"Sospechosa", la atracción "casi inmediata" del caso de Solano Sánchez, señalan
Litigantes dudan que la PGR investigue a fondo asesinato de abogado de narcos
Abogados penalistas que defienden a presuntos narcotraficantes recluidos en el penal federal de La Palma, ubicado en el estado de México, calificaron de "sospechosa" la atracción "casi inmediata" que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) del caso del abogado Jesús Solano Sánchez, asesinado el pasado viernes en Toluca.
Solano Sánchez fue defensor de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo; Benjamín Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana, e Ismael Higuera Bernal El Mayel, considerado uno de los principales operadores de los hermanos Arellano Félix, entre otros capos del narcotráfico.
Mediante una carta enviada a La Jornada, dos litigantes, que solicitaron el anonimato por "temor a represalias", señalaron que las ejecuciones de Solano y del penalista Leonardo Oceguera Jiménez, esta última ocurrida el pasado 20 de enero también en el estado de México, son "mensajes disuasivos" del gobierno federal hacia los "abogados titulares" de reos de La Palma, a quienes las autoridades consideran "correos" de narcotraficantes.
El subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó el pasado 11 de marzo que a pesar de los operativos militares en La Palma persistían las irregularidades dentro del penal, ya que los narcotraficantes seguían realizando llamadas telefónicas y sus abogados eran utilizados como "correos".
Cinco días después, Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública federal, utilizó el mismo argumento de Vasconcelos para "justificar" que "siguen actuando (los capos de la droga en el interior de La Palma) y nosotros frenándolos".
En la misiva enviada a este diario, los litigantes refirieron que "ambos homicidios carecen de una explicación razonable, pues en ambos casos se trataba de litigantes que no eran considerados de primer orden y sólo se dedicaban a visitar los juzgados, recibir notificaciones, llevarlas a los abogados titulares, presentar escritos para firma a los internos y acudir a diligencias judiciales en carácter de oyentes".
Asimismo indicaron que Jesús Solano y Leonardo Oceguera eran personas "humildes" que "vivían al día debido a lo precario de sus ingresos económicos". Inclusive refirieron que días antes de su ejecución Oceguera "tuvo que hacer una colecta para sacar a un hijo que tenía hospitalizado", además de que ninguno tenía despacho propio.
En el mismo documento de dos cuartillas, que incluye los nombres de los abogados penalistas que dijeron "temer" por sus vidas, los quejosos precisan que "la atracción del caso por parte de la PGR da lugar a dudas sobre si la institución llevará realmente la investigación para conocer con veracidad el móvil y los autores materiales e intelectuales del crimen perpetuado contra Jesús Solano Sánchez, ya que tanto dicho homicidio, ocurrido el pasado viernes, como el del mes de enero de este año del también abogado Leonardo Oceguera Jiménez, carecen de una explicación razonable".