Se "niegan derechos de los pueblos indígenas": PRD
Diputados aprueban reforma a la ley de asentamientos humanos
Las bancadas de PRI y PAN en la Cámara de Diputados aprobaron la minuta del Senado que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos, que considera a las comunidades indígenas "centros de población con espacios urbanos y ambientales", definición que -denunció el PRD- niega una vez más los derechos plenos de los pueblos originarios, pues no se obliga sino sólo se sugiere que la Federación, los estados y municipios consulten las necesidades de los pueblos para el desarrollo de programas en su beneficio.
Así, la decisión sobre el desarrollo económico y político de las comunidades "quedará en manos de la autoridad constitucional correspondiente y la participación de los habitantes se reduce a la simple opinión y se les niega el derecho a decidir. Esto repite la historia de subordinación y tutela a la que han sido sometidos estos mexicanos "desde la Conquista española", cuestionó en tribuna el diputado del PRD Bernardino Ramos Iturbide.
El debate entre los grupos parlamentarios derivó en un intercambio de acusaciones entre PRI y PRD. La diputada priísta por Oaxaca Sofía Castro Ríos, también desde la tribuna, afirmó que la posición perredista se debía, en realidad, a un ánimo de "defender desde aquí lo que para ellos ha sido el instrumento de su bandera: la condición de los indígenas, su situación de vida, de pobreza, rezago y marginación. ¡Esas son las banderas que utilizan para aprovecharse de los hombres y de las mujeres que nacieron en las tierras que dieron origen a este país!"
En respuesta, Bernardino Ramos consideró que el PRI no tenía vergüenza "para venir aquí a decir de la utilidad política de los pueblos indígenas", pues señaló que si algún partido se ha aprovechado de las comunidades para obtener dividendos electorales es precisamente el Revolucionario Institucional.
La reforma, insistió, no tiene ningún carácter vinculatorio y sólo repite una de las máximas priístas de "darles atole con el dedo" a los indígenas, porque en el texto se excluye a las autoridades y representaciones indígenas de promover los programas de planeación y desarrollo, que sólo podrán concretarse mediante convenios con las autoridades constitucionalmente establecidas.
"Y excluir a los pueblos de las decisiones sobre su propio destino contradice la reforma constitucional de 2001, que a su vez no cumplió con los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Aquí simple y llanamente se ensalza la historia y grandeza de nuestros antepasados como una cortina de humo para continuar el sometimiento, la discriminación y marginación de casi 13 millones de mexicanos", expuso.
Ramos Iturbide hizo un último llamado al pleno a no aprobar el dictamen de la minuta del Senado, porque no implica ningún avance para los pueblos indígenas y sí un retroceso para el diálogo y la paz digna en Chiapas, y colocaría a la Cámara de Diputados "de espaldas a los pueblos indígenas y lanzaría un pésimo mensaje en la construcción de un México moderno, pluricultural y multiétnico".
Sin embargo, la diputada Sofía Castro Ríos mantuvo su posición de que la reforma constituye una aportación relevante al reconocimiento de que las comunidades indígenas son centros de población y remarca el carácter de interés público de los programas para mejorar sus condiciones de vida, además de que establece las posibilidades de acceso, financiamiento público y privado, previa consulta con los pueblos.