Lamenta que en México no se consideren prioritarios los derechos de las mujeres
El Estado rehúye su responsabilidad en la violencia de género, acusa relatora
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Violencia contra la Mujer, Yakin Ertük, expuso ante agrupaciones no gubernamentales que el Estado mexicano no se considera responsable de los abusos contra las mujeres y, por tanto, no los considera una violación a los derechos humanos.
Luego, ante estudiantes del Instituto Matías Romero, lamentó que los derechos de las mujeres no se consideren prioritarios.
La funcionaria realiza una visita a México de cinco días, signada por el desaire oficial. El miércoles, en lugar de reunirse con el presidente Vicente Fox Quesada en la residencia oficial de Los Pinos, lo hizo con la esposa del titular del Ejecutivo, Marta Sahagún, y hoy, en vez de entrevistarse con el canciller Luis Ernesto Derbez, conversará con la subsecretaria para Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi.
Ante los estudiantes, Yakin Ertük cuestionó que pese a la ratificación de todos los instrumentos internacionales que respaldan las garantías individuales de las mujeres, en México persistan problemas como el de Ciudad Juárez. Recomendó a la sociedad civil organizarse para demandar al gobierno que modifique su conducta ante esos casos.
Informe de las ONG
Michel Maza, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, recordó en conferencia de prensa que en el encuentro privado que sostuvieron el miércoles con la relatora, les externó su preocupación porque el Estado mexicano no se siente responsable de los abusos que se cometen contra las mujeres.
Allí le entregaron un informe que documenta casos de tráfico, desaparición, violación y hostigamiento sexual contra mujeres, además de ampliar el panorama de feminicidios, expresándole que el incremento de asesinatos no es privativo de Ciudad Juárez, sino que ya se presenta en otros lugares como Guanajuato -donde los crímenes pasaron de nueve, en 1995, a 22, en 2004- y Morelos, donde en un lapso de tres años ocurrieron 90 homicidios.
En el documento de 27 cuartillas, la red -que congrega a escala nacional a más de 40 organizaciones- acusó al Estado mexicano de ser ''violador" de los derechos de las mujeres, al garantizar la impunidad en lugar de protegerlas. Señaló que las desapariciones y ejecuciones forzadas constituyen uno de los casos más emblemáticos de la situación, porque esta violencia es "sistemática en todo el territorio mexicano", donde el común denominar es la discriminación, al impedir a las mujeres el acceso a la justicia.
Con base en indicadores oficiales, las ONG presentaron a la relatora un perfil sobre la violencia de género en México: una de cada 10 mujeres padece agresión física de sus parejas y, en específico, enfrenta esta situación 30.4 por ciento de las casadas.
Tan sólo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señala que diariamente se registran más de cuatro abusos sexuales; el Centro de Atención para Violencia Intrafamiliar, en la capital del país, atiende entre 700 y 750 casos al mes por estas causas, mientras se registra un incremento de 11 por ciento anual en esas cifras.
El Centro Fray Julián Garcés, de Tlaxcala, esbozó a la relatora la problemática de la trata de mujeres para la prostitución y de los vínculos que estas redes forman con autoridades, familiares y quienes trafican armas, para sustentar y fomentar el delito.
Expuso el caso de Martha Angélica Martínez Ambrosio, madre de dos hijos, quien se presume comenzó a prostituirse -por datos recabados en la comunidad de Tenancingo- por presiones de su ex concubino Sergio Guzmán Hernández. Lo último que se supo de ella es que viajó en compañía de su ex pareja en abril de 2001 a Nueva York, y a la fecha se encuentra desaparecida.
En el informe, el Centro de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denunció que 31 por ciento de las violaciones a garantías individuales registradas en Guerrero corresponden a violaciones de mujeres, y en 49 por ciento de los casos las autoridades se niegan a investigar.
Abundaron sobre los casos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y Obtilia Eugenio Manuel, cuyas investigaciones sigue la justicia militar, reacia a dar información sobre los avances, cuando deberían ser atraídas por el fuero civil.
Indicaron, con base en datos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que en 2002 se presentaron 106 casos de hostigamiento sexual contra mujeres, 370 despidos por embarazo, 107 por violencia laboral y 391 más por despido injustificado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expuso a la relatora de la ONU el caso de Nadia E. Zepeda Molina, quien fue detenida y violada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en enero de 2003. Un año y cuatro meses después fue sentenciada a cinco años de prisión, acusada de comercializar cocaína. La agrupación considera que su proceso fue injusto y que presenta grandes irregularidades.
Además, le notificaron que en Guanajuato no se respeta, aunque ya es una ley, la libertad de las mujeres para recurrir al aborto cuando son víctimas de una violación y resultan embarazadas.