Buscará que el magistrado esté adscrito a La Palma o Puente Grande, advierte
Meterá mano la PGR para procesarme ante un juez de consigna, dice López Obrador
Estoy preparado para eso; sé que el camino es largo, señala el mandatario capitalino
En caso de ser desaforado, advirtió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría General de la República (PGR) intentará ''meter mano'' para procesarlo ante un juez de consigna adscrito al penal de La Palma, en el estado de México, o Puente Grande, en Jalisco, pero aseguró que está preparado para eso y sabe que ''el camino es largo''.
Primero es esperar el dictamen de la sección instructora; luego, la votación del pleno de la Cámara de Diputados; promover enseguida un amparo para que no le retiren sus derechos políticos; recurrir a las instancias internacionales y, desde la cárcel, participar en la elección interna del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la candidatura presidencial, luego ante el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ''y luego, probablemente, a Los Pinos'', planteó.
Refirió que el Poder Judicial de la Federación tiene 18 juzgados de distrito en materia penal y junto con otros 18 del interior de la República se está analizando para saber cómo han procedido en otros casos. ''Vamos a observar, puede ser que atrasen o adelanten el turno, como una ruleta que le dan vuelta y con el pie la paran donde quieren, para que sea un juez a modo.''
Con esto, el mandatario capitalino respondió al comunicado de la Presidencia de la República emitido el lunes pasado, en el que se asegura que el desafuero no lo inhabilita para convertirse en candidato presidencial. ''Lo dicen de manera hipócrita -afirmó-, claro que van a meter las manos y a buscar un juez de consigna'', y al repetir que sigue ''buscando al tonto que se los crea'', además de voltear a ambos lados, levantó las cuartillas que tenía sobre el atril para buscar debajo.
Consideró además que los casos de inejecución de sentencias de amparo cometidas por autoridades del gobierno federal, de fechas posteriores a los de El Encino, así como aquellos anteriores en los que la PGR ha determinado el no ejercicio de la acción penal, comprueban que en su caso se está cometiendo un acto de discriminación, como aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, a quien expresó ayer su respeto por tener la ''arrogancia de sentirse libre''.
Sobre el análisis que hizo el ministro Genaro David Góngora, a partir de dos casos de desacato donde los responsables son autoridades locales, y en el que se advierte que un juez tendría que decidir no aplicar penalidad alguna por la indefinición de la pena o, en caso de condena, tendría que concedérsele el amparo por la inconstitucionalidad de la ley, dijo que precisamente el propósito de la defensa ante la sección instructora de la Cámara de Diputados es que deseche la petición de la PGR, por ser notoriamente improcedente.
La Jornada dio a conocer el lunes los casos de inejecución de sentencia en que incurrieron el procurador Rafael Macedo de la Concha y el presidente Vicente Fox, como su superior jerárquico, relacionados con la destitución de tres agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuya reinstalación fue ordenada por un juez sin que se diera cumplimiento a dicho mandato.
''Hay un asunto que tiene que ver con la discriminación, por los asuntos similares al mío, en que la procuraduría ha resuelto el no ejercicio de la acción penal argumentando que no hay pena aplicable: ¿por qué a mí sí me aplican una tesis de la Corte en 1997, que sacaron ex profeso, o sea, con dedicatoria, y después de mi asunto siguen resolviendo sin utilizar esa tesis?
''Para mí, sí se aplica ese criterio de la Corte; para el resto, no. Entonces hay dos varas. ¿Cómo le voy a creer entonces al ciudadano Presidente cuando dice que él no tiene nada que ver en esto?''
Reclamó además a la Presidencia que no han leído su libro que les envió, Contra el desafuero. Mi defensa jurídica, así como por el hecho de que no ha aclarado aún por qué a través de su oficina de comunicación social está ofreciendo a los medios de comunicación entrevistas con los abogados del dueño del predio El Encino.