Voto migrante: dudas
El pasado martes la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que permite la participación electoral de mexicanos en el extranjero en las votaciones presidenciales a partir de 2006. Este es uno de los temas sobre el que más tinta ha corrido y mayor controversia ha generado. Por más que el acuerdo en la Cámara sea importante, personalmente no creo que las posiciones originales, que generaron un debate que duró varios años, se hayan modificado sustancialmente, y aún aceptando la relevancia de éste, quedan cabos sueltos que, en la práctica, disminuirán los impactos del mismo. Veamos.
Por más esfuerzos que se realizaron, el tema no logró nunca ubicarse desde una perspectiva migratoria, es decir, predominó la perspectiva política e ideológica al respecto. Se fue convirtiendo en una posición "políticamente correcta", a la que nadie se debe oponer y muestra un profundo disimulo de parte de nuestros legisladores y funcionarios, quienes en secreto rechazaban la iniciativa pero en público eran sus defensores más enardecidos.
No hay más que leer la exposición de motivos de la mencionada legislación y los artículos que se modificaron. No se hace una sola mención a las características actuales del proceso. Se dice esencialmente que los emigrantes son muchos y que siguen siendo ciudadanos mexicanos, y que en consecuencia deberían preservar sus derechos políticos. El razonamiento es correcto, tanto que no debería ser necesario que se hiciera explícito; sin embargo, se desperdicia una excelente oportunidad para centralizar el tema.
Nada se dice de los riesgos de los migrantes y de la ausencia de programas de protección eficientes, de las pésimas condiciones de trabajo en Estados Unidos, de la ausencia de derechos para ellos o sus familias, de la necesidad de atender las regiones de salida o de tránsito, en particular la frontera norte o por lo menos de revisar el marco jurídico o institucional que hoy resulta obsoleto y contrario a la salida de mexicanos. En síntesis, no se menciona cómo esta participación mejorará las condiciones de vida y desplazamiento de los migrantes o sus familias; cómo esta ley permitirá que los abusos y riesgos disminuyan.
Quizá soy pesimista, pero me parece más una ley pensada desde, para y por los partidos políticos que para los migrantes, y me recuerda lo que durante muchos años sucedió con otros grupos poblacionales, como por ejemplo los indígenas, que son atendidos desde una perspectiva electoral que, en lugar de servirles, se sirve de ellos.
El segundo aspecto que me preocupa son los mecanismos que se aprobaron para que la mencionada participación electoral ocurra. En síntesis, se trata de reproducir el sistema electoral que tenemos en territorio nacional. Suena bien, porque el sistema ha demostrado que es confiable; sin embargo, esconde aspectos que por lo menos deberían preocuparnos. Por ejemplo, se piensa credencializar e instalar casillas en otros países, en particular en Estados Unidos, y que en éstas (conservadoramente seis mil) haya representantes de partido. Nuestro sistema electoral es confiable, pero fue construido con base en la desconfianza y tenía como uno de sus objetivos más importantes evitar el fraude electoral, en particular eliminando toda participación gubernamental en el proceso de votación.
Esa situación lo hace necesariamente muy costoso, y aunque hay voces que dicen que el costo no debe importarnos me pregunto si esa enorme cantidad de dinero, si es que la iniciativa se aprueba en el Senado y posteriormente se otorgan los recursos, no tendría mejor destino en beneficio de los migrantes y sus familias, y no tanto de los partidos políticos. Hay quien dice que precisamente para que los migrantes vivan mejor y el proceso ocurra de mejor manera, es necesario que voten para que así sean tomados en cuenta. A los que sostienen este razonamiento, teóricamente correcto, los invito a que revisen nuestra historia y a que formulen la pregunta correspondiente a los indígenas o a los pobres. Por desgracia ese tipo de implicaciones, por lo menos en México, no son directas ni automáticas.
Por otra parte, a los recursos que el Instituto Federal Electoral solicitará para instrumentar el proceso mencionado en otro país, deberíamos sumar los recursos que los partidos demandarán para realizar campañas en el extranjero, para que viajen los candidatos y sus enormes comitivas.
En fin, no me opongo a la iniciativa aprobada por los diputados, pero tampoco puedo cerrar los ojos y dejar de reconocer que se trata de una estrategia política no pensada en favor de los migrantes, sino en intereses electorales, y que si ello fuera poco su aprobación está marcada por datos sospechosos. ¿Por qué se aprobó hasta ahora? ¿Por qué se aprobó la propuesta que se presentó apenas en noviembre del año pasado, por una diputada del PRI que si bien es cierto había manifestado interés en el tema, nunca antes había presentado iniciativa alguna, mientras otras estaban empolvándose en los cajones desde hace años? ¿Reconoce usted en las prácticas de nuestro Congreso, sobre todo el actual, que una iniciativa de ley, sobre un tema en el que hay otra decena de propuestas, se apruebe en escasos dos meses?
* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte