Diego Lucero Martínez fue ejecutado en 1972; apoyó el ataque en Ciudad Madera
Deudos de ex líder estudiantil asesinado denuncian el caso ante la Femospp
Familiares de Diego Lucero Martínez, líder estudiantil asesinado durante la llamada guerra sucia, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) por su detención, tortura y ejecución extrajudicial en enero de 1972. Activistas de derechos humanos exigieron que se realice una investigación "pronta y eficaz", que se sustente no sólo en el tipo penal establecido en la legislación nacional, "sino en tratados y convenios ratificados por México en la materia".
En conferencia de prensa, Diego Lucero Estrada, hijo del dirigente social, afirmó que su objetivo principal es garantizar la aplicación de la justicia "y no la venganza". Destacó que bajo el estado de derecho "no es lícito ni justificable que las fuerzas del gobierno actúen para reprimir y ejecutar a disidentes políticos".
Agregó que pese a que la Femospp no ha presentado resultados satisfactorios en las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia, "es una instancia que debemos aprovechar para exigir al Estado que cumpla con su obligación de impartir justicia y dé a conocer la verdad sobre los hechos del pasado, a fin de prevenir que no vuelvan a ocurrir". De lo contrario, afirmó, "serán los organismos internacionales los que tengan que demandar justicia en pro de las víctimas, pero también de la sociedad mexicana".
En el acto, al que asistió Marco Rascón, ex diputado perredista y colaborador de La Jornada, afirmó que en un clima de polarización política como el que vive el país "subsiste el riesgo de que se repita una estrategia represiva orquestada por el Estado, cuando son las instituciones las primeras que violan la Constitución".
Destacó que es indispensable consolidar un sistema político en el que se diriman las diferencias por "vías civilizadas y no violentas", ya que el clima de confrontación política no es ajeno a la sociedad "y puede generar consecuencias graves".
Lucero Martínez, líder estudiantil que apoyó el ataque, en septiembre de 1965, al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, fue detenido por agentes judiciales de la entidad en enero de 1972, tras su presunta participación en un asalto bancario, y presentado ante las autoridades para rendir su declaración. Sin embargo, la versión oficial de su deceso, un día después de su detención, indica que fue abatido en un enfrentamiento, pese a que su cadáver presentaba evidentes muestras de tortura física.
Blanca Hernández, directora de la Fundación Diego Lucero, promotora de la denuncia ante la Femospp, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que "ejercer el derecho a la verdad histórica es una tarea que compete a todos los ciudadanos y no sólo a quienes fuimos víctimas de la guerra sucia", por lo que reiteró que el castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad "es una exigencia que no puede soslayar el gobierno federal".