Cada vez más médicos mexicanos entran en el quirófano con un "amparo" bajo el brazo. Es decir, con un seguro de responsabilidad civil que los protege legalmente en caso de que algún paciente los demande por daños irreparables o por insatisfacción con un tratamiento.

La tendencia no es nueva, data de hace 15 años, pero las compañías aseguradoras afirman que su ritmo va en ascenso.

Las autoridades sanitarias denominan el fenómeno "medicina defensiva". De acuerdo con sus cálculos, 40 por ciento de los profesionales que ejercen la actividad tiene contratado un seguro de este tipo.

Visto como consumidor en el mercado privado de la medicina, el paciente puede estar tranquilo de que, en caso de siniestro, el médico contará con recursos para indemnizarlo. Sin embargo, en instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales estatales de la Secretaría de Salud (Ssa) la situación es diferente.

Ninguna de esas dependencias tiene una partida para encarar estas necesidades, sencillamente porque el presupuesto federal no lo prevé. Esto genera casos como el de Pedro Quintero, ex trabajador ferrocarrilero que esperó ocho años antes de que el IMSS lo indemnizara por una operación de meniscos que devino en la amputación de una pierna.

Judicialización de la medicina

Hasta 1996 los conflictos entre médicos y pacientes se dirimieron en el Ministerio Público. A partir de ese año, con la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) ­organismo defensor de los usuarios de servicios de salud­, se buscó que la nueva instancia evitara la judicialización de la medicina.

El resultado fue un modelo de arbitraje médico que ofrece una mediación "amistosa" entre las partes. La Conamed asegura que este modelo torna inútil los seguros de responsabilidad civil, pero reconoce ­en una encuesta de 2002­ que 38 por ciento los médicos mexicanos tienen en el bolsillo un seguro de este tipo.

La mayor contrariedad de la medicina defensiva es que encarece los servicios de salud. En los hospitales, los médicos ordenan exámenes adicionales y extreman precauciones para reducir el riesgo de demandas. Además, esta práctica convierte la relación médico-paciente en mera transacción comercial y mina la confianza que uno deposita en el otro.

El valor de los seguros varía de acuerdo con la responsabilidad del equipo médico. Los hay de 10 mil pesos para enfermeras, camilleros o asistentes de laboratorio, o de millones para anestesiólogos, cirujanos o médicos de urgencias. La póliza ampara daños por "negligencia e impericia" profesional, ofrece asistencia legal al terapeuta y solventa la fianza en caso de que sea detenido.

En México no existe un cálculo sobre el encarecimiento de los servicios de salud por la medicina defensiva. En Estados Unidos, sin embargo, los costos asociados a dicha práctica consumen 1 por ciento del presupuesto de salud, y las aseguradoras se embolsan unos 10 mil millones de dólares anuales por estas coberturas.

El año pasado la Conamed atendió 20 mil 393 consultas sobre sus servicios: 75 por ciento fueron simples orientaciones, 18 por ciento quejas que se resolvieron por conciliación y 7 por ciento (mil 508) cristalizaron en denuncias formales. En el caso de estas últimas, las indemnizaciones a pacientes por malas prácticas médicas ascendieron a 12 mil 765 millones de pesos.

En promedio, el proceso de conciliación en la Conamed demora nueve meses ­los casos urgentes se despachan en 48 horas­, pero si el asunto pasa al ámbito judicial puede tardar hasta cinco años. De acuerdo con la dependencia, tres cuartas partes de las inconformidades se generan en el sector público y el resto en el sector privado. En el primer caso y en orden descendente, IMSS, ISSSTE y Ssa concentran el mayor número de quejas  §