalino, a quien se señala como despectivo de la ley, difamador e irrespetuoso para con las instituciones y "las investiduras republicanas", como si no fuera el propio presidente Vicente Fox el que ha faltado al respeto, de múltiples maneras, a lo largo de más de cuatro años, a su propia investidura, al participar en actos de culto religioso en su calidad de jefe de un Estado laico; pregonar inexactitudes, verdades a medias o manifiestas mentiras en materia económica y social; desconocer sus responsabilidades y atribuciones; cometer dislates verbales inaceptables en boca de un presidente de la República; colocar a su esposa en posición de cogobierno por completo ajena a la normatividad constitucional; vulnerar el sentido y el espíritu de la Carta Magna en materia energética y, de un tiempo a la fecha, al alentar en su entorno inmediato un operativo de linchamiento mediático, político y jurídico contra un opositor que suscita en el círculo presidencial encono visceral claramente perceptible por la mayor parte de la ciudadanía.
Por esas razones, el comunicado emitido ayer por la Presidencia de la República, lejos de disipar las sospechas o las convicciones de que el proceso de desafuero al que se quiere someter a López Obrador es un asunto en el que Los Pinos no tiene nada que ver, refuerza la idea contraria y confirma el uso faccioso del poder político que constituye, a su vez, factor de primera importancia de la degradación institucional que hoy padece el país.
Sería difícil explicar la virulencia presidencial si no se hubiese manifestado en días pasados un vuelco de la opinión pública contra el proceso infame de desafuero iniciado digan lo que digan los comunicados de Los Pinos por el Ejecutivo federal, por mano de la Procuraduría General de la República, la cual decidió el ejercicio de la acción penal en circunstancias en las que legalmente habría podido determinar lo contrario, en un caso en el que los delitos reclamados eran una fabricación inocultable. Ese vuelco no se expresa única ni principalmente, hasta ahora, en las aún incipientes movilizaciones populares en defensa de los derechos políticos del mandatario capitalino, sino en tomas de posición contra el desafuero como la asumida la semana pasada por José Luis Soberanes Fernández, no en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sino como abogado particular.
Destacan también la opinión de medio centenar de destacados intelectuales que firmaron un manifiesto publicado ayer en estas páginas contra el amañado proceso jurídico-legislativo y la del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, quien dijo que el proceso contra López Obrador constituye una "imprudencia política", así como la del ex representante de México ante la Unión Europea, Porfirio Muñoz Ledo, quien se refirió a los empeños del grupo gobernante contra el mandatario capitalino como "intento de descarrilar candidatos por vías no electorales". A esos señalamientos habría que agregar el del arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, quien el domingo pasado dijo que las movilizaciones contra el desafuero son, en principio, legítimas.
El presidente Fox, su secretario de Gobernación, Santiago Creel, y otras voces del grupo en el poder han dicho de todas maneras y en todos los tonos que la supuesta legalidad que defienden en el caso de El Encino "no se negocia". Sin embargo, en días pasados se dio a conocer que el diputado federal panista Germán Martínez, vicecoordinador de la fracción de su partido, ofreció a los abogados de López Obrador una negociación orientada a detener su desafuero, habida cuenta del "alto costo" que habría de pagar el blanquiazul por esa maniobra, a cambio de que las autoridades capitalinas aceptaran la inculpación de José Agustín Ortiz Pinchetti, quien actualmente es integrante de la Cámara de Diputados y en los tiempos en los que supuestamente se cometió el desacato alegado por la PGR se desempeñaba como secretario de Gobierno del Distrito Federal.
Es pertinente complementar las palabras del legislador blanquiazul: no sólo el PAN pagaría un costo político enorme por la consumación de un proceso que equivale a un golpe de Estado contra una autoridad democráticamente electa; también el gobierno foxista, supuesto defensor de la democracia, la legalidad y las instituciones, quedaría expuesto ante la opinión pública nacional e internacional como severo infractor de esos mismos valores. Es difícil imaginar mayor daño a las instituciones del país que meter a la Presidencia de la República en semejante laberinto.