Será demandada por violar una suspensión, dice el abogado de la familia afectada

Acusan a la CFE de desacato judicial al reanudar trabajos de la presa El Cajón

El gobierno federal no ha acreditado la posesión de más de mil hectáreas en ese lugar

JESUS ARANDA

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) incurrió en desacato judicial al continuar los trabajos de la presa El Cajón, en Nayarit, por lo que en los próximos días será demandada por la violación de una suspensión judicial, aseveró Pedro León, abogado de la familia Hernández Fletes, quien adelantó que los afectados presentarán pruebas ante el juez de la causa en las que demostrarán que, de continuar utilizando explosivos para la construcción de la cortina de la presa, se viola la orden de no poner en riesgo la vida de los propietarios.

Además, el gobierno federal no tiene acreditada la posesión legal de más de mil hectáreas en las que se construye la que fue calificada por el propio presidente Vicente Fox de la obra hidráulica ''más importante'' del sexenio, porque aún está pendiente de llevarse a cabo el juicio de amparo en el que se impugnará la legalidad del decreto expropiatorio, agregó el litigante.

El decreto expropiatorio promulgado, a debate

En entrevista con este diario, el abogado rechazó la versión de la CFE de que el decreto expropiatorio promulgado recientemente en favor de la paraestatal le otorgue la propiedad de la tierra, tanto en el caso del predio El Tepetate, con extensión de 378 hectáreas, propiedad de la familia Hernández Fletes, como en el terreno conocido como Cantiles, que supera las 800 hectáreas y pertenece a los ejidatarios del municipio de Santa María del Oro.

Sobre el particular, el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad señaló que ''con la expropiación de los terrenos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2005, la situación ya cambió, ya que esas tierras dejaron de ser propiedad de quienes lo acrediten y pasaron a ser del gobierno federal, para que por conducto de la CFE se destinen a la construcción de la presa El Cajón''.

Por su parte, el abogado León contestó que ni siquiera se ha iniciado el juicio de amparo en contra del decreto de expropiación, porque hasta la fecha ni la familia Hernández Fletes ni los ejidatarios conocen oficialmente la existencia de dicho decreto.

Dos propietarios en busca de la razón

''No es cierto que por un decreto cambie la propiedad; éste tiene que ser ejecutado y los dos propietarios tienen plena posesión de sus terrenos; además, en los juicios de amparo en trámite la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) está demandada como autoridad responsable, por lo que la dependencia está imposibilitada para ejecutar un posible desalojo.''

Asimismo, dijo, con las suspensiones deben quedar las cosas en el estado en que se encuentran actualmente.

Por lo que toca a la versión de la CFE de que la suspensión de plano otorgada por el juez tercero de distrito mixto en Nayarit a la familia Hernández Fletes y a los ejidatarios -en los juicios de amparo 284/2005 y 231/2005, respectivamente- se refiere ''exclusivamente respecto a la posible privación de la vida, para el efecto de que cesen las actividades que pudieran poner en peligro la integridad de los demandantes'', no significa que se suspendan las obras para la construcción de la presa, ''pues dichos trabajos pueden seguir realizándose''.

''Se puede continuar la obra, pero desobedeciendo la ley''

El abogado León precisó que, efectivamente, la Comisión Federal de Electricidad puede continuar la obra, ''pero desobedeciendo la ley'', por lo que en ambos casos -él lleva los dos asuntos- se promoverán sendos incidentes de violación a la suspensión, en los que se acreditará con peritajes y estudios que el uso de explosivos para la construcción de la cortina -los dos terrenos en disputa colindan con esta zona- sí pone en riesgo la vida de los dueños y la propiedad misma.

Recordó que las suspensiones concedidas por el juez también se refieren a que la CFE no puede inundar los citados predios ante el eventual embalse de la presa.

La comisión, por su parte, tendrá que demostrar pericialmente que no violó las suspensiones y será el juez el que determine si cumplió con la orden judicial. ''Si demostramos que tenemos la razón -insistió el abogado-, el responsable directo será el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub'', concluyó.