Documenta un estudio la inconformidad de los pueblos vecinos
Urge reformar el decreto que protege la zona arqueológica
El documento debe ser modificado, pero no al vapor, pues se abrirían las puertas para que los grandes consorcios -como ya demostró Wal-Mart- se apoderaran del sitio, advierte investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. De hecho, señala, existen grupos de poder económico que azuzan a los pobladores para que ejerzan presión contra el INAH
Como cada año, este 21 de marzo un millón de turistas visitará Teotihuacán; miles subirán a la Pirámide del Sol a "cargarse de energía"; y desde lo alto verán en lontananza el valle apacible, sin saber que allá abajo, en los pueblos que rodean la zona arqueológica, hay un polvorín que en cualquier momento puede estallar.
La marabunta humana llegará y se irá, ajena a la problemática en ciernes, la cual, de no atenderse bien y a tiempo, pondrá en riesgo inminente el patrimonio cultural y la estabilidad social de la región.
Es una situación extremadamente compleja en la que se mezclan factores históricos, negligencia institucional, pugnas políticas, corrupción e intereses económicos (locales, nacionales y trasnacionales). También, la apatía, la marginación, la ignorancia y, lo más grave, un creciente resentimiento social.
Así lo documenta una investigación realizada por un equipo interdisciplinario de académicos y estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).
El estudio muestra que entre los habitantes de las comunidades prevalece una inconformidad añeja y latente: su vecindad con la zona arqueológica más visitada del país, quizá la de mayor importancia cultural e histórica, no les ha traído prosperidad.
Al contrario: en muchos casos se le percibe como un obstáculo para el mejoramiento social y económico de la región.
Wal-Mart, un síntoma
Según el documento -que en breve será publicado en formato de libro-, el conflicto causado por la reciente construcción de una tienda de la cadena Wal-Mart en San Juan Teotihuacán es apenas un síntoma de dicha problemática.
De acuerdo con Arturo Perales, responsable de la investigación, de lo anterior se deriva un sentimiento colectivo de frustración y enojo con un efecto evidente: en su mayoría la población no se siente vinculada ni comprometida con la zona arqueológica.
Por eso no apoyó las protestas por la construcción de la filial de Wal-Mart en la zona: "Podemos decir que 70 por ciento de la población estuvo de acuerdo con la tienda, fundamentalmente por tres razones: genera empleos, da precios más bajos que los de la tiendita de la esquina y sus propiedades se revaloran".
Y es precisamente el uso del suelo y la revaloración de la tierra uno de los aspectos más conflictivos en la relación del área arqueológica con las comunidades. Esta parte de la historia empezó en agosto de 1988, cuando un decreto presidencial definió el perímetro de la zona y la dividió en tres áreas: A, B y C.
Se trataba de impedir que el crecimiento de los pueblos circunvecinos terminara estrangulando e invadiendo el espacio ocupado por los monumentos, así como frenar la destrucción y el "saqueo hormiga" de vestigios.
El área A es propiedad federal; en ésta se localizan los monumentos y está prohibido hacer cualquier tipo de construcción o excavación que no sea con fines arqueológicos.
En el área B hay propiedades particulares; tampoco se permiten construcciones, sólo algunas actividades con la previa e indispensable autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En el área C, la más alejada de las pirámides, existe mayor flexibilidad para construir y llevar a cabo otro tipo de actividades, pero siempre, por lo menos en teoría, bajo la inspección del INAH.
En su momento las buenas intenciones del decreto fueron incuestionables y en general ha podido mantener a buen resguardo el patrimonio monumental.
Sin embargo -y éste tal vez será el punto más controversial del estudio-, con el tiempo el decreto mostró notables limitaciones y deficiencias. La mayor de ellas es, por así decirlo, que se preocupó más por las piedras que por los seres humanos.
Se entiende, entonces, el malestar entre las comunidades.
El sociólogo Manuel del Valle Sánchez, miembro del equipo de investigación de la UACh, lo pone en estas palabras: "el decreto limitó muchas opciones de actividades económicas, pero no dio alternativas a la población".
Su conclusión es contundente: urge modificar el decreto que protege a la zona arqueológica. Y la reforma "tiene que encontrar mecanismos y variantes que, sin descuidar el patrimonio, tomen en cuenta el bienestar económico y social de las localidades".
De otro modo se agudizará la tensión entre las comunidades y la zona arqueológica: "En el estudio vemos con preocupación que las nuevas generaciones de pobladores de las comunidades no hace suya la defensa de la zona, no tienen conciencia de ella como riqueza cultural, la ven sólo como algo que tiene en custodia el INAH".
El mismo director de administrativo de la zona, Arturo Zárate, en entrevista por separado, se muestra sensible a las necesidades y al manifiesto enojo de la población: "Mucha gente tiene sus propiedades aquí cerca, en los perímetros B y C; tienen sus escrituras públicas, tienen hijos, nietos y no tienen a donde irse, pero por el decreto tampoco pueden ampliar sus casas".
Una voz representativa del sentir de por lo menos una parte de la población es la de Francisco Martínez Méndez, director de Turismo de San Juan Teotihuacán, propietario a su vez de un terreno en el perímetro B de la zona arqueológica.
Lo primero que hace notar es una paradoja: Teotihuacán es el atractivo turístico número uno del estado de México, recibe un promedio de 3 millones de visitantes al año, pero no cuenta con una infraestructura turística a la altura de la importancia de la zona:
"¿Por qué? Porque el decreto nos tiene atados de manos. Por ejemplo, si quiero hacer un restaurante o un hotel en mi terreno, no puedo, porque el INAH no me deja. Que me diga cómo, que me indique sus cánones, como mande. Pero no. Entonces yo digo que el INAH me compre mi terreno, que me indemnice, que se queden con él porque a mí así no me sirve."
Para el funcionario municipal resulta desesperante ver que de la "monstruosidad" de gente que visita la zona (un millón lo hace en un solo día: el 21 de marzo), prácticamente nadie se interna en las comunidades.
Estadísticas de la Dirección de Turismo de San Juan indican que cada visitante permanece en la zona un promedio de cuatro horas y se va sin saber que Teotihuacán es más que las pirámides: prácticamente en cada barrio o pueblo del municipio hay iglesias, conventos y otras construcciones coloniales que datan del siglo XVI.
También están los artesanos de la obsidiana de San Franciso Mazapa, los baños de temazcal y el jardín de cactáceas del barrio de Purificación. Pero de eso los turistas ni se enteran.
No todo es atribuible al decreto, el cual impide, por ejemplo, la colocación de letreros que informen de esas alternativas turísticas. También tiene que ver la negligencia y la falta de visión institucional. Baste decir que hasta hace dos años San Juan no contaba con una Dirección de Turismo.
En ese sentido, Manuel del Valle Sánchez sostiene, a partir del estudio de la UACh: "la problemática de la zona debe ser solucionada de una forma integral, que abarque las necesidades sociales, las económicas y de infraestructura".
Dicha resolución requiere de la participación coordinada de todos los niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
Pero de acuerdo con el diagnóstico de la UACh, toda acción tiene que ser de fondo, con metas a corto, mediano y largo plazo. Llevarlas a cabo, reitera el sociólogo Manuel del Valle, pasa por la adecuación del decreto de 1988.
Aquí es donde el problema se complica. En convergencia con los intereses legítimos de la población, están los del gran capital nacional y foráneo.
De ello advierte el coordinador del estudio de la UACh, Arturo Perales. Una modificación al vapor del decreto abriría las puertas para que los grandes grupos empresariales -como ya lo demostró Wal-Mart- prácticamente se apoderaran de la zona.
Tan sólo un ejemplo: la flexibilización irrestricta de las condiciones para construir en el perímetro de la zona arqueológica dispararía el valor de la tierra y sería el gran negocio de constructoras, consorcios comerciales, inmobiliarias.
De hecho, señala Perales, existen "grupos de poder económico que azuzan a sectores de la población para ejercer presión en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia: saben que en la medida en que se les permita construir a los pequeños, obviamente se les permitirá a los grandes".
Se trata de un "movimiento artificial con una base real; no se gestó desde la población, pero está aprovechando ciertas condiciones para impulsar una campaña contra el INAH y especialmente contra la zona arqueológica". El problema es complejo y el tiempo apremia.