El 3 de abril, Fernando Celis, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, publicó en este espacio el artículo "El movimiento que no aguantó más", en el que pretende analizar las causas que condujeron a la dispersión del movimiento. Como Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) no compartimos su enfoque ni estamos de acuerdo en su análisis, por lo que aportamos nuestra lectura para enriquecer el debate sobre el campo.

Celis se equivoca en varias de las fechas significativas del movimiento: la concentración campesina en el Zócalo de la ciudad de México fue el 31 de enero de 2003 y no el día 28; la V Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se realizó en Cancún en septiembre de 2003, y no en 2004. Esta falta de rigor es el mismo que caracteriza su análisis.

La construcción del movimiento desde abajo

En septiembre de 2002, desde la UNORCA convocamos a varias organizaciones campesinas mexicanas y de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, el Caribe y América del Sur, a analizar junto con especialistas en política agrícola, las repercusiones de la nueva Ley de Seguridad para las Granjas e Inversión Agrícola de Estados Unidos, que a partir de mayo de 2002 aumentaba los subsidios a los productos agrícolas hasta en 80%. Este incremento a los subsidios se daba en vísperas de que concluyera el periodo de liberalización de diez años acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la casi totalidad de los productos agropecuarios, lo que significaba que a partir de 2003 podrían ingresar al territorio nacional sin ningún arancel.

Ante la incapacidad del gobierno para ofrecer una respuesta a la mayor presión que ejercerían las importaciones subsidiadas hacia nuestro sector agropecuario, 12 organizaciones campesinas nacionales y regionales decidimos impulsar de manera conjunta las "Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano", y definimos una estrategia. El Movimiento El Campo No Aguanta Más surgió de esta iniciativa.

El 2 de diciembre de 2002, las organizaciones de la UNORCA marchamos del Monumento a la Revolución a la Sagarpa, y junto con organizaciones del Monam, al día siguiente estuvimos en la Cámara de Diputados y en la embajada de Estados Unidos presentando nuestras demandas y exigencias.

El inicio de 2003 estuvo marcado por la toma del puente fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el ayuno de los compañeros del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh) y otras organizaciones como la UNORCA, para expresar nuestra oposición al ingreso de las importaciones agrícolas subsidiadas.

Fotografía: La Jornada/Cristina Rodriguez

Como UNORCA nos instalamos en ayuno en el Ángel de la Independencia desde el 6 hasta el 15 de enero de 2003. Recibimos respuestas solidarias de varios grupos campesinos independientes, del Congreso Nacional Indígena, de varios movimientos sociales y civiles urbanos, de los sindicatos, de los movimientos populares, de los artistas, de los estudiantes, de los académicos. Las muestras de apoyo y compromiso de distintos ejidos y comunidades agrarias, independientes de organizaciones nacionales o centrales confirmaron la crítica situación del campo.

Las presiones del gobierno, de los empresarios, de las centrales campesinas oficiales, de los legisladores del PAN y de funcionarios estadunidenses no esperaron. Acusaban de ilegítimo al movimiento, afirmaban que en el campo no había crisis sino que los dirigentes enarbolaban intereses políticos personales y manipulaban a los campesinos. Desde su visión paternalista los campesinos no tienen voluntad ni voz propia. Así nos enfrentábamos a la necesidad de construir en paralelo la legitimidad del movimiento, desgastada por muchos años de política corporativa y clientelar, ante el gobierno y la sociedad y ante los propios campesinos.

La marcha del 31 de enero de 2003 fue la mayor manifestación campesina de los últimos años. La plancha del Zócalo se llenó con ejidatarios, comuneros, jornaleros, pequeños productores, mujeres, jóvenes y ancianos del campo, que vinieron desde las distintas regiones a expresar que, efectivamente, el campo no aguantaba más, y contamos con el apoyo solidario del SME, la UNT y otras organizaciones.

Como movimiento logramos colocar al campo, generalmente invisible a los ojos de políticos y actores urbanos, como una prioridad en la agenda nacional. Cada una de las conquistas del movimiento fue arrancada al gobierno a partir de la movilización social, ninguna fue producto de concesiones, ni menos de componendas.

La revaloración de la agricultura campesina

Para levantar el ayuno y después de la marcha exigimos al gobierno mesas de diálogo y negociación con el fin de alcanzar acuerdos en torno a nuestras seis demandas iniciales. Se trataba de ciudadanizar la política hacia el campo y los campesinos. No estábamos pidiendo dádivas, sino exigiendo nuestros derechos.

Buscábamos una política que tuviera como principio rector la soberanía alimentaria y no el libre comercio; una política agrícola que diera un lugar prioritario a la producción campesina para garantizar los alimentos de la población, de acuerdo con sus preferencias culturales y siguiendo modos de producción sustentables; de ahí que también incluíamos la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN e impedir que el gobierno avanzara en mayores compromisos de liberalización de la agricultura, tanto en la OMC como en otros acuerdos comerciales.

Reivindicábamos el principio de paridad desde el cual la política agrícola debe garantizar a la sociedad rural un poder de compra equiparable al de la sociedad urbana y compensar los deteriorados términos de intercambio del campo a la ciudad. Exigíamos también revalorar la multifuncionalidad de la agricultura en la que nuestra actividad no únicamente produce mercancías, alimentos o materias primas, sino que reconoce nuestra función en la conservación de la diversidad biológica, el paisaje, los bienes comunes como el agua, el aire, las semillas, y también la conservación y recreación de una cultura. Nos oponíamos por tanto a las patentes sobre la vida, a los cultivos transgénicos, a la privatización de los bienes comunes, tradicionalmente en manos de las comunidades campesinas, a la homogeneización de una agricultura industrial que excluye a los campesinos y que atenta contra el planeta.

Diálogo y simulación

Desde que se convocaron, las mesas de diálogo se tropezaron con las inevitables dificultades que puso un gobierno de empresarios con nula sensibilidad política, que pretendió desde el principio disuadir la realización de las mesas de diálogo, convocarlas de forma unilateral, o exigir que las propuestas campesinas se presentaran en power point.

Los resultados de las mesas reflejaron distintas posiciones e intereses. Entre otras, se encontraban las propuestas del Movimiento El Campo No Aguanta Más, las de otras centrales campesinas y las de los agricultores privados ­beneficiados siempre por la política agrícola oficial­ y a quienes el gobierno pretendía dar el mismo trato que a las organizaciones movilizadas.

Por eso el punto de mayor importancia era la negociación entre las organizaciones del MECNAM y el gobierno, de la que se desprendería el Acuerdo Nacional para el Campo. Sin embargo, el momento de la negociación nunca llegó y su ausencia intentó cubrirse sólo con retórica a partir del ejercicio de incluir en un solo texto dos propuestas antagónicas, con el beneplácito de algunas organizaciones también integrantes del MECNAM constituidas en comisión redactora.

Desde estos intentos por encauzar la negociación, las diferencias entre las posturas y estrategias de las organizaciones que integrábamos el movimiento fueron evidentes. Algunas organizaciones con estrategias gerenciales compartían la prisa del gobierno por firmar un acuerdo, aunque éste no respondiera a las demandas fundamentales y pusiera fin a una fase de movilización. Otras, como la UNORCA, apostábamos a que la fuerza demostrada debía permitir una negociación y un acuerdo que cambiara sustantivamente la situación del campo. Además, era necesario y factible avanzar con la movilización en las regiones. Las organizaciones campesinas regionales debían participar en el movimiento para que realmente hubiera un cambio en el trato y la política hacia el campo.

En la UNORCA decidimos no firmar el acuerdo, después de analizarlo y discutirlo ampliamente entre la mayoría de las organizaciones regionales integrantes, pues valoramos que no cumplía nuestras demandas ni tampoco las del movimiento, y no ­como afirma Celis­ porque calculamos salir más beneficiados sin firmarlo. No tomamos esa decisión con base en cálculos políticos de corto plazo.

Tampoco nos centramos en los aspectos político electorales, por eso no nos apresuraban sus tiempos. El firmante de este artículo no aceptó la candidatura a diputado federal que le ofreció el PRD, pues valoramos mantenernos en el movimiento campesino para no desvirtuar sus demandas frente al gobierno ni ante la sociedad. No daríamos la razón a los enemigos que pensaban que los problemas del campo no existían, sino que había intereses personales detrás del gran descontento campesino.

La UNORCA optó por no cuestionar la decisión autónoma de cada organización campesina para firmar o no el acuerdo, aun cuando a algunas organizaciones les resultó muy conveniente aceptar las cuotas estipuladas por el gobierno ­como represalia hacia las organizaciones que no firmaron­ de asignar 80% de los recursos provenientes de los programas oficiales a las organizaciones firmantes del acuerdo.

Según Celis, la UNORCA trató de aparecer como promotora central de la movilización campesina en Cancún durante la reunión de la OMC. En efecto, la UNORCA participó activamente desde la reunión de movimientos sociales sobre estrategias ante la cumbre de la OMC en noviembre de 2002 y en la coordinación del Foro Campesino e Indígena que se realizó de manera paralela a la reunión oficial en Cancún. Asistimos cerca de 8 mil campesinos unorquistas, y la Unión de Ejidos Productores Forestales Zona Maya de Carrillo Puerto, Quintana Roo, integrante de la UNORCA, fue un anfitrión muy importante; en tanto que Celis fue el único integrante de la CNOC que participó en Cancún y los asistentes del bloque de organizaciones del que formaba parte podían contarse con los dedos.

Las diferencias entre las organizaciones integrantes del movimiento, presentes aun antes de la firma del acuerdo, se ahondaron durante 2004. Como UNORCA, nos opusimos a institucionalizar el movimiento y a formar una nueva organización de organizaciones integrada por las del MECNAM, en donde algunas aportaban sus bases y otras pretendían dirigirlas. En julio de 2004 decidimos de común acuerdo disolver el MECNAM, evitando así que la legitimidad alcanzada por las movilizaciones y la justeza de nuestras demandas se burocratizara, o que el capital político colectivo y del conjunto de los campesinos fuera utilizado para formar una estructura organizativa que pretendiera representar en igualdad de condiciones a organizaciones distintas y con posiciones divergentes. Un acuerdo fundamental fue que ninguna organización ni grupo podría utilizar ni hablar en nombre del movimiento.

Porque el campo no aguanta más, mantenemos las mismas exigencias y demandas. Sin embargo, ante la alarmante destrucción de nuestra vida en los pueblos, ejidos y comunidades, tenemos el reto de construir los espacios necesarios para que, desde abajo y desde las regiones construyamos la resistencia en defensa de nuestro derecho a existir.

El sector social del campo está al borde del desastre, por lo que requiere de toda la sensibilidad y voluntad de la patria para valorarlo, incorporarlo y hacerlo parte fundamental en el desarrollo nacional.

Estamos en tiempos políticos peligrosos para el bienestar de nuestro país, que reclaman prudencia. Por nuestra parte, en la UNORCA nos estamos preparando para futuras luchas y crear espacios de unidad campesina, con nuestros agravios, orgullo y terquedad de ser lo que somos: una clase campesina.