El Ejecutivo contra la ASF
Analiza la Corte controversia sobre descuentos al IPAB
El pleno de la Suprema Corte inició ayer la discusión sobre la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los oficios que ésta giró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para que se descontara de la deuda pública créditos irregulares que forman parte del rescate bancario por una suma superior a los 4 mil 670 millones de pesos.
El ministro Genaro Góngora planteó que los oficios impugnados son válidos por considerar que no se ordena el no pago de dichos créditos, sino una recomendación a efecto de que se revise la legalidad de los mismos.
Sin embargo, se prevé que la mayoría del pleno ratifique el criterio tomado en controversias recientes que tienen que ver con la ASF y dé la razón de nueva cuenta al Ejecutivo federal, es decir, que se declare la invalidez de 32 oficios en los que se cuestiona la probable irregularidad de créditos que se convirtieron en deuda pública.
En su momento, la Auditoría Superior consideró que el IPAB tenía que descontar créditos que de forma irregular se convirtieron en deuda pública y que tenían que pagarse a Banamex, Bancomer y Banorte.
La Presidencia consideró que la ASF no tiene facultades para ordenar a dependencias del Ejecutivo federal qué hacer cuando las auditorías tienen presuntas anomalías, porque ello representa invasión de esferas de un poder -la Auditoría depende de la Cámara de Diputados- sobre otro.