Por encima de la Constitución, multinacionales se benefician del crudo nacional
Alianza de petroleros presenta denuncia contra Fox y otros por autorizar CSM
Se refieren a delitos como traición a la patria, sabotaje, coalición de servidores públicos
La Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros presentó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el presidente Vicente Fox, el secretario de Energía, Fernando Elizondo, el director de Pemex, Luis Ramírez Corzo y otros funcionarios, por promover, autorizar y adjudicar los contratos de servicios múltiples que abren las puertas a la inversión privada extranjera en sectores que la Constitución tiene reservados para el Estado.
La denuncia de hechos presentada al mediodía de ayer expone que por encima de la Carta Magna, multinacionales como la firma española Repsol, la japonesa Teikoku Oil, la argentina Tecnopetrol, la brasileña Petroleo Brasileiro SA de Petrobras y la estadunidense Lewis Energy Group, entre muchas otras, operan ya una buena parte del mercado petrolero mexicano, con el consentimiento y beneplácito de las autoridades del país.
El Presidente de la República, el secretario de Energía y el director de Pemex han violado los artículos 25 y 27 de la Constitución política, que señalan muy claramente que le corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, preceptos que se han incumplido, señaló en conferencia de prensa Juan Carlos Chávez, presidente de esta asociación integrada por trabajadores de las secciones 35, 11, 24, 22, 14, 48, 26, 44 y 38 del Sindicato Petrolero de la República Mexicana.
Asesoró la presentación de la denuncia el abogado del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Rodrigo Olvera, quien destacó que los referidos hechos son constitutivos de delitos, perseguibles de oficio conforme a los artículos 123, 140, 254, 214, 216 y 217, que se refieren a traición a la Patria, delitos contra el consumo y la riqueza nacional, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores público, sabotaje y otros.
Juan Carlos Chávez indicó a su vez que la alianza que encabeza está legitimada para llevar a cabo este proceso, toda vez que está constituida legalmente por trabajadores petroleros en activo. Puntualizó que paralelamente a la adjudicación de los contratos de servicios múltiples, los responsables de la industria, para justificar su actual política de renuncia a la soberanía nacional en beneficio de grupos extranjeros, han establecido un esquema de ''chatarrización'' de Pemex, consistente en entorpecer el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.
''El mismo director actual de Pemex, Luis Ramírez Corzo, reconoció en febrero de este año, ante senadores y diputados, el rezago de la actual administración en mantenimiento, renglón que este año tendrá el monto más bajo de los últimos 15 años, e hizo también público el hecho de que la paraestatal enfrenta el mayor endeudamiento de su historia (casi un billón de pesos). No obstante ello, han concedido a Carlos Romero Deschamps un plazo de 30 años para devolver los mil 500 millones de pesos que se le entregaron ilícitamente, previo a las elecciones presidenciales del año 2000'', apuntó el dirigente ante la prensa.