Niega la SSP de Tamaulipas que agentes de la AFI hayan participado en balacera del domingo

Matan a funcionario en Juárez; un narco lo había amagado por clausurar su bar

En Veracruz, PRD y PT demandan esclarecer el asesinato del director de La Opinión

DE LOS CORRESPONSALES

La ola de violencia que sacude varios estados provocada por asesinatos y atentados -en algunos casos vinculados con el narcotráfico-, sigue incontenible. Ayer, el jefe de Inspectores de la División de Vinos y Licores de la Dirección de Gobernación de Chihuahua, Víctor del Villar Chavarría -vinculado con el homicidio de Manuel Núñez, administrador de algunos bares y quien trabajó cinco años como reportero de radio, ocurrido hace tres semanas-, fue acribillado en Ciudad Juárez por dos sicarios.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes, cuando el funcionario salía de su domicilio y fue interceptado por dos hombres, uno de los cuales le disparó en la cabeza en dos ocasiones. Del Villar Chavarría fue trasladado a un hospital privado, pero murió cuando recibía atención médica.

De acuerdo con información de la Subprocuraduría de Justicia estatal, el inspector había sido amenazado de muerte luego que la semana pasada ordenó la clausura de bares localizados en el centro de Juárez y otros cercanos a la central camionera, donde presuntamente se distribuye droga al menudeo.

En las pesquisas del asesinato de Manuel Núñez, administrador de bares, se mencionó a Del Villar Chavarría como uno de los probables involucrados en el atentado.

En relación con el homicidio de este lunes, el jefe de Averiguaciones Previas, Víctor Tenorio Enríquez, informó que se giraron oficios para que comparezcan todos los inspectores de Gobernación del estado, con el propósito de establecer las actividades que realizaron en los últimos días y obtener un panorama más claro del asesinato de Víctor del Villar Chavarría.

Esta medida fue adoptada luego de que trascendió que un narcotraficante de apodo La Flecha había amenazado de muerte al funcionario por cerrar un bar de su propiedad.

En ese contexto, el sábado pasado, también en la ciudad de Parral, fue ultimado a martillazos en cabeza y cuerpo, en el interior de su casa, un hombre identificado como Rafael Roacho, ex funcionario de las administraciones panistas en esa localidad, ubicada al sur de Chihuahua, y que en la actualidad era uno de los principales promotores de la campaña de Francisco Barrio Terrazas a la Presidencia de la República. La Procuraduría General de Justicia Estatal sostuvo que el móvil del crimen fue pasional.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ratificó que el enfrentamiento de ayer entre un comando armado y policías estatales preventivos tiene relación con el crimen organizado, y descartó que los agresores sean elementos de la Agencia Federal de Investigación, luego de que en las primeras pesquisas se estableció que los gatilleros vestían uniformes con las siglas de esa corporación.

Los cinco agentes que resultaron lesionados fueron reportados fuera de peligro. Al respecto, el gobernador Eugenio Hernández Flores reconoció que en los primeros cien días de su gobierno "no se han cumplido las metas en seguridad pública".

Las investigaciones de este caso serán atraídas por la Procuraduría General de la República, confirmaron el coordinador de la subsede Nuevo Laredo de esa dependencia, Manuel Balmori Garza y el delegado regional de la Procuraduría General de Justicia, Roberto Maldonado Siller.

Durante una rueda de prensa que ofreció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Roberto Gutiérrez, el funcionario se molestó cuando se le preguntó su opinión en torno a que el comandante Nuñez Razo, herido en el enfrentamiento del domingo, había sido señalado por dos reos -asesinados en días pasados en el penal de Nuevo Laredo- de recibir sumas de dinero para conceder privilegios en ese centro penitenciario.

Mientras, el sector empresarial de Matamoros y el alcalde Baltasar Hinojosa exigieron al gobierno federal la salida de elementos del Ejército de los puntos turísticos de este municipio fronterizo, porque "inhiben la afluencia de visitantes extranjeros, lo cual provoca pérdidas en los comercios".

Desde el pasado 21 de enero y a causa de la ejecución de seis custodios del penal de máxima seguridad, fuerzas especiales de la Federación arribaron a Matamoros, para frenar la ola delictiva que, al contrario de lo esperado, sigue en aumento.

Respecto de los atentados que en días recientes se perpetraron contra representantes de medios de comunicación, la fracción legislativa del PRD en el Congreso de Veracruz y la dirigencia estatal del PT exigieron al gobierno del estado y a la Procuraduría General de la República esclarecer el asesinato del director del periódico La Opinión de Poza Rica, Raúl Gibb Guerrero, ocurrido el pasado viernes. A su vez, Convergencia propuso que la Policía Federal Preventiva ingrese de forma permanente a la entidad para combatir la ola delictiva que padece, pues "al parecer las autoridades locales han sido rebasadas".

Por su parte, el diario antes citado exigió en su editorial de este lunes justicia para su director general y señaló que a pesar del "ostentoso" operativo policiaco y de que prácticamente está sitiada la ciudad, no se tienen avances en las investigaciones.

Mencionó que aunque se abrieron varias líneas de investigación, "existe la clara tendencia de centrar las acciones en contra del narcotráfico, como si se tratara más bien de desviar la atención hacia un delito del fuero federal".

Declarará la periodista Escamilla

Por su parte, la periodista Guadalupe García Escamilla, baleada la semana pasada en la ciudad de Nuevo Laredo, podría declarar este martes ante el Ministerio Público que lleva el caso, luego que anoche le fue retirado el respirador artificial, el cual se le colocó por daños en un pulmón, y es reportada grave pero estable.

La Procuraduría de Justicia Estatal creó el Grupo Especial de Respuesta Inmediata, compuesto por 20 policías ministeriales, para dar con el paradero del presunto agresor. Por este caso, hasta ayer habían declarado ocho personas, cuyos testimonios según la dependencia podrían servir de indicios al fiscal que coordina las indagatorias.

Rubén Villalpando, Martín Sánchez, Julia Antonia Le Duc, Guadalupe López, Andrés Timoteo y Carlos Figueroa, corresponsales