Ganancias privadas con dinero público

Jesús Ramírez Cuevas

La Secretaría de Salud entregó 34.5 millones de pesos al Comité Nacional Provida en 2003 y 2004. Casi 90% fue a parar a seis empresas, creadas ex profeso por miembros de Provida. Una auditoría oficial confirmó el fraude al erario federal y recomendó investigar las responsabilidades de Jorge Serrano Limón y sus socios, así como de los funcionarios involucrados. El secretario Julio Frenk presentó una querella civil contra Provida, pero no lo demandó penalmente, quizá por la protección que recibe de Los Pinos y de la jerarquía católica. Presentamos información de las empresas de Provida y los mecanismos que utilizó para desviar recursos públicos en beneficio de sus dirigentes

Marcela Soriano Girón tiene variadas cachuchas: es directora de Proyectos Sociales del Comité Nacional Provida y socia mayoritaria en Imporvar S.A. de C.V., una empresa que provee servicios e insumos a los programas de Provida y dona parte de sus ganancias... a Provida. Soriano Girón recibió los cheques de la Secretaría de Salud (Ssa) por 34.5 millones de pesos para financiar los nuevos Centros de Atención para la Mujer (CAM) que coordina Provida.

Su compañía no tiene registro fiscal y cobró –inflando precios y con facturas irregulares– una tercera parte de los dineros públicos entregados al grupo para promover su trabajo contra el aborto, financiado con recursos arrebatados al programa de lucha contra el sida.

Así como Soriano, otros dirigentes de Provida desviaron recursos públicos destinados a crear 10 nuevos CAM, a través de por lo menos seis empresas fraudulentas. Sin embargo, pese a contar con pruebas de los ilícitos, las autoridades federales no los han investigado por daños al erario federal, fraude, peculado, evasión fiscal ni lavado de dinero.

Mercatel S.A. de C.V., Imporvar S.A. de C.V., Acarreos Profesionales Internacionales S.A. de C.V., Extraimagen Ojeda S.A. de C.V., Importaciones Girón S.A. de C.V. y El Castillo de Branstock, son firmas que se llevaron más de 90% del dinero concedido por la Secretaría de Salud.

La auditoría 37/04 del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud (realizada entre mayo y septiembre de 2004 por Griselda Sánchez Carranza, directora de auditoría a Áreas Operativas y Créditos Internacionales, y cuyo informe está clasificado como "reservado") encontró que 88.27 % de los gastos comprobados presenta "irregularidades en los comprobantes y desvíos de fondos para fines distintos a los que fueron otorgados" en 2003 y 2004. Se trata de 31 millones de pesos, contando 2 millones 762 mil 268, de 2004, que "no fueron comprobados". En ese lapso, las finanzas de Provida crecieron 10 veces.

Las empresas del bendito negocio

La mayoría de esas seis razones sociales fue creada apenas hace unos años, justo cuando, con la administración foxista, comenzaron a fluir dineros públicos a Provida.

Imporvar y Mercatel –ambas registradas en 2001– han sido las principales empresas proveedoras de Provida y facturaron más de 20 millones de pesos por publicidad, compra de equipo y mobiliario en 2003 para los nuevos centros. Entre sus accionistas hay socios de Provida que hicieron donaciones a la organización con los beneficios obtenidos por sobreprecios en servicios, venta de equipo y renta de locales, entre otros gastos irregulares.

Ese año Imporvar facturó 11 millones 511 mil 500 pesos a Provida por la supuesta venta de equipo médico y otros enseres, según consta en la documentación que entregó a la Administración de Patrimonio de la Beneficencia Pública al justificar sus gastos. Para cerrar el círculo, Imporvar donó a Provida 10% de las ganancias obtenidas en esas operaciones.

Sin embargo, Imporvar no está dada de alta ante la Secretaría de Hacienda ni tiene Registro Federal de Causantes actualizado, según señala el informe de la auditoría de la Secretaría de Salud, fechado el 24 de septiembre de 2004, lo que podría constituir el delito de evasión fiscal.

Para colmo, Mercatel tiene registrada la misma dirección y teléfono que el Comité Nacional Provida (Bahía de la Concepción No. 25, Col. Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, teléfono 52 60 72 73).

Según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal, en esa empresa –de alta con la escritura 100280 el 19 de octubre de 2001– figuran como accionistas dos destacados miembros de esa organización, Mario Alejandro García Teniente y Lidia Ojeda Gutiérrez, quienes también son socios de El Castillo de Branstock (escritura 92305 del Registro Público de la Propiedad, del 29 de agosto de 2003), otro de los negocios alimentados con el dinero recibido por la organización.

En 2003 el salón de fiestas El Castillo fue rentado en tres ocasiones por Provida para reuniones por las que pagó un millón 35 mil pesos (una de las cuales ocurrió un mes antes de registrarse la empresa).

En las otras cuatro corporaciones mencionadas también figuran como accionistas familiares y miembros de Provida como Lourdes Ojeda Gutiérrez, Gloria Santos López, Silvia Santos Betanzos (accionista escrutadora y contadora de Provida) y Antonio Cruz Ramírez. En 2003, ellos hicieron donaciones a la organización por 2 millones 732 mil 127 pesos.

Según el estado financiero de Provida de ese año, esas empresas también hicieron donaciones: Mercatel, 310 mil pesos; ExtraImagen Ojeda, un millón 491 mil 955 pesos; Profesionales Internacionales, un millón 60 mil pesos; Imporvar, un millón 551 mil 669 pesos; Importaciones Girón, 750 mil pesos.

A través de los cheques se comprobó el regreso a Provida del dinero público cobrado por esas empresas.

Doble contabilidad y manejos
financieros turbios
 
 

Una de las 26 facturas de Mercatel. En todas aparece la misma dirección de la empresa y Provida

De las transacciones con Mercatel existe la sospecha de que Provida contrató directamente la publicidad con diversos medios y luego presentó facturas de esta empresa para inflar los gastos. Esta razón social cobró además millones por pintar bardas, el pago de espectaculares, capacitación y supuestas campañas publicitarias (todo sin comprobantes directos ni pruebas documentales).

La mayor parte de los comprobantes de gastos en publicidad presentados por Provida (donde sufragó 12 millones 892 mil pesos) son las 26 facturas de Mercatel (por 9 millones 745 mil 10 pesos). Los auditores encontraron irregularidades en todas ellas.

Personaje clave de esta trama es Mario García Teniente, a quien se menciona como operador financiero de Jorge Serrano Limón. Además de ser socio de Mercatel y de El Castillo de Branstock, García Teniente habría comprado 36 equipos de ultrasonido a la mitad del precio reportado. Los auditores, en una visita a los 10 nuevos CAM, verificaron que había un ultrasonido en cada uno, cuando "deberían ser 20, según el proyecto", y encontraron gastos por 406 mil pesos "que no corresponden".

La auditoría de la Secretaría de Salud también encontró un sobreprecio de 58% en la compra del equipo. Provida pagó 420 mil pesos por cada ultrasonido (según la cotización de Bio-Medical de México, su costo real es de 278 mil pesos). Además, los auditores descubrieron que los ultrasonidos fueron comprados a Medishop, S.J. y Medic World S.A. de C.V. En su informe, asientan "que no hay evidencia de que Imporvar haya sido el proveedor de estos equipos".

Sin embargo, la organización civil presentó 26 facturas como si los hubiera comprado a Imporvar (96% de lo que se gastó en ese rubro).

De acuerdo con los auditores oficiales, Imporvar (escritura 89254 del Registro Público del 20 de septiembre de 2001) no puede emitir facturas fiscales, las cuales se elaboraron en la imprenta propiedad de Mario García Teniente.

De tal manera, Provida habría gastado en ultrasonidos sólo unos 3 millones pero reportó erogaciones por más de 10 millones. Al parecer hubo un desvío de 7 millones de pesos.

José Luis Moya –militante panista que presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra Provida por presuntos delitos de fraude, desvío de recursos públicos, evasión fiscal y lavado de dinero– sostiene que de esa cantidad, "García Teniente se quedó con 3 millones como ganancia, tres más los entregó a Serrano Limón y el resto lo donó a la organización".

Moya fue asesor del ex asambleísta Salvador Abascal en la Comisión de Hacienda. Afirma que tuvo acceso a la información financiera de Provida cuando Serrano Limón le pidió intervenir para resolver su problema.

"Me entrevisté con Jorge Serrano y me llevó toda la documentación del caso para ayudarlo a enfrentar las auditorías. Cuando vi de qué se trataba y que Serrano me confesó los malos manejos financieros que había hecho, me negué a seguir. Le dije que aunque rezara a diario y fuera a misa los domingos, era un delincuente", dice José Luis Moya, en entrevista con Masiosare.

A esta red de triangulaciones y dobles contabilidades se suman las inversiones bursátiles de Provida (con dinero público y privado, según su informe financiero). Se trata de por lo menos 3.5 millones de pesos invertidos en acciones de Pulsar Internacional, propiedad de Alfonso Romo, empresario vinculado a los Legionarios de Cristo.

Esa operación financiera la realizó Juan Carlos Serrano Limón, hermano del dirigente de Provida, a través de la Casa de Bolsa Vector Mex donde es asesor patrimonial (la mayor parte de las acciones se compraron en abril de 2003, después de recibir la primera partida de la Secretaría de Salud). Esas operaciones podrían tipificarse como lavado de dinero.

Además existe un fideicomiso financiero por 2 millones 49 mil 218 pesos en Vector (informe financiero de Provida).

También Provida practica la beneficencia pública, pues Jorge Serrano Limón se autoprestó un millón 153 mil pesos (informe de la auditoría externa realizado por Tonatiuh Barrientos Sánchez en 2004). Extraoficialmente también se menciona la remodelación reciente de su casa en Coyoacán.

"Donaciones" oficiales

En total, en 2003, Provida reportó oficialmente ingresos por casi 54 millones de pesos de "donaciones" diversas (se incluyen los 30 millones de la Secretaría de Salud). Entre ellas hay 5.5 millones de pesos donde no se identifica a los donantes.

Desde 2000, Provida ha recibido financiamiento público de las secretarías de Salud y de Desarrollo Social; de la Lotería Nacional y de gobiernos estatales y municipales panistas (Tuxtla Gutiérrez, León, Monterrey, Tijuana, estado de Guanajuato, entre otros), contabilizados también como "donaciones". Según información financiera de Provida, en 2002 recibió 2.5 millones de pesos más de la Secretaría de Salud, casi la mitad de sus ingresos ese año.

El monto de las "donaciones" oficiales en los dos últimos años rebasa los 45 millones de pesos. En 2003 la Lotería Nacional, a través del Fideicomiso Transforma México, entregó a Provida 3 millones 495 mil pesos. En tanto que la Secretaría de Desarrollo Social "donó" otros 863 mil 812 pesos (el director de Políticas Sociales es Gustavo Serrano Limón, otro de los hermanos).

Las auditorías

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud inició una auditoría a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública el 24 de mayo de 2004.

Entre 2003 y 2004 por los 34.5 millones de pesos entregados a Provida, a través de la Beneficencia Pública, firmó los recibos el representante legal, Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón, la cabeza más visible del grupo antiabortista vinculado al ultraderechista El Yunque y a la jerarquía católica.

Con esos recursos, Serrano Limón ha amasado un cochinito de más de 10 millones de pesos, según la denuncia que presentó ante la PGR José Luis Moya.

En marzo de 2004, Provida envió fotocopias de 7 mil 689 facturas, notas y tickets para "justificar" los gastos realizados en 2003 para los nuevos CAM. Los auditores hallaron innumerables irregularidades como la compra de las famosas tangas, las plumas Mont Blanc (una de las cuales le regaló Serrano Limón al secretario Julio Frenk), trajes y zapatos para caballero, vinos, whiskies, champañas y quesos importados, adquiridos en tiendas departamentales como El Palacio de Hierro, Zara, Liverpool, entre otras, y que Provida presentó como ayudas y despensas para mujeres de escasos recursos. Un dato curioso es que 100 facturas tienen fecha del 1 de diciembre de 2003 y otras 98 del día 15 de ese mismo mes (cual compras compulsivas de fin de año).

Jorge Serrano Limon Fotografía: La Jornada/ Carlos Cisneros

En julio de 2004, un grupo de ciudadanos, mediante la ley de transparencia, obtuvo el expediente de Provida y realizó una "auditoría ciudadana". Al difundir las irregularidades en sus gastos se armó el escándalo.

520 organizaciones civiles de todo el país demandaron al secretario de Salud, Julio Frenk, una explicación por financiar "a una organización que contraviene los programas y políticas nacionales de salud". Exigieron a Provida la devolución del dinero y que la Secretaría de la Función Pública (SFP) deslinde responsabilidades de funcionarios.

La SFP realizó una auditoría y aunque se sabe que encontró anomalías, no se conocen sus resultados pese a que inició una investigación contra Jorge Serrano y cinco funcionarios de la Secretaría de Salud. Tampoco inició acciones legales por irregularidades en el gasto de 3.4 millones entregados por el Fideicomiso Transforma de la Lotería Nacional a Provida.

Asimismo, diputados federales del PRD presentaron una denuncia penal ante la PGR contra Luis Pazos y Provida por ilegalidades y desvío de recursos públicos.

Por su parte, el 21 de julio de 2004, Patrimonio de la Beneficencia Pública declaró cancelado el convenio de colaboración con Provida (por 60 millones en 2 años) y solicitó la devolución del dinero entregado.

La auditoría 37/04 del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud encontró "irregularidades en la asignación de recursos, en los comprobantes entregados y desvíos de fondos para fines distintos a los que fueron otorgados" a Provida en 2003, por 26 millones 481mil 861 pesos. De los 4 millones 533 mil pesos de 2004, encontró "irregularidades en la documentación comprobatoria" por un millón 771 mil pesos, "los restantes 2 millones 762 mil 268 pesos no fueron comprobados".

Entre sus conclusiones, el órgano contralor señala en este caso, "la inobservancia a las disposiciones legales que regulan el ejercicio del presupuesto en la Administración Pública Federal, así como el procedimiento autorizado para tal fin, dado que se detectaron irregularidades en la asignación de los apoyos económicos otorgados específicamente al Comité Nacional Provida, dado que se otorgaron a través de convenios de colaboración durante los ejercicios 2003 y 2004, sin contar con la documentación mínima necesaria que justifique la asignación de los recursos".

También cuestiona "no haber ejecutado un programa de supervisión sobre la correcta aplicación de los apoyos económicos; asimismo por irregularidades en el manejo y aplicación de recursos federales por parte del Comité Nacional Provida en 2003 y 2004".

El informe de los auditores consigna "presuntos daños al erario federal", por lo que sugiere a las áreas responsables "subsanar la problemática detectada", tomar "medidas correctivas y preventivas" y reforzar controles internos.

Advierte que los funcionarios violaron diversas leyes de la administración pública y recomienda una investigación.

La Ssa presentó una querella civil contra Provida ante la PGR por irregularidades y pide la devolución del dinero. La demanda está en manos del MP, José Villarreal Rosillo, el mismo que participó en la reunión de Carlos Ahumada y Diego Fernández de Cevallos en el Hotel Presidente el año pasado.

Una abogada vinculada al caso cuestionó la demanda civil de la Secretaría de Salud porque "no se trata de un asunto de incumplimiento de contrato entre particulares, sino de un fraude con dinero público. Lo que procede es demandar penalmente a Provida. Si Julio Frenk no lo hace, está protegiendo a ese grupo, lo cual implica encubrimiento".

Otras perlas auditadas

El escándalo público se centró en los gastos suntuarios de Provida, pero pocos se fijaron en el desvío de recursos públicos y las triangulaciones financieras.

Los gastos por publicidad absorbieron un tercio de los recursos entregados a Provida. Los auditores comprobaron que ninguna de las facturas que justifican más de 10 millones de pesos, "especifican la cantidad de servicios, ni precios unitarios, no anexan el texto de publicidad y otros datos del periódico, ni la ubicación del espectacular".

En "mobiliario y equipo", los auditores detectaron irregularidades en 11 millones 920 mil 281 pesos pagados a Imporvar y 406 mil de gastos que no corresponden.

Por "material didáctico y cursos de capacitación", Provida "comprobó" un millón 314 mil pesos. Los auditores encontraron irregularidades por un millón 298 mil 146 pesos. Al comentar la renta de El Castillo de Branstock, señalan que "las verificaciones efectuadas por los auditores no encontraron evidencias de que el personal haya asistido a cursos de capacitación en dicho lugar".

Otra incongruencia es la factura 90424 de Cartier de México (fechada el 5 de junio de 2003) por dos plumas y dos bolígrafos Starwalker (por más de 12 mil pesos) y gastos por 250 mil pesos que no corresponden al proyecto.

Serrano Limón así lo reconoció. De hecho, el 25 de junio de 2004 –según el informe de la auditoría– "pretendió sustituir copias de facturas de comprobación por 23 millones de pesos". Anotan que eso "confirma las irregularidades detectadas en la auditoría".

En "ayuda con medicamentos y atención médica" había comprobantes por 815 mil 747 pesos y los auditores encontraron anomalías por 771 mil 789 pesos, entre ellas, la donación ilegal de 600 mil pesos a la Asociación Nacional de Rehabilitación Integral.

En "gastos de composturas y mantenimiento", de 206 mil 625 pesos, 107 mil 708 pesos no corresponden.

De "ayuda a mujeres", Provida gastó 41 mil 509 pesos en ropa interior de dama, trajes y calzado para caballero. En "despensas" el grupo gastó un millón 356 mil 636 pesos. La auditoría detectó irregularidades por 986 mil 921 pesos (en productos importados).

Por "arrendamiento" se reportaron gastos por 175 mil 720 pesos, pero 113 mil 790 no corresponden. Igual en "teléfonos", de 619 mil 799 pesos no corresponden 615 mil 52 pesos.

De "papelería", de 205 mil 258, son irregulares 183 mil 766. Por "gastos de luz, agua y gas", los auditores encontraron que de 34 mil 480 pesos no corresponden 30 mil 077.

La auditoría desechó las comprobaciones de "paquetería" (38 mil pesos) y "gastos notariales" (18 mil pesos), "por no estar contemplados en el proyecto".

Según el Manual de Procedimientos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, "se cancelará la ayuda económica autorizada a una institución cuando esta destine los fondos a fines distintos para los que fueron otorgados... (y) proporcione información falsa". Eso fue justo lo que hizo el Comité Nacional Provida.

Pero las anomalías no terminan ahí. Desde un principio, tanto Provida como los funcionarios de la Secretaría de Salud incurrieron en ilegalidades.

El 2 de diciembre de 2002, Jorge Serrano Limón entregó la solicitud de ayuda para crear 10 nuevos Centros de Apoyo para la Mujer y "salvar a 6 mil bebés", al evitar más abortos. Una semana después, Patrimonio de la Beneficencia aprobó el proyecto.

Aunque el diputado panista Luis Pazos etiquetó ilegalmente recursos federales de salud para entregarlos a Provida, es responsabilidad de la Ssa la aprobación y supervisión de los CAM. Sus funcionarios le dieron visto bueno sin advertir sus inconsistencias y contradicciones.

El 14 de marzo de 2003 se firmó el convenio de colaboración entre la Ssa y la organización antiabortista. Sin embargo, no se observó la normatividad vigente pues ese tipo de convenios se firman entre organismos públicos. Además, como titular de la dependencia, Julio Frenk estaba obligado a firmarlo. Tampoco se hizo una licitación pública para asignar tanto dinero. En 2004 se renovó en automático.

Por si fuera poco, las metas de los CAM no concuerdan con el Plan Nacional de Salud ni con el Programa "Arranque parejo en la vida", que se refiere a la atención médica prenatal, parto y posparto. Estos centros sólo ofrecen información para persuadir a las mujeres a no abortar.

Pese a las conductas ilícitas documentadas, Provida aún no enfrenta la justicia. Entre los funcionarios de salud involucrados en el caso se mencionan las presiones de Marta Sahagún, en apoyo a Provida. Por eso, dicen, la dependencia no se atreverá a presentar una demanda penal ante la PGR.

Seis empresas se llevaron más de 90% del dinero otorgado por la Secretaría de Salud a Provida para crear los nuevos Centros de Apoyo para la Mujer:

Mercatel S.A. de C.V., Imporvar S.A. de C.V., Acarreos Profesionales Internacionales S.A. de C.V., Extraimagen Ojeda S.A. de C.V., Importaciones Girón S.A. de C.V. y El Castillo de Branstock.

En todas ellas los accionistas son miembros de Provida.

Imporvar y Mercatel, los principales proveedores de los CAM, cobraron más de 20 millones de pesos por publicidad, compra de equipo y mobiliario (de 34.5 millones proveniente del erario público).

Una auditoría interna de la Secretaría de Salud detectó graves irregularidades en los comprobantes de gastos de Provida, además de compras no autorizadas, sobreprecios en servicios, venta de equipo y renta de locales, por un monto de 31 millones de pesos.

A través de esas empresas y de sus generosas donaciones, Provida obtiene dinero que puede utilizar sin limitaciones legales y, de paso, engordar las arcas de sus dirigentes.