Usted está aquí: jueves 3 de marzo de 2005 Política En Chiapas continúa clima de temor e impunidad, acusa Amnistía Internacional

El gobierno elude su deber de exigir cuentas a quienes violan los derechos humanos, dice

En Chiapas continúa clima de temor e impunidad, acusa Amnistía Internacional

Lejos de resolver conflictos, las autoridades avivan la violencia, como en Tila, señala

ALMA E. MUÑOZ

Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente en la que acusa al gobierno de Chiapas de eludir su deber para hacer rendir cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos, lo cual, consideró, "ha creado un clima de temor e impunidad".

Manifestó que ha recibido informes periódicos de métodos de tortura y mal trato que aplican policías contra detenidos en Chiapas, sin que se tomen medidas oficiales para castigar o prevenir estos abusos, y hace referencia a los 49 detenidos en Tila y familias desplazadas del ayuntamiento, a raíz de la jornada electoral del año pasado para renovar ayuntamientos.

La organización humanitaria, sección México, consideró que los conflictos en el estado "siguen aumentado, mientras los partidos políticos sirven de vehículo para que grupos poderosos de las comunidades mantengan el poder y ejerzan su control sobre la población".

Para AI, las autoridades estatales, con "demasiada frecuencia", favorecen a un grupo sobre otro y avivan la violencia en la comunidad, en lugar de resolver los problemas. Utilizó el caso de Tila como referente. Durante la década de 1990, este municipio fue la base de operaciones del grupo paramilitar Paz y Justicia, "que cometió violaciones generalizadas a los derechos humanos" de civiles que eran considerados simpatizantes del grupo armado de oposición (el Ejército Zapatista de Liberación Nacional) que surgió a la luz pública en 1994.

Las autoridades emprendieron algunas acciones contra los miembros de aquella organización, pero la mayoría de sus dirigentes "no han sido procesados y el grupo no se ha disuelto", pues goza de "renovada impunidad". Estas denuncias, según el organismo, fueron la base para que el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía detuviera a Samuel Sánchez, uno de los líderes de Paz y Justicia.

En su comunicado denominado Temor por la seguridad, AI lamentó las agresiones y posterior detención que sufrieron 49 personas, como parte de la disputa entre el Revolucionario Institucional y la coalición entre los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo (PRD-PT) por control del ayuntamiento de Tila.

Acusó que los aprehendidos permanecen recluidos en una casa de seguridad de la policía, considerada como un "centro de detención preventiva semioficial donde pueden correr peligro de ser torturados, y la mayoría de ellos no tienen acceso a tratamiento médico ni asistencia jurídica."

La violencia política y el riesgo de ser encarcelados provocó que muchas familias de la localidad huyeran de sus hogares, pero aún queda pendiente de resolver la disputa electoral, insistió AI.

Consideró que ésta deriva de una "lucha de poder más que de la ideología de los partidos políticos implicados". Según información que le transmitieron organizaciones locales de derechos humanos, el actual conflicto en el municipio se debe a que las autoridades no hacen que el grupo paramilitar, "patrocinado por el Estado, rinda cuenta de sus actos."

Recuerda que los simpatizantes de PRD-PT ocuparon el palacio municipal a principios de enero, cuando la gente del PRI tomaría posesión de los cargos públicos, una vez que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación les otorgó la victoria, y como se negaron a marcharse, el 15 de febrero se desarrolló una operación policial para desocupar el edificio, pero hubo "uso de fuerza excesiva" que propició mayor violencia.

 
Compartir la nota:

Puede compartir la nota con otros lectores usando los servicios de del.icio.us, Fresqui y menéame, o puede conocer si existe algún blog que esté haciendo referencia a la misma a través de Technorati.