| | Editorial La revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los recursos públicos, que ascienden a más de 33 millones de pesos, dados a la agrupación ultraderechista Pro Vida en 2003, confirman las irregularidades denunciadas desde el año pasado por diversas organizaciones civiles. El informe es tan contundente que no deja lugar a dudas sobre las faltas cometidas por los representantes de esa organización, e incluso va más allá al detectar fraudes en la comprobación de los gastos con el uso indebido de facturas y sobreprecios de las adquisiciones. Y aún más, el reporte establece vínculos entre los socios de Pro Vida con algunos de sus proveedores, como es el caso del mismo Jorge Serrano Limón con la empresa Importaciones Girón, de la cual es accionista. Una de las conclusiones de la ASF es que hay motivos suficientes para interponer una denuncia penal contra los representantes legales de Pro Vida. Quienes se erigieron a sí mismos en guardianes de la moralidad pública resultaron corruptos. No hay pues excusas. La Secretaría de Salud y la Lotería Nacional, instituciones que otorgaron los recursos, deben actuar en consecuencia y presentar, respaldadas por ese dictamen, la denuncia penal. Por su parte, la Cámara de Diputados deberá establecer responsabilidades contra Luis Pazos, actual director de Banobras, quien desvió partidas del presupuesto público 2003, cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, para beneficiar con 30 millones de pesos a Pro Vida. Se ha demostrado que ese desvío se realizó de manera indebida. Sólo de esta manera los actores de esas acciones fraudulentas no quedarán impunes. No cabe duda que el dictamen de la ASF representa un triunfo de la transparencia y vigilancia ciudadana ejercida por las asociaciones civiles GIRE, SIPAM, FUNDAR, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Equidad de Género y Letra S. |