Esperan que la Corte resuelva contradicción de tesis
Aún es posible dar solución jurídica al caso, afirma Duarte
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en el corto plazo una contradicción de tesis planteada por distintos tribunales de distrito, cuya resolución podría ser utilizada por la defensa de Andrés Manuel López Obrador para anular el proceso de desafuero que se le sigue, "abre la posibilidad de una solución jurídica al caso, y también estaría destrabando un tema político que ha causado controversia en el país", aseguró Horacio Duarte Olivares, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados.
Entrevistado después de participar en la conferencia Aspectos jurídicos del desafuero, convocada por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que "en el mundo del derecho existe esta posibilidad, por lo que la SCJN podría jugar un papel relevante al resolver sobre este tema".
Duarte Olivares afirmó que en la contradicción de tesis presentada en enero de este año ante la Corte -que le dio entrada el 4 de febrero pasado- se solicita establecer un criterio para resolver los asuntos de este tipo, ya que el debate se centra en si corresponde a un juez de distrito notificar el incumplimiento de una suspensión a la Procuraduría General de la República para que ésta investigue y ejerza acción penal, o si una vez que se advierte una posible violación a una suspensión el expediente se entrega al pleno de la SCJN, que debe determinar si hubo o no violación. De ser así, debe instruir a un juez de distrito para que siga la causa y, en caso de que el presunto responsable tenga fuero, correspondería a la Corte solicitar el desafuero.
Indicó que de acuerdo con la Constitución, el desafuero no significa que el funcionario deba abandonar su cargo, por lo que existe la posibilidad de que el jefe de Gobierno capitalino se mantenga en funciones hasta que "se inicie un proceso penal en su contra, en cuyo caso será suspendido de sus funciones y no removido, como se ha querido establecer".
Durante su participación en la conferencia, Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero del Instituto Federal Electoral, afirmó que en el proceso que se sigue a López Obrador por desacato, el aparato de Estado fue "usado con fines políticos para inhabilitar a un funcionario, ante un sector que busca suspender los derechos políticos del acusado".
Consideró que una de las prioridades que debe atender la autoridad es determinar si existe persecución política y si la sección instructora "puede actuar como si fuera juez", y calificó de "inmenso error" del gobierno foxista impulsar un proceso "plagado de irregularidades que no tendrá éxito".