Es "jurídicamente improcedente y absolutamente político", expresa el ombudsman
En Chiapas, Soberanes reitera su rechazo al desafuero
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Jos�uis Soberanes, ayer en Tuxtla Guti�ez, Chiapas FOTO Victor Camacho
Tuxtla Gutierrez, Chis., 25 de febrero. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, insistió en que es "jurídicamente improcedente y absolutamente político", el proceso de desafuero iniciado contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, e hizo votos por que las partes en conflicto se ajusten estrictamente a los terrenos técnico-jurídicos, pues, dijo, "ya los rebasaron y convirtieron en querella política que enrarece peligrosamente el ambiente de la vida pública nacional".
En el marco de la firma de un convenio de protección a los derechos humanos con el gobernador de la entidad, Pablo Salazar Mendiguchía, Soberanes insistió a los actores políticos del país que deben superar la pugna y la confrontación que se vive, dando cauce institucional y legal a la problemática, y así reorientar la vida pública, enfrentando los verdaderos problemas nacionales en el orden social y del desarrollo.
Reiteró que es "improcedente desaforar al jefe del Gobierno capitalino. No lo estoy defendiendo ni soy su abogado; únicamente veo que se actúe conforme a la ley. La mía es una opinión particular. Creo que es importante que sean las instancias jurídicas las que resuelvan el caso, y determinen su improcedencia dado que el artículo 14 de la Constitución exige que para aplicar una pena, ésta tiene que estar escrita específicamente en la ley. No se puede aplicar una sanción por analogía ni por mayoría de razón", sostuvo.
En este sentido calificó la posibilidad de que el caso se remita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como "una vía legal a la que se puede recurrir sin ningún problema", pero -aclaró- esta instancia es simple y sencillamente un organismo internacional que da sugerencias. Es decir, no es supranacional, "no puede resolver el asunto a fondo; esa no es la salida."
Por otro lado, al referirse al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que no aplica la retroactividad en casos de genocidio, y por tanto se exoneraría al ex presidente Luis Echeverría y a otros ex funcionarios de su gobierno por la matanza del 10 de junio de 1971, el ombudsman nacional recomendó esperar a que termine el litigio, porque los ministros solamente abordaron un aspecto y faltan otros agravios por analizar. Entonces, apuntó, creo que el asunto todavía está en la jurisdicción de la Corte.
Soberanes firmó con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas un convenio de colaboración para dar seguimiento a las quejas y recomendaciones sobre violaciones a los derechos humanos, así como para la promoción de los mismos.
Durante el acto el gobernador Pablo Salazar sostuvo que su administración y funcionarios "nos comprometemos invariablemente a aceptar todas y cada una de las recomendaciones" que emita el organismo nacional.