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Del
28 de febrero al 11 de Marzo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de la ONU conducirá la revisión y evaluación de los 10 años de
la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing +10) que fue firmada por 189
gobiernos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing,
China, en 1995.
Dicha Plataforma de Acción comprometió
a los gobiernos a impulsar estrategias, antes del término del siglo XX, para
eliminar la discriminación contra la mujer, erradicar la pobreza y adoptar
medidas para que un número decisivo de ellas ocupe puestos estratégicos.
Se reconoció también que los derechos humanos de las mujeres incluyen su
derecho a tener control sobre su sexualidad y reproducción y llamó a revisar
las leyes que prevén castigos para las mujeres que han recurrido al aborto.
Planteó además reforzar la legislación que protege los derechos de las mujeres.
La
Plataforma de Acción de Beijing es el documento más completo producido por
una conferencia de Naciones Unidas con relación a los derechos de las mujeres,
ya que incorpora lo logrado en conferencias y tratados anteriores, tales
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW (Declaración
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y la Declaración
de Viena. También reafirma los acuerdos de El Cairo y agrega un párrafo sobre
los Derechos Humanos.
La Iglesia Católica, que
ocupa un asiento en las Naciones Unidas como observador permanente desde
1964 y como partícipe en las Conferencias de la ONU, específicamente en las
de El Cairo y Beijing, ha insistido en imponer su concepción de la moral
sexual no sólo a católicas y católicos, sino también a quienes no profesan
esta fe. En estas conferencias, quizá por primera vez en el siglo XX, la
Iglesia fue un notorio actor político en asuntos de trascendencia nacional
e internacional. Esta posición conservadora se ha visto reforzada por el
gobierno de Bush, con quien El Vaticano tiene una vieja alianza fundamentalista
que pretende hacer retroceder derechos humanos básicos ya conquistados, particularmente
los derechos sexuales y reproductivos.
Las Católicas
por el Derecho a Decidir nos preguntamos por qué una delegación que representa
a una religión, que vive en un territorio muy pequeño en el que no hay mujeres
y niños, ni, supuestamente, problemas con la sexualidad y la reproducción,
pretendió --y sigue intentándolo-- influir en los acuerdos que proveían un
nuevo marco más humano y más justo para el desarrollo, la salud y las necesidades
de la población mundial.
Lamentablemente, desde
varias instancias internacionales y del movimiento de mujeres se viene comprobando
que muchas de las metas y compromisos asumidos por los Estados aún están
lejos de ser cumplidos, especialmente los referentes a leyes discriminatorias
hacia las mujeres, los derechos sexuales, los derechos reproductivos y la
pobreza específica de las mujeres. También es un tema pendiente la firma
del protocolo de la CEDAW por países como Argentina, Colombia, Cuba, Chile
y El Salvador.
En Católicas por el Derecho a
Decidir estamos comprometidas a vigilar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por México con la Plataforma de Beijing para diseñar e instrumentar
políticas y programas que cierren las brechas de la desigualdad entre mujeres
y hombres. Alzaremos nuestra voz cada vez que la jerarquía católica conservadora
pretenda abusar de su poder simbólico para impedir o atacar políticas que
mejoren las condiciones de posibilidad para el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.
Celebramos los 10 años
de Beijing y celebramos el 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres. Pero,
más que conmemoración, estos eventos son oportunidad para reafirmar nuestra
vocación de lucha por lograr el advenimiento de una sociedad donde el respeto
a la libertad de conciencia, a la dignidad e igualdad plenas de las mujeres
no sean tan sólo objetivos a lograr, sino aspectos que constituyan el cotidiano
vivir de la sociedad.
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