Pase lo que pase con el desafuero continuarán programas sociales, afirma Ebrard

Para el secretario de Desarrollo Social, Marcelo Ebrard Casaubon, pase lo que pase en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales, que son el eje central de su proyecto de gobierno en la ciudad, no los podrán interrumpir.

Si bien no todos los programas se han establecido por ley, como la pensión universal a personas adultas mayores y de útiles escolares gratuitos a estudiantes de prescolar, primaria y secundaria, advirtió que la gente no permitirá que se aseste un "golpe completo" a la ciudad, como sería imponer un gobierno distinto al enarbolado por el jefe de Gobierno, que signifique un retroceso en esta materia.

En entrevista con La Jornada, el funcionario se asumió como camachista, en el sentido de que el ex regente capitalino fue "mi maestro", con quien trabajó durante mucho tiempo, pero no hay duda de que su proyecto ahora es el que encabeza López Obrador, porque, aseguró, contiene ingredientes que caracterizaban al camachismo, como la disidencia dentro del PRI, que se reflejaron en situaciones como los sismos de 1985 y el conflicto en Chiapas en 1994.

"Fue una etapa, pero hoy, quien encabeza el proyecto es Andrés Manuel López Obrador", afirma, y por ello la decisión de defenderlo del desafuero, pues no sólo se trata de defender a una persona, sino a un proyecto de gobierno.

Frente a las críticas por utilizar a personal de la dependencia en la campaña contra el desafuero, sostiene que se trata exclusivamente de informar, porque el gobierno tiene el legítimo derecho de defenderse "de una agresión", y recuerda que el GDF no está en campaña para ser gobierno, "es un gobierno en funciones y se pretende destituir a quien lo encabeza".

Y si de eso se trata, sería equivalente a decir que el gobierno federal, desde el Presidente de la República, está desviando recursos públicos para impulsar el desafuero, y basta recordar la reunión que sostuvo Vicente Fox con diputados del PAN en Morelos, donde los llamó a votar en bloque a favor del desafuero.

En cuanto a su nuevo papel como secretario de Desarrollo Social, cuyo reto, asegura, no es menor que el que tuvo en Seguridad Pública, señaló que no habrá cambios en la política que se ha venido siguiendo, se dará continuidad a los programas poniendo énfasis en algunos temas, como el de las adicciones, la violencia intrafamiliar y otro que es mucho mayor de lo que se había pensado, que es la depresión infantil y en adolescentes y que en gran medida está asociada a las dos primeras.

En el primer caso, fijó una meta de atender a 20 mil personas con problemas de adicción, y en el segundo a 83 mil personas.

El funcionario distinguió dos modelos distintos de hacer política social en el país: en el DF se apuesta a la universalidad de los derechos sociales, la atención integral e incentivar la participación de la gente, mientras que en el gobierno federal se aplica un modelo marginalista que sólo busca amortiguar la pobreza.

Identificó como la limitante estructural de la expansión de los programas sociales del gobierno, el trato desigual que recibe en materia fiscal, al ser la entidad que capta 46 por ciento de todos los impuestos federales y recibir de cada peso únicamente siete centavos, por lo que advirtió: tarde o temprano tiene que haber un acuerdo fiscal diferente, más favorable para la ciudad.

Y encima de ello, cada que tienen oportunidad excluyen a la ciudad de programas federales, porque dicen que en la ciudad de México no hay pobreza, tal como pretendieron hacer en el caso de la educación, que hubiera significado quitar al DF 9 mil millones de pesos, cuando el conjunto de programas sociales de la dependencia tendrá una inversión de 13 mil 778 millones de pesos.

Basta con observar que para 16 por ciento de la población beneficiaria, de un universo de más de un millón 800 mil personas, los programas del gobierno capitalino significan 50 por ciento de sus ingresos.