En la operación hay violaciones a la ley, como el uso de prestanombres, asegura
Demanda la fracción del PRI en el Senado frenar la venta irregular de 12 aeropuertos
Señala que Unión Fenosa ha incurrido en acciones ilegales, que incluso EU denunció
La fracción del PRI en el Senado demandó detener la mayor privatización que se pretende concretar en lo que va de la administración foxista, la venta de 12 de los principales aeropuertos del país, ya que la operación -en la que está involucrada la trasnacional Unión Fenosa- va precedida de graves violaciones a la legislación, entre ellas la simulación y el empleo de prestanombres.
La corporación española Unión Fenosa tiene fuertes inversiones en México, aproximadamente 10 mil millones de dólares, ya que opera al menos 10 plantas generadoras de electricidad, vía los cuestionados permisos que Vicente Fox ha otorgado a trasnacionales, y ahora podría también ser dueña de una docena de aeropuertos, mediante su filial Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), según denunció el senador priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Lo relevante es que se trata de una privatización que se dará por medio del mercado accionario y por un monto de 700 millones de dólares. Las negociaciones con la Secretaría de Comunicaciones están muy avanzadas, detalló el legislador, pero deben detenerse, ya que la trasnacional ha incurrido en acciones ilegales y fraudulentas, que fueron incluso motivo de escándalo en Estados Unidos, donde se exige aclarar el asunto.
Secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, Gutiérrez Gutiérrez llevará el tema a tribuna este martes, donde propondrá "frenar la bursatilización del GAP", es decir, detener la privatización de los 12 aeropuertos y cancelar incluso la concesión a la trasnacional Unión Fenosa, de comprobarse las irregularidades denunciadas.
Precisó que se ha denunciado que no obstante que el gobierno federal posee 85 por ciento del valor accionario de las empresas concesionadas a GAP, ésta ha impedido que autoridades mexicanas supervisen sus operaciones y que la auditen, escudándose en una interpretación distorsionada del artículo 29 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Asimismo, agregó, la asamblea general ordinaria de accionistas de GAP decretó un pago de dividendos por 447.1 millones de pesos, pero de los ejercicios fiscales de 1998 y 1999, año en que la administración estaba a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Ello significa que los accionistas se repartieron ingresos de las empresas que no les correspondían, ya que eran de un periodo anterior, cuando aún no tenían la concesión.
"A ello debemos añadir la acusación que pesa sobre el GAP de que existe una violación a la Ley de Aeropuertos, en la disposición que establece que el socio estratégico del gobierno sea mexicano. En otras palabras, existe la acusación de que por medio de una simulación se pretendió evadir el cumplimiento de una obligación legal", indicó.
El GAP debió restituir al socio estratégico, pero "el escándalo llegó hasta la mesa de la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, que remitió ya una carta -a las autoridades mexicanas- en la que advierte de un posible veto si no se clarifica el asunto".
El senador Gutiérrez tiene preparado ya un punto de acuerdo que presentará ante el pleno del Senado, en el que advierte que "la gravedad de las acusaciones, aunada a la falta de transparencia en la operación y administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico", obliga a los legisladores a denunciar y establecer todo tipo de instrumentos para investigar cualquier signo de ilegalidad en la operación de sectores estratégicos para el país.
Advirtió también que "el hecho de que empresas como Unión Fenosa participen con inversiones importantes en México" no es aval para que "violen impunemente nuestras leyes".
Por ello, en nombre de su bancada propondrá ante el pleno senatorial que se integre una comisión especial para analizar el caso, frenar la venta de los aeropuertos, notificar de las investigaciones a todos los mercados accionarios del mundo donde cotiza Unión Fenosa, para evitar posibles afectaciones al público inversionista e incluso cancelar el título de concesión que tiene GAP.