Las diferencias se agrandan cuando se aplican programas discriminatorios, afirma
Imposible superar la pobreza sin defensa de los derechos básicos: Miguel Concha
Necesario, un nuevo pacto constitucional para defender las garantías, dice catedrático
Un Estado que carece de políticas públicas orientadas al cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no podrá resolver los graves problemas de desigualdad y pobreza, "peor aún si se insiste en aplicar programas discriminatorios y excluyentes en un país donde todavía es un sueño la universalidad, indivisibilidad y justicialidad de estos derechos" afirmó Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Durante la presentación del segundo Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, elaborado por esta organización, Concha Malo indicó que frente a una "violencia estructural" que se genera cuando el Estado incumple las obligaciones mínimas necesarias para la realización de un ser humano "libre del temor y la miseria", la sociedad se enfrenta a un acceso diferencial de los beneficios del desarrollo, una distribución desigual de las oportunidades entre sus miembros, así como un poder e influencia variable en las instancias de decisión en la asignación de recursos económicos, que se refleja en términos de iniquidad, marginalidad y exclusión.
El defensor de derechos humanos agregó que la exigencia de los derechos sociales y la obligación del Estado de respetar y destinar los recursos suficientes para su cumplimiento no pueden ser soslayadas por la sociedad, que debe "sacarlos del terreno de la caridad y asumirlos como parte de la justicia, pues el desarrollo del ser humano no es posible sin el acceso y cumplimiento de estos derechos".
Por su parte, especialistas e investigadores afirmaron que la actitud "discrecional y corporativa" con la que el Estado pretende otorgar los derechos sociales es parte de un "retroceso y desmantelamiento" de estas garantías plasmadas en la Constitución, que hoy "representan un obstáculo para el modelo neoliberal".
Rodrigo Gutiérrez, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en derecho constitucional, destacó que es necesario impulsar un nuevo pacto constitucional que permita defender los derechos sociales y su pleno reconocimiento como universales, indivisibles e imprescriptibles.
Es indispensable, aseguró, que la sociedad civil "desmonte las falacias neoliberales con las que se pretende justificar el incumplimiento de estos derechos, cuando existen tratados internacionales suscritos por el Estado en los que se compromete a su defensa y aplicación. De ahí que sean los ciudadanos quienes deban impulsar su exigibilidad y justicialidad"
Al respecto, Araceli Damián, investigadora del El Colegio de México, indicó que la pobreza es el mejor ejemplo de la falta de compromiso del Estado en el cumplimiento de los derechos sociales, "pues se responsabiliza al individuo de su éxito o fracaso económico, sin considerar el contexto social en el que se desarrolla".
Señaló que la falta de un "amparo social" que pueda proteger a los ciudadanos contra las violaciones de sus derechos sociales por parte del gobierno federal incrementa no sólo su vulnerabilidad, también abona a un clima de "desprotección e incumplimiento de estos derechos", mientras se impulsa la "entrega de becas como mecanismo para superar la pobreza y no con una política de Estado que fomente la aplicación de programas universales y eficientes".