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Caso Artemisa: guía para inventar un proceso penal Alberto Nájar Testigos de dudosa credibilidad o sin pruebas de su existencia. Recursos legales para alargar los juicios, la acusada sujeta a las penurias de una cárcel de alta seguridad. Pruebas inexistentes y una juez que las admite. Y en medio, presiones y amenazas a su familia. Son los ingredientes del proceso que la PGR mantiene contra Artemisa Aguilar Moreno, acusada de ser parte de una red de tráfico de indocumentados. Su caso prueba que, para encarcelar a alguien, la PGR no requiere de argumentos legales. Nombre: Carlos René Mata Vela, salvadoreño de 51 años de edad. Egresado de la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, donde se graduó como especialista en el manejo de armas de combate. Sujeto a proceso y liberado en McAllen, Texas, por el tráfico de una tonelada de cocaína. Detenido desde hace un mes en Río de Janeiro, Brasil, acusado de encabezar la banda de traficantes de personas más grande de ese país.
Mata Vela es, además, testigo de la Procuraduría General de la República (PGR) de México. Nombres: Sergio Nogales Ahumada y Fabián Olivares Romero, suboficiales de la Policía Federal Preventiva (PFP) y jurídicamente responsables de las investigaciones con que se puso en marcha la Operación Limpieza, para detectar actos de corrupción y tráfico de indocumentados entre el personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, al ser requeridos por el juez, los dos agentes negaron haber realizado las pesquisas pues sólo firmaron documentos entregados por sus superiores. Nombre: Li Zhang Wan Ming, traficante confeso de personas, de nacionalidad desconocida pues en Brasil, al ser detenido, se le encontraron tres pasaportes distintos con su fotografía. Testigo protegido de la PGR quien, por cierto, no ha ratificado sus declaraciones ministeriales. Nombre: Artemisa Aguilar Moreno, viuda, 58 años. Acusada, con los testimonios de las personas anteriores, de delincuencia organizada, tráfico de personas y lavado de dinero. Permanece desde hace más de un año en la prisión de Santa Martha Acatitla, destinada para reos sentenciados de alta peligrosidad, bajo vigilancia permanente y su familia sujeta a presiones constantes de la PGR. La más reciente: el intento de involucrar a uno de sus hijos, Héctor Eduardo Pérez Aguilar, en el robo de un auto comprado por él en una agencia automotriz. Nombre: José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el área responsable del caso. Desde hace un año niega con regularidad que la PGR fabrique culpables, e insiste en que el proceso contra Artemisa Aguilar está suficientemente sustentado con pruebas y testimonios. Paradójicamente el pasado mes de septiembre, 23 de las 43 personas detenidas en la Operación Limpieza fueron absueltas, porque sus casos se ventilaron en un juzgado diferente al de Aguilar Moreno, en cuyo proceso la PGR no ha podido ratificar los testimonios ofrecidos, ni acreditar siquiera su existencia real. El caso se ha alargado por los recursos legales promovidos por el Ministerio Público Federal. Pero en los pasillos de la PGR la versión más socorrida es que el de Artemisa Aguilar se volvió un asunto personal a raíz de las denuncias públicas de Santiago Pando, publicista de la campaña electoral del presidente Vicente Fox (autor de la frase "Hoy, hoy, hoy") y yerno de la procesada. Fantasmas en el juzgado Oficialmente la PGR inició la investigación del caso a partir de una llamada anónima realizada a la oficina de asuntos jurídicos del INM, en la cual se denunció a una red de empleados de nivel medio que vendían formas migratorias a indocumentados centroamericanos, asiáticos y brasileños. Esa vez, entre los denunciados no se mencionó a Artemisa Aguilar. De acuerdo con el expediente de la causa penal 40/2004 que se sigue en el juzgado 17 de distrito, el origen de la llamada no se verificó, ni tampoco se realizó alguna investigación interna para comprobar la veracidad de los datos. Simplemente se presentó una denuncia de hechos ante la PGR. En este punto empiezan las contradicciones. En el expediente se establece que en realidad fue la PFP la responsable de iniciar las pesquisas desde principios de 2003, antes de que la actual comisionada Magdalena Carral se hiciera cargo del INM. Los agentes federales localizaron y presentaron a los primeros testigos de cargo, entre ellos ocho centroamericanos y tres más originarios de Ecuador, los cuales rindieron su declaración ante la PGR el 22 y 23 de octubre de 2003. Sin embargo, de acuerdo con la causa penal, oficialmente la PGR se entera del asunto hasta el 27 de ese mes, cuando los suboficiales Nogales Ahumada y Olivares Romero entregan el informe de las pesquisas. Meses después, durante una audiencia en el juzgado, los agentes reconocieron que ellos no realizaron la investigación: nada más firmaron el documento entregado a la Procuraduría. En su declaración, los testigos señalaron a Artemisa Aguilar como la persona que entregaba las formas migratorias de turista, con las cuales viajaban sin problemas por el país hasta la frontera con Estados Unidos, donde el jefe de la banda en México, Juan Hernández Ramírez El Bigotes, se encargaba de conseguir un pollero para cruzar el desierto. El problema es que para identificarse, los testigos tres guatemaltecos, dos salvadoreños, tres ecuatorianos y tres provenientes de Honduras presentaron formas migratorias falsas: Según reconoció el INM ante la juez 17, Isabel Cristina Porras Odriozola, la numeración de los documentos corresponden a personas distintas, se entregaron a embajadas de países diferentes a las de los testigos, a delegaciones regionales del INM o incluso los números de folio correspondían a formas migratorias no asignadas (ver recuadro). Ante el Ministerio Público los extranjeros dijeron haber viajado a través de Mexicana, Aeroméxico y Taca, e incluso informaron del número de vuelo, fecha, línea aérea, horario y asiento asignado. Falso. En algunos casos, según las empresas, no hay registro de que hayan abordado los vuelos señalados. Y en otros, los viajes no se realizaron. Peor aún: las autoridades de Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador reconocieron que las personas presentadas ante el caso por la PGR y la PFP no existen. ¿De dónde surgieron entonces los testigos? Es un misterio. En su comparecencia ante la juez 17 los agentes Nogales Ahumada y Olivares Romero, de la PFP, dijeron haberlos identificado como extranjeros "por la ropa que usaban". No describieron, empero, la forma de vestir de un centroamericano. Un boina verde en la PGR Desde que se informó de la captura de Artemisa Aguilar, Santiago Pando inició una intensa campaña publicitaria para liberarla que incluyó reuniones con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y el presidente Vicente Fox. Lo dejaron solo. El responsable de la Segob se limitó a pedir "que se aplique la ley", y el Presidente dijo que el juez "tiene la última palabra". La campaña llegó a su clímax el pasado 30 de marzo cuando el publicista firmó un desplegado en cuya parte final, advierte que la PGR está empeñada en impedirle que participe en campañas electorales contra el PRI "y menos si son en zona de narco". Está convencido. El año pasado abandonó las campañas de los candidatos panistas Gabino Cué, en Oaxaca; Javier Corral, de Chihuahua; Andrés Galván en Durango; Heriberto Félix Guerra de Sinaloa, y en 2005 tuvo que cancelar su contrato con Leoncio Morán Sánchez, abanderado del blanquiazul para el gobierno de Colima. "Lo más curioso es que en ésta yo no quería participar, pero me lo pidió un secretario del gabinete presidencial", cuenta Santiago Pando. "Le dije que lo pensara bien, porque en todas las campañas donde trabajaba la PGR ejercía siempre algún tipo de represalia". Coincidencia o no, lo cierto es que al día siguiente de publicarse el desplegado, a unas horas de que la juez Porras Odriozola cerrara el plazo para aportar pruebas, la PGR presentó el testimonio de René Mata Vela, rendido el 16 de noviembre en McAllen, Texas. Se trata, explica Pando, de una muestra de las maniobras que desde el inicio ha emprendido la dependencia para alargar innecesariamente el juicio. "Tres vezces ofrecieron presentarlo vía satélite desde Houston, y siempre lo cancelaron", explica. "Cuando preguntamos las razones en el consulado de esa ciudad nos informaron que la PGR no lo había solicitado, lo que quiere decir que nunca tuvo la intención de hacerlo" Mata Vela, según la Procuraduría, es un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos pero en realidad se trata de un ex convicto a quien se le redujo su sentencia a cambio de colaborar con la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en McAllen.
En su declaración reconoce "ser jefe de una organización dedicada al tráfico de indocumentados que operaba en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas", la cual tenía relación con la encabezada por Hernández Ramírez, El Bigotes, y Aguilar Moreno "dedicada también al tráfico de indocumentados desde la ciudad de México". Sin embargo, en su testimonio el salvadoreño reconoce que no realizó pago alguno a Artemisa por sus presuntos servicios, pues el dinero lo entregaba a un sujeto identificado como Marcos Pinto "a través de depósitos bancarios o por Western Union, Electra (sic) o Banamex, o mandaba dejárselo con una persona que trabaja con Chen". (Se trata de Kui Chen cuyos documentos migratorios, junto con los de Zhoucai Jiang, Weioiang Dong y Dianfeng Jiang fueron entregados al juzgado por la dirección del Registro Nacional de Extranjeros y Archivo Migratorio de la Segob, con el apunte de que no fueron solicitados por el Ministerio Público) Además de la declaración de Mata Vela, la PGR presentó otras pruebas, como un directorio comercial "propiedad de Paulino", un empleado del salvadoreño; un cuaderno con números telefónicos, nombres de contactos e indocumentados, así como "un folder de color verde conteniendo 44 hojas" con datos de brasileños que no habían pagado aún el viaje a Estados Unidos. En ninguno de estos documentos se menciona a la suegra de Santiago Pando. *** El anuncio de la captura de Artemisa Aguilar fue un acto espectacular, una de las pocas ocasiones en que han aparecido juntos el secretario Creel y el procurador Rafael Macedo de la Concha. Se trató eso dijo la versión oficial del más duro golpe al tráfico de migrantes, el ejemplo de que no se puede permitir "que servidores públicos se coludan con la delincuencia", advirtió el general Macedo. El mes pasado, sin embargo, la Casa Blanca informó que 2004 fue el año con más capturas de indocumentados, señal de un aumento en el índice de migración. Y también en marzo la policía brasileña capturó al principal testigo de la PGR, acusado de traficar, desde hace 10 años, con ciudadanos asiáticos, centroamericanos y brasileños. Un delincuente, pues. Los fantasmas de la PGR Esta es la lista de los testigos presentados por la PGR contra Artemisa Aguilar Moreno, y los datos reales de las Formas Migratorias (FM) que utilizaron para identificarse: 1. Jorge Salas Bautista (Guatemala). Se identificó con FM 1253890, cuya numeración corresponde a un documento enviado a Phoenix, Arizona, el 10 de agosto de 2001. 2. William Osavas Turcios (Guatemala). Presentó la FM 1292317 correspondiente a una forma enviada a McAllen, Texas, el 8 de abril de 2002. 3. Armando Ramírez Alcázar (Guatemala). Se identificó con la FM 1433746, asignada a la embajada de México en Colombia el 1 de agosto de 2003. 4. Héctor Mendoza Palacios (Honduras). Presentó la FM 1562190, perteneciente a una forma no asignada. 5. José Luis Dubon Payes (Honduras). Identificado con FM 1320753 de fecha 1 de abril de 2003, y que corresponde a un documento enviado a la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tamaulipas, el 15 de enero de 2002. 6. Daniel Pérez Romero (Honduras). Presenta FM no asignada con el número 1562927. 7. Diego Garzón Basante (Ecuador). Se identificó con la FM 1630491 cuya numeración no está asignada a documento alguno. 8. Carlos Aberle Celis (Ecuador). Presentó FM 1452827, que pertenece a una forma expedida a Margarita Reyes Aceituna, de nacionalidad argentina, el 1 de septiembre de 2003. 9. Roberto Arcao de la Plata (Ecuador). Identificado con la FM 1607413 que no está asignada. 10. Jacobo Aldana Zomaya (El Salvador). Presenta la FM 1317532 expedida en la ciudad de México y que corresponde a un documento enviado a la delegación de Baja California Sur el 5 de diciembre de 2001. 11. Arturo Peñal González (El Salvador). Se identificó con la FM 1289137 correspondiente a un documento enviado a la embajada de México en China el 7 de febrero de 2002. |