EL SONORO RUGIR

Lucio Álvarez
 
 

 

Fotografía: Archivo La Jornada

A quienes tuvieron la oportunidad de ver de cerca las condiciones del sector azucarero antes de la expropiación del 2001, les consta que por las oficinas de las principales empresas productoras (incluidas las de un fideicomiso del gobierno federal encargado de la sindicatura de dos ingenios en operación) deambulaba un personaje que después sería famoso: uno de los "cerebros" financieros del grupo que llevó a la presidencia a Vicente Fox.

El personaje quería entrar a la venta de azúcar, un noble negocio que hace millonarios sin invertir a veces prácticamente nada, salvo una buena relación, una pequeña oficina y un teléfono para ordenar compras a crédito y amarrar ventas al contado. En aquel tiempo el precio del azúcar alcanzó niveles muy bajos, pero eso no impedía que los intermediarios obtuvieran jugosas ganancias. La distancia entre los precios de venta a puerta de fábrica y los precios pagados por el consumidor final, que incluso llegaron a rebasar el 50%, dio origen a una situación contradictoria, pues mientras los ingenios se empobrecían, la cadena de intermediarios, que comprendía desde los grandes mayoristas hasta vendedores al menudeo, engordaban la bolsa.

Seguramente eso orilló a nuestro personaje a querer entrar en el lucrativo negocio. Quizá no presentó debidamente sus credenciales políticas, o tal vez nadie creyó en una derrota del PRI; el caso es que un posible aliado terminó convertido en temible enemigo.

El personaje, ahora alejado de su entonces candidato, se cobró las prolongadas antesalas y los desaires en septiembre de 2001. Mediante un decreto presidencial, que hablaba de malos empresarios y de rumores acerca de campesinos descontentos y cañas sin cosechar, el gobierno foxista expropió 27 de los 60 ingenios en operación. De golpe, un grupo, o en su versión pública, el gobierno federal, tuvo en sus manos casi 50% de la producción nacional de azúcar.

Aunque mal justificada, la medida tuvo un impacto directo en el punto de mayor interés de quienes la pusieron en práctica: la comercialización del azúcar. Inmediatamente después de anunciada la decisión, los precios tendieron a estabilizarse y crecer. Según reportes del Fideicomiso para el Mercado del Azúcar y del Sistema Nacional de Información de Mercados se estima que sólo entre agosto de 2001 y diciembre de 2003, los precios del azúcar registraron incrementos promedio superiores al 30%.

Pero si los ingenios han ganado, los comercializadores no se han quedado atrás. Se calcula que los ingresos de los mayoristas subieron en algunos casos del 13 hasta el 19% respecto al precio de fábrica. Considerando una producción de 2.4 millones de toneladas por zafra, se puede decir que sólo en el ciclo 2003/2004 la comercialización del azúcar de los ingenios expropiados arrojó de mil 700 a 2 mil 700 millones de pesos.

A dos años y meses de la expropiación, y obviamente después de haber ganado algunas decenas de millones de pesos, el grupo que la planeó ahora propone hacerse de algunos ingenios a partir de la muy probable próxima reprivatización de los 27 que hoy controla.

Sin embargo, por lo que se ve, a esta reprivatización se le quieren crear condiciones que satisfagan un conjunto de intereses. En primer lugar, la reapertura del mercado de edulcorantes a la fructosa para satisfacer las exigencias de la industria refresquera, que desde hace dos años ha visto encarecer sus costos tanto por el impuesto especial aplicado a ese jarabe como por el aumento al azúcar. En segundo lugar, la capacidad de los ingenios para aumentar su competitividad al negociar de manera más favorable el precio de su principal materia prima, es decir, la caña de azúcar.

Paradójicamente, cuando la Sagarpa presumía a la azucarera como una de las agroindustrias más prósperas, el 14 de enero pasado el Ejecutivo federal resolvió abrogar el decreto cañero vigente desde 1991. De ahora en adelante, los ingenios ya no estarán obligados por ley a entregar a los productores de caña el 57% del valor del azúcar vendida a puerta de fábrica. Empujados a una nueva negociación entre "las partes" e ingenio por ingenio, no se necesita ser muy perspicaz para saber cuál parte a la larga resultará más perjudicada.

El eventual descenso de los precios del azúcar (situación que de ninguna manera garantiza, se ha visto, un beneficio al consumidor final) y el regreso de la fructosa al mercado es probable que traigan como consecuencia el cierre o la fusión de los ingenios más ineficientes y la necesidad, para miles de campesinos, de cambiar de cultivos o reorientar la producción de caña hacia otros procesos no tan rentables.

Quizá estos escenarios estén previstos, y seguramente se hayan subordinado a los intereses de los patrones de ayer (los de la industria del refresco) y los nuevos amigos listos para ser los industriales azucareros de mañana. Son los mismos que han hecho fortuna comercializando azúcar sin invertir más que la tinta y el papel donde se imprimió el decreto de expropiación.