El gobernador de NL, implicado con Canales Clariond, Elizondo Barragán y Tamez Guerra

Denuncian en la Corte por desacato judicial a tres secretarios de Estado

Un tribunal ordenó desde 2002 suspender un convenio sobre pensiones en la universidad del estado

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL., 31 de marzo. Tres secretarios de Estado y el actual gobernador de Nuevo León fueron denunciados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacatar en 2002 una sentencia ejecutoria emitida por el Poder Judicial de la Federación (PJF), la cual amparó a 25 maestros y directores jubilados de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para que no se les quitara 9 por ciento de su salario para el fondo de pensiones, y que además se les reintegrara lo "indebidamente" descontado desde 1998.

Los ex gobernadores Fernando Canales Clariond y Fernando Elizondo Barragán, quienes actualmente presiden las secretarías de Economía y de Energía, respectivamente, así como Reyes Tamez Guerra, ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y actual responsable de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, son los señalados como responsables de desacatar dicha orden ejecutoria, denunció Manuel Magallanes González, representante legal de los afectados.

Pese al tiempo transcurrido, ninguna autoridad ha podido obligar a los funcionarios de la casa de estudios a cumplir con la sentencia, lo que contrasta con la difusión mediática sobre el tema del desafuero contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien también está acusado de desacatar un mandato del PJF.

El abogado laboral informó que ante la falta de vigencia del estado de derecho, "pese a lo que tanto pregona el gobierno federal", se presentó ayer la denuncia ante la SCJN, órgano al que en última instancia corresponde revisar que se cumplan las sentencias del PJF.

Aseguró que los responsables del desacato son los ex mandatarios antes mencionados y el gobernador actual, José Natividad González Parás, además de quienes desde el 28 de enero de 2002 -día en que se emitió la orden ejecutoria- han ocupado las presidencias de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y de la Junta Especial número siete, encargada de los asuntos jurídicos de la UANL.

Precisó que en el PJF son responsables de que el tercer tribunal colegiado en materia del trabajo no diera seguimiento a su fallo -para cuidar que se acatara-, así como los jueces de distrito y los magistrados que fallaron sobre las revisiones promovidas por la universidad, y olvidaron "hacer un pronunciamiento enérgico para que la ejecutoria fuera debidamente acatada por la casa de estudios, así como poner en movimiento la maquinaria judicial para obligar al rector de la UANL a que actúe en el sentido que se le ordenó, apercibiéndole de que de mantener su renuencia será destituido y, en su caso, consignado penalmente ante las autoridades competentes".

Sobre el gobernador actual del estado y sus antecesores, el abogado señaló que son responsables porque "tienen la obligación de cuidar que las ejecutorias que se dictan a nivel federal y por los tribunales de los estados sean debidamente cumplidas".

Agregó que "Canales Clariond, Elizondo Barragán y González Parás tienen constancias de las ejecutorias y de las gestiones realizadas, así como de los procedimientos irregulares que han utilizado para incumplirlas los ex rectores Reyes Tamez Guerra y Luis Galán Wong, así como José Antonio González Treviño, quien actualmente ocupa el cargo".

Según el abogado laboral, no son los 4 millones de pesos que reclaman los 25 maestros y los directores jubilados de la UANL lo que ha provocado el desacato de las autoridades universitarias:

"Los rectores dicen: si cumplimos con la sentencia, en la que se libera de aportar al fondo de pensiones a 21 jubilados (cuatro han fallecido en el curso del proceso legal) y les regresamos las cuotas, vamos a tener un problema general con todos los pensionados de la UANL, quienes ya no van a querer aportar y se va a poner en grave riesgo la estabilidad económica y financiera del fondo de pensiones", especificó.

Refirió que con posterioridad a la demanda que presentaron el 22 de julio de 1998 los 25 maestros y directores jubilados (el grupo de los "arquitectos") para exigir la anulación del convenio, suscrito el 29 de abril del mismo año por el entonces dirigente sindical Isaías Balderas Candanosa y el rector Reyes Tamez -mediante el cual se descontaría 9 por ciento de su percepción a los trabajadores en retiro-, hubo un grupo de 800 jubilados de la UANL que interpuso una querella ante la JLCA para exigir que terminaran dichos descuentos, y "hay muchas posibilidades de ganar el juicio laboral.

"En total, son como 3 mil 500 jubilados en la universidad, cuyas autoridades temen que las demás demandas se les vengan en cascada, porque ya no van a poder cobrarles la cuota para el fondo de pensiones, y el costo de las jubilaciones tendrá que ser cubierto por la casa de estudios y el gobierno del estado", apuntó.

A pesar de la sentencia del PJF en 2002, por la que se declaró nulo el convenio firmado -cuatro años antes- entre sindicato y rectoría, actualmente los trabajadores aportan 9 por ciento de su salario y la universidad 3 por ciento para el referido fondo.

En tanto, los voceros del grupo que demandó a las autoridades de la UANL, comentaron que si bien se reunieron con el rector José Antonio González Treviño, "lo hemos visto huidizo; nos da la idea de que busca alargar el asunto, pero atrás de nosotros está la demanda de 800 jubilados".